Daño patrimonial, si subastan estatuas del ‘Che’ y Castro, dice Sheinbaum

Las esculturas de Fidel Castro y Ernesto ‘Che’ Guevara instaladas en un parque de la colonia Tabacalera, en imagen de archivo. Foto Elba Mónica Bravo La presidenta Claudia Sheinbaum exigió ayer a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregar las estatuas de los líderes de la revolución cubana, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que ordenó retirar de la Plaza San Carlos, lo cual fue un acto ilegal, de «intolerancia tremenda» e «hipócrita», y advirtió que si decide subastarlas incurriría en «daño patrimonial». Desde Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que la remoción de las esculturas no fue aprobada por el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos, integrado por dependencias como los institutos nacionales de Antropología e Historia, de Bellas Artes y Literatura y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. «No se puede quitar una estatua, un monumento, así nada más porque sí, porque se le ocurrió a alguien; tiene que pasar por un comité y en este caso no pasó por el comité. Y el argumento, primero, es de una intolerancia tremenda; y segundo, también muy hipócrita, porque ya después se vio que ella estuvo también en Cuba de vacaciones; o sea, si hubiera estado tan en contra, no se hubiera ido ahí de vacaciones, ¿no?», declaró. La subasta de las piezas constituiría «daño patrimonial», aseguró, y agregó que ya se solicitó formalmente su entrega: “Lo que se pidió, ya, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y su Secretaría de Cultura es que se entregue el monumento y que se reubique en otro lugar… Lo cierto es que se retiró de una manera ilegal”. Recordó que cuando fue jefa de Gobierno consultó al comité antes de retirar la efigie de Cristóbal Colón. –¿El Comité tendría facultades para convocar una consulta? –se le preguntó. –Tiene facultades, y ahí también está legislada la consulta en la Ciudad de México –contestó. Nota tomada de: La Jornada

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Sheinbaum rechaza linchamientos mediáticos en el caso del exsecretario de Seguridad de Adán Augusto

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este lunes que su gobierno no permitirá ni la impunidad ni los linchamientos mediáticos, en relación a las acusaciones contra Adán Augusto López Hernández en el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. “Así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o de algún acto de corrupción o ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático”, expresó la primera mandataria mexicana al preguntarle sobre si ha dialogado con el senador sobre el caso de su excolaborador. Sheinbaum subrayó que, a diferencia de otros gobiernos, el actual no encubre a nadie, y celebró que las autoridades competentes hayan actuado con celeridad en este caso. “Aquí de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero, y hay una diferencia”, dijo Sheinbaum, en alusión al caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, procesado en Estados Unidos. La presidenta insistió en que la fiscalía debe continuar con la investigación “contra quien sea”, ya sea militante de Morena o no. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción, pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales”, reiteró. Por otro lado, confirmó que la semana pasada sostuvo una reunión con Adán Augusto López y Ricardo Monreal en Palacio Nacional, como parte de los encuentros que mantiene regularmente los lunes para revisar la agenda legislativa. Precisó que estas reuniones se centran en el análisis de las leyes que ya se han aprobado y en las que aún están pendientes durante los períodos ordinarios de sesiones del Congreso. “Nos reunimos, como lo he informado aquí, todos los lunes —por ejemplo, este lunes no— pero normalmente tengo reuniones los lunes, cuando hay sobre todo período ordinario”, añadió la mandataria en su habitual conferencia mañanera. Nota tomada de: El Economista

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Conmemoran en Palacio Nacional el 153 aniversario luctuoso de Benito Juárez

El mármol lo recuerda. Allí, en Palacio Nacional, a 153 años de su muerte, Benito Juárez volvió a pisar los salones donde trabajó hasta su último aliento. Sin voz, sin gesto, pero con el peso intacto de su legado. Un país que aún le debe demasiado. La ceremonia fue sobria, como él. No hubo fuegos artificiales ni retórica excesiva. Solo la bandera, los honores militares, los discursos calculados. Se habló de leyes, de soberanía, de dignidad nacional. Palabras grandes, usadas en un país que muchas veces las olvida por semanas enteras. Benito Juárez murió un 18 de julio de 1872, tras una jornada de trabajo, víctima de una angina de pecho. Pero su acta de defunción no le quita vigencia. Su nombre sigue siendo incómodo. Su figura, indomable. Porque Juárez, el niño zapoteca que no hablaba español, fue presidente sin pedir permiso a las élites. Gobernó con un código de principios antes que con un manual de operaciones. El gobierno federal encabezó el acto conmemorativo. Desde la tribuna, se recordó su marcha al norte, la defensa de la Constitución de 1857, el archivo general que cargó por caminos de tierra como si fuera la memoria misma de la República. Se evocó su guerra contra el imperio de Maximiliano, su errancia sin palacio, su autoridad sin capital, su respeto por la legalidad incluso en la derrota. Pero Juárez no es solo historia. Es frontera. Divide al país entre quienes lo pronuncian con convicción, y quienes lo repiten por compromiso. Lo que no se dijo, pero estaba en el aire, es que evocar a Juárez es mirarse al espejo. La historiadora encargada de la remembranza lo dijo con claridad: Juárez representa la dignidad republicana y el respeto al pueblo. Dos conceptos que hoy se usan más como eslogan que como conducta. Y eso, en sí mismo, es luto. No hay aniversario juarista que no sea, al mismo tiempo, un juicio al presente. Su legado es una vara incómoda: quien gobierna, se mide contra ella, y rara vez alcanza. Porque Juárez no robó. No traicionó. No pidió favores. Y eso, en la política mexicana, lo convierte casi en un extraterrestre. El minuto de silencio sonó más fuerte que cualquier discurso. Fue un corte de luz, una interrupción, un recordatorio: este país ha tenido hombres justos. Uno, al menos. Y eso obliga. Hoy, los funcionarios montaron una guardia de honor. Se cantó el himno. Se repitieron frases de bronce. Y luego se marcharon. Pero Juárez quedó ahí, como siempre. En la piedra, en el archivo, en la sospecha de que todavía no lo hemos entendido del todo. Quien quiera gobernar este país, debería empezar por una caminata silenciosa por ese salón. Y preguntarse si estaría a la altura de su sombra. Nota tomada de: Oaxaca mx

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FGR investiga a ex titular de Seguridad tabasqueño, confirma Sheinbaum

PIE: La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 16 de julio de 2025. Foto Presidencia La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una investigación contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco —durante el gobierno del hoy senador morenista Adán Augusto López—, quien se encuentra prófugo de la justicia. Asimismo, señaló que el de seguridad del gobierno de México “está ayudando a la investigación y localización de esta persona”. Sobre Bermúdez Requena pesa una investigación por delitos federales por vínculos con el grupo criminal La Barredora —como tráfico de drogas y posible lavado de dinero. Fue nombrado al frente de la seguridad del estado en 2019 por el propio Adán Augusto López. A pregunta sobre este caso, la mandataria federal remarcó que la orden de aprehensión en su contra viene de tiempo atrás y no se ha dado en días recientes. Señaló que la próxima semana, cuando el gabinete de seguridad acuda a la mañanera, se podrán dar más detalles al respecto, pero también pidió a la fiscalía de Tabasco brindar información, pues también tiene una carpeta de investigación contra el ex funcionario estatal. “Son ambas (fiscalías) la del estado y de FGR que están investigando. Son carpetas de investigación que ya llevan orden de aprehensión, recuerden que para abrir una carpeta de investigación se requieren pruebas”. Interrogada sobre por qué, aun cuando se tenían indicios de la probable participación de Bermúdez Requena con el grupo criminal La Barredora, hubo retardos para dictar la orden de aprehensión, lo que favoreció su fuga del país, la jefa del Ejecutivo señaló que las carpetas de investigación toman tiempo. “Es importante que lo conteste gabinete seguridad, ellos son los responsables. (Pero) a veces la gente pregunta: ‘¿por qué no se ha detenido a esta persona, que la gente sabe por dicho que está vinculado con algún grupo delictivo? Porque se requieren pruebas que puedan constituir una capeta de investigación. ¿Qué se hace para tener pruebas? Investigación de la fiscalía principalmente, sea estatal o federal y coadyuva todo el gabinete de seguridad”. La presidenta remarcó que una vez que se abre la carpeta de investigación y se tienen pruebas suficientes, se solicita a un juez la orden de aprehensión, y el juzgador determina si la concede o no. “Lo que ha pasado en nuestro país es que aún cuando se tienen todos los elementos, luego el juez no otorga la orden de aprehensión o libera a los delincuentes. Más allá que se tuviera un indicio, lo importante es la carpeta de investigación que obra en una fiscalía. Todo eso lo puede informar el gabinete de seguridad”. Nota tomada de: La Jornada

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Sheinbaum confirma que ya presentó demanda por difamación contra abogado de Ovidio Guzmán

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes 15 de julio que su gobierno ya presentó una demanda por difamación en contra de Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, “El Ratón”. La denuncia fue interpuesta por la Consejería Jurídica de la Presidencia, luego de que el litigante acusó públicamente a la mandataria de actuar como “brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante”. “Se requiere autoridad moral y política para gobernar México, y estar a la altura de nuestro pueblo. Por mí habla mi historia. Lo segundo es que ya se puso la demanda, la Consejería Jurídica”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Al ser cuestionada sobre el proceso legal, la presidenta fue tajante: “Ya se lo dejo a la Consejería Jurídica. No es tema, la verdad. Para mí ya no es tema”. Acusaciones “inadmisibles” Las declaraciones de Lichtman ocurrieron tras la audiencia en la que Ovidio Guzmán se declaró culpable en una corte de Estados Unidos. El abogado cuestionó la legitimidad del gobierno mexicano y sugirió que tuvo participación en los acuerdos judiciales de su cliente, afirmaciones que Sheinbaum calificó como “inadmisibles”. La mandataria reiteró que no establecerá diálogo con el defensor de un narcotraficante y subrayó que su gobierno no tiene vínculos con el crimen organizado: “Nuestra política de seguridad no se basa en discursos, sino en resultados”. Contraste con el caso AMLO El anuncio de Sheinbaum se da en contraste con el intento del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2023 anunció una demanda por daño moral contra César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. En su momento, AMLO afirmó que De Castro intentó vincularlo al narcotráfico durante el juicio de su cliente. Sin embargo, el expresidente desistió de presentar la denuncia, argumentando que las leyes de Estados Unidos protegen ampliamente a los abogados en el ejercicio de su labor profesional, incluso frente a acusaciones de difamación. Nota tomada de: El Economista

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El senador Miguel Uribe presenta una mejora de salud tras un mes del atentado en su contra

Miguel Uribe Turbay, en Medellín, en octubre de 2024.Centro Democrático La clínica Santa Fe reporta que el paciente “ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable” y arranca un protocolo de neurorehabilitación. “Se está recuperando”, afirma su esposa, y se refirió al menor que le disparó a su marido: “No siento rencor, siento dolor, es un niño”, dice Ha pasado casi un mes y medio desde que un sicario atentó contra el senador Miguel Uribe, precandidato presidencial del partido Centro Democrático, apuntando a su cráneo. La clínica Santa Fe, ubicada en el norte de Bogotá, después de varios reportes en los que informaba que la situación del político era sumamente grave, ha publicado en la mañana de este lunes un comunicado mucho más optimista y sin el adjetivo de gravedad. Uribe Turbay sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos, dice el mensaje, pero “ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable”. Esto se evidencia en varias imágenes diagnósticas de exámenes realizados, como una resonancia magnética y una tomografía, entre otras, “como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas”. El comunicado también anuncia que la clínica ha decidido iniciar un protocolo de neurorehabilitación, y mientras tanto seguirá en la UCI con soporte respiratorio y bajo sedación. El comunicado llega un día después de que la esposa del senador, Maria Claudia Tarazona, le diera por primera vez una larga entrevista a un medio de comunicación, en el programa Los Informantes de Noticias Caracol. “No te mueras, tienes que volver a abrazar a tu hijo”, cuenta ella de lo que le decía el día del atentado a su esposo antes de llegar a la clínica, mientras le sostenía la cabeza. Cuenta que tras una primera operación, varios médicos le dijeron que él “entró en muerte cerebral” y que iba a morir en pocas horas. Ella se despidió de su marido, le prometió cuidar al niño de 4 años, le dijo al pequeño lo ocurrido. Pero cuando volvió a hablar con el doctor Fernando Hakim, neurocirujano, él le dijo que la situación había cambiado, y el senador parece “otro paciente, otro cerebro, y Miguel se está recuperando”. Maria Carolina Hoyos Turbay, hermana del senador, explicó recientemente que el doctor Hakim le afirmó que “el 98% de las personas que tienen la lesión de mi hermano muere”. Aunque el senador recibió una bala en la cabeza, explicó que el ángulo del atacante -desde abajo y no de frente- “facilitó que quedara en un punto como externo de su cráneo, en términos coloquiales, donde hace menos daño”. Maria Claudia Tarazona prefiere no hablar de los detalles de las cirugías o estado neurológico del senador, pero menciona al joven sicario de 14 años que atentó contra su marido. “Cuando uno a los 14 años empuña un arma, envés de estar pateando un balón, consiguiendo su primera novia, aprendiendo matemáticas, luchando contra una materia que no le entra bien, y tiene más habilidades en matar que en patear un balón, el problema no está en él, el problema es qué tipo de sociedad somos nosotros… ¿Cómo normalizamos que niños de 14 años sean instrumentos para la guerra?”, opina. El menor está detenido, al igual que otros cuatro adultos que planearon el crimen, pero los autores intelectuales siguen sin conocerse. Nota tomada de: El País

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MCCI revela contrato de EPN a empresa fantasma ligada a Pegasus; siguió recibiendo pagos en gobierno de AMLO

El expresidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Enrique Peña Nieto. Foto: Yadín Xolalpa / EL UNIVERSAL Entre 2017 y 2020 la empresa acumuló asignaciones por casi mil millones de pesos Cuatro meses antes de finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, el empresario israelí, Uri Ansbacher, investigado por presuntos sobornos al ahora expresidente para venderle Pegasus, recibió un contrato de la Secretaría de Gobernación por 4.2 millones de dólares. De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el contrato fue otorgado a través de «Air Cap SA de CV», empresa fantasma creada por el empresario y que también fue utilizada para triangular la venta del software Pegasus. También destacó que entre 2017 y 2020 la empresa acumuló asignaciones por casi mil millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto y en el gobierno que encabezó Alfredo del Mazo en el Estado de México. ¿En qué consiste el último contrato en el sexenio de Peña Nieto? El 31 de julio de 2018 la Secretaría de Gobernación otorgó un contrato por 4 millones 250 mil dólares a la empresa de Ansbacher, esto por concepto de mantenimiento integral preventivo, programado y correctivo, así como la reparación y suministro de partes, componentes, equipo y herramienta especial para tres helicópteros Kazan MI-17 que forman parte de la flota aérea de la Policía Federal. MCCI precisó que la adjudicación fue directa, bajo la premisa de que no podía hacerse con una licitación pública, pues no podían revelar información de la contratación y las condiciones requeridas para el servicio. De los cinco posibles prestadores que solicitó la Policía Federal, solo tres respondieron, siendo Air Cap uno de ellos. AMLO y su relación con Air Cap la empresa implicada en venta de «Pegasus» MCCI detalló que Air Cap ya había establecido contacto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para seguir siendo contratista. Entre 2019 y 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) envío invitaciones a Air Cap para presentar cotizaciones de distintos servicios. En 2021 esto cesó luego de que se reveló a la empresa como una se las involucras en la venta del malware espía. Por otro lado, documentos obtenidos por el medio muestran que el gobierno de López Obrador terminó de pagar en 2020 el contrato que la administración de Peña Nieto tenía con la empresa de Ansbacher. El contrato por el que Air Cap recibió más de 4 millones de dólares tenía una vigencia del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018, lo que significa que se extendió al gobierno de López Obrador. En los análisis de presupuesto de la Guardia Nacional del 2020 había un pago pendiente por 700 mil pesos, que corresponde al contrato de su antecesor, suscrito en 2018. Los contratos de Alfredo del Mazo con Air Cap No solo el entonces presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador se vieron relacionados con la empresa del propietario israelí, sino que también Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México en 2018, benefició a Air Cap. De acuerdo con Aristegui Noticias, Del Mazo realizó tres compras: Sin embargo, MCCI detectó otros cuatro contratos por un total de 601 millones de pesos para equipo de seguridad y sistemas de vigilancia. «En total, el Gobierno del Estado de México benefició a “Air Cap” con 784 millones 514 mil 328 pesos, entre los años 2017 y 2020«, detalló el medio. Finalmente, el pasado 28 de abril de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Air Cap en su listado definitivo de contribuyentes que simularon operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de recursos públicos. Los motivos por lo que se catalogó como «empresa fantasma» fueron: Cabe destacar que cuando el gobierno de López Obrador buscó contratistas, Air Cap afirmó cumplir con todas sus obligaciones fiscales, aunado a que se autocatalogó como una empresa grande con 250 trabajadores. Nota tomada de: El Universal

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La avioneta cargada con cocaína que ha provocado un conflicto entre García Harfuch y Bukele

Aeronave asegurada por autoridades mexicanas en Tecomán, Colima.Gobierno de México México asegura que la aeronave procedía de El Salvador, acusación que el mandatario del país centroamericano niega y exige que se rectifique Los Gobiernos de México y El Salvador se han enredado en un malentendido que podría escalar a un problema diplomático. En el centro de la disputa se encuentra una avioneta con un cargamento de media tonelada de cocaína que fue asegurada en México y que, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, provenía de El Salvador. El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, ha salido en tromba a negar que la aeronave procediera de su país y ha exigido a García Harfuch una rectificación pública, y de paso ha anunciado que llamará a consulta a su embajadora en México. Tras un cruce de mensajes entre ambos personajes estos días, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha llamado a zanjar el diferendo de una vez por todas. “Ya lo aclaró el secretario [García Harfuch], no hay que hacer un tema político de esto, ya lo aclaró y no vamos a polemizar sobre esto, porque además nunca hubo mala fe, sino sencillamente se aclaró el tema y ya, hasta ahí”, ha dicho en conferencia de prensa este jueves. El pleito se puede contar en actos. El pasado martes, García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana y el hombre fuerte de Claudia Sheinbaum en el combate al narcotráfico, informó en la conferencia Mañanera del aseguramiento de “una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína”. El funcionario dijo que fueron detenidas tres personas, sin dar detalles de su identidad, y estimó que el valor del cargamento ilegal era de 96 millones de pesos, más de cinco millones de dólares. García Harfuch precisó que la avioneta fue detectada a través del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (Cenavi) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El decomiso se realizó en Tecomán, municipio de Colima, un Estado del Pacífico mexicano, aunque el secretario no precisó la fecha. La tarde del miércoles, Bukele, que gobierna con un discurso de mano dura contra la inseguridad, lo que le ha traído altísimos niveles de popularidad en su país, salió a responder el informe de García Harfuch en un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de X. El mandatario salvadoreño no solo negó las afirmaciones del funcionario mexicano, sino que aportó muchos más detalles sobre la aeronave, su trayecto y la identidad de los tripulantes. El centro de su alegato era que, en todo caso, la avioneta provenía de Costa Rica, no de El Salvador. Bukele explicó que el gobierno costarricense detectó la aeronave el 3 de julio alrededor de las 13.00 y activó una alerta regional centroamericana. Según ese reporte, ha indicado el presidente, “la traza de la avioneta ingresó a Costa Rica, desapareció brevemente del radar y luego volvió a aparecer, saliendo hacia el Pacífico. Nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo dentro de nuestro espacio”. Bukele adjuntó en su publicación una imagen que, dijo, fue validada por la división del Comando Sur de Estados Unidos que “monitorea el tráfico aéreo ilícito en la región”. “En la imagen adjunta se visualiza claramente la ruta: muy al sur de El Salvador y Nicaragua, sin proximidad al espacio aéreo nacional”, precisó. “Su informe es claro: la aeronave sobrevoló el océano Pacífico y jamás tocó territorio salvadoreño”, añadió. El presidente derechista ha agregado en su publicación detalles de la identidad de los tripulantes y ha asegurado que todos son mexicanos. Se trataba, según Bukele, de Leonardo Alonso Parra Pérez, el piloto, originario de Guasave, Sinaloa; José Adán Jalavera Ceballos, el copiloto, de Chihuahua, y Felipe Villa Gutiérrez, de Morelia, Michoacán. “El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen. Exigimos al Gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata”, escribió Bukele. La noche del mismo miércoles, a través de X, el secretario García Harfuch detalló que la inteligencia aérea mexicana detectó, a las 13.00 del 3 de julio, “una traza de interés a 200 kilómetros al sur a la altura de San Salvador, El Salvador”, y también adjuntó una imagen de tráfico aéreo. El funcionario agregó que la Sedena ordenó el despegue de varias aeronaves oficiales para interceptar la avioneta, que finalmente aterrizó en una pista clandestina en Tecomán, Colima. García Harfuch confirmó que, “en efecto, los detenidos son de nacionalidad mexicana, mismos que están siendo procesados por diversos delitos”. El secretario agregó que México “respeta y aprecia al pueblo de El Salvador”, y defendió el compromiso del gobierno mexicano en el combate a la delincuencia organizada. La bronca no terminó ahí. Media hora más tarde, Bukele respondió en la misma publicación de García Harfuch en X. El presidente salvadoreño dijo que el nuevo informe del secretario omitía precisar que “no existe ningún indicio” de que la avioneta proviniera de su país, que “no se trataba de una aeronave salvadoreña ni contaba con tripulación salvadoreña”. “Podemos concederle el beneficio de la duda y entender que lo expresado en la conferencia de prensa pudo haber sido un malentendido, pero esperamos una aclaración más precisa”, pidió Bukele. El presidente salvadoreño, preocupado por disipar cualquier atisbo de narcotráfico al amparo de su Gobierno, que podría manchar su imagen de combate inflexible a las pandillas, añadió que “debe quedar absolutamente claro que no existe ni el más mínimo indicio de que esa aeronave haya partido de nuestro país, ni de que alguien en El Salvador esté vinculado con ese cargamento de droga”. Queda por verse si el intento de Sheinbaum por atajar el conflicto es suficiente para Bukele. Nota tomada de: El País

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Norma Piña y Hugo Aguilar se reúnen por primera vez para preparar la llegada de la nueva Suprema Corte

Norma Piña y Hugo Aguilar.Héctor Guerrero/Nayeli Cruz La presidenta actual y el titular electo sostienen un “diálogo cordial y fructífero” El presente y el futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han encontrado este martes por primera vez. Norma Piña, actual presidenta, y Hugo Aguilar, el titular electo, se han reunido en la sede del tribunal para lo que han denominado como “establecer las líneas de trabajo para dar continuidad al proceso de transición”. En un escueto comunicado, la Corte ha definido que se ha tratado de un “diálogo abierto, cordial, fructífero y con un ánimo de transparencia”. Aguilar ha afirmado a la salida del encuentro que van a hacer una “transición buena y tersa por el bien de México”. Piña y Aguilar son los rostros del antes y el después de la reforma judicial. El proyecto, ideado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutado por su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha tirado abajo la organización de la justicia en el país para reconstruirla entera en torno a la elección popular de los cargos judiciales. Piña, convertida en adversaria a la 4T en las mañaneras de López Obrador, representa lo que se va; y Aguilar, quien venció con más de seis millones de votos en la elección del 1 de junio, lo que llega. A mitad de camino, este encuentro. “Todo está en orden”, ha dicho el presidente electo que, sin dar más detalles, ha adelantado que se van a “constituir grupos de trabajo para ir avanzando”: “Vamos a estar trabajando de manera continua”. La SCJN ha señalado que el “compromiso” es “integrar equipos de trabajo que den certidumbre y justicia a las personas justiciables y a la sociedad mexicana”. Todavía no fijaron la fecha para la próxima reunión, pero Hugo Aguilar ha sostenido que “todo va a caminar”. El 1 de septiembre el máximo tribunal de México cambiará su composición casi por completo. Por un lado, el nuevo presidente de la Corte ya no será también el titular del Consejo Federal de la Judicatura (una institución que se parte ahora en dos: el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración), por lo que habrá funciones que Piña sí tenía y que no dependerán ahora de Aguilar. Además, la SCJN va a pasar de 11 a 9 integrantes. A excepción de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todos serán nuevos y todos fueron colocados en los acordeones que Morena repartía en la elección para dirigir el voto. El máximo tribunal también va a eliminar las dos salas, en las que resolvía la mayoría de los asuntos, para decidir todos los temas en conjunto en el pleno de la Corte. Este cambio impacta especialmente por el rezago que acumula la institución. La ministra Ortiz calculó que la nueva SCJN empezaría con más de 8.000 asuntos pendientes, con dos integrantes menos y la mayoría de ellos de nueva incorporación. En una entrevista con este periódico, Aguilar dijo estar todavía trabajando en cómo van a afrontar este aluvión de pendientes. La llegada de este abogado mixteco, de 52 años, a la cumbre de una de las instituciones más exclusivas de México ha agitado el avispero del racismo en el país. Las críticas se dispararon, por ejemplo, por su elección de llevar una toga bordada en vez de la toga tradicional. “La mayoría de los comentarios negativos hacia mí parten del hecho de que no sé, no sirvo, soy indígena. Eso solamente expresa racismo y clasismo”, contó el presidente electo a EL PAÍS: “Además de todos los retos que voy a encarar, también tengo el reto de mostrarle a todos que un indígena tiene la capacidad y el conocimiento para conducir la máxima instancia jurisdiccional de este país“. Nota tomada de: El País

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Peña Nieto y Pegasus: nuevas revelaciones confirman investigaciones periodísticas y falta de acción por parte del Estado

El sistema de justicia del Estado mexicano no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición, aseguró Leopoldo Maldonado, director de Artículo19. Luis Fernando García, fundador de R3D, y Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, analizaron en Aristegui En Vivo la nueva información publicada por el medio israelí The Marker, que señala que empresarios israelíes habrían entregado 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto para asegurar contratos de venta del software espía Pegasus durante su gobierno. García consideró que hay varios aspectos de lo publicado que resultan sumamente relevantes y destacó que “se hacen sugerencias de que los contratos estuvieron mediados por potenciales sobornos al presidente Peña Nieto”. Indicó que esta información debería haber sido investigada desde hace tiempo, pero “ha habido muchas resistencias tanto durante el gobierno de Peña Nieto como el gobierno anterior y hasta en el actual para llevar a cabo una investigación diligente”. Señaló que los documentos revelan posibles mecanismos de lavado de dinero a través de donativos a empresas u organizaciones israelíes. Además, destacó que se mencionan cuentas en Estados Unidos que podrían haber sido utilizadas para mover fondos, lo cual “potencialmente podría abrir la posibilidad de investigaciones en los Estados Unidos”. Asimismo, recordó que en ocasiones anteriores ya se ha discutido públicamente cómo figuras como Tomás Zerón o Jesús Murillo Karam recomendaron la contratación con las empresas vinculadas a Pegasus. “Sigue siendo información vigente. Si no es la justicia mexicana la que termine por esclarecer el asunto, no podemos decir que esté esclarecido de ninguna manera”, afirmó. El fundador de R3D sostuvo que incluso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se continuó con la contratación de estas herramientas de espionaje por parte del Ejército. “Una de las empresas de este mismo conglomerado, Comercializadora Antsua, también habría sido utilizada para la adquisición de licencias de Pegasus ya en el gobierno de López Obrador”, aseguró. Agregó que esa tecnología fue usada para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos. Finalmente, García subrayó que “las investigaciones informales que hemos hecho medios, organizaciones no gubernamentales e investigadores independientes han sido las que más han revelado”, y lamentó que instituciones con mayores recursos como la Unidad de Inteligencia Financiera no hayan actuado con mayor contundencia. Por su parte, Leopoldo Maldonado afirmó que esta nueva información “es un elemento importante de un cúmulo de pruebas que se han ido recabando a través de investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil”. Señaló que lo revelado en el arbitraje entre los empresarios israelíes se vincula directamente con lo declarado por el testigo protegido identificado como “Zeus”, quien desde 2019 ha colaborado en una de las carpetas de investigación. Maldonado explicó que Zeus testificó ante una autoridad judicial en 2023 sobre la participación de la red de empresas KBH y su vínculo con altos funcionarios mexicanos. Detalló que el operador técnico de esta red, Juan Carlos Rivera, es la única persona acusada formalmente hasta el momento, y no era funcionario público. De acuerdo con Maldonado, el testimonio de Zeus demuestra que los intermediarios en México “hacían trabajo sucio para altos funcionarios del gobierno mexicano”. Añadió que la misma fuente corroboró el espionaje cometido contra un integrante del gobierno de Peña Nieto, el doctor Manuel Mondragón. Sobre la actuación de las autoridades mexicanas, el director de Artículo 19 señaló que el sistema de justicia del Estado mexicano no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición. Afirmó que las investigaciones no han llegado a altos niveles de responsabilidad, ni siquiera en el caso de las denuncias interpuestas por las víctimas del espionaje durante el actual gobierno. En este contexto, criticó la reciente aprobación de reformas conocidas como “leyes espía”, al considerar que el Estado no ha demostrado tener voluntad para investigar los abusos del pasado. Nota tomada de: Aristegui Noticias

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