Policías comunitarios recorren las calles de Alcozacán, municipio de Chilapa, Guerrero, el 24 de febrero de 2022.Teresa de Miguel La policía comunitaria CIPOG-EZ denuncia una nueva embestida de Los Ardillos, a un año de que se renueven autoridades estatales y locales La violencia ha aparecido de nuevo en la Montaña baja de Guerrero, en el centro de México, afirmación que vale casi para cualquier momento de los últimos 12 años. En el último mes, criminales han atacado a pobladores de las comunidades de Tula y Xicotlán, en la zona rural del extensísimo municipio de Chilapa, dejando un reguero de muertos y desplazados parecido al de otras ocasiones. Solo un aspecto del conflicto permanece inmutable: la incapacidad de las autoridades para resolverlo definitivamente. Según la CIPOG-EZ, policía comunitaria de la zona, los ataques del crimen han dejado 76 muertos y 25 desaparecidos desde 2014, los últimos seis, entre abril y mayo. El conflicto arrecia. Este mismo lunes, la policía comunitaria denunciaba el ataque del crimen, concretamente del grupo criminal Los Ardillos, con base en el municipio vecino de Quechultenango. La CIPOG-EZ ha denunciado que Los Ardillos han atacado casas de la comunidad de Alcozacán, donde han huido los desplazados de Tula y Xicotlán. Según la policía comunitaria, son más de 500. El Gobierno estatal, en manos de Morena, rebaja el número a 90. La batalla ocurre en medio de las críticas a las autoridades, que no han impedido las embestidas de las últimas semanas. “Pareciera como que son cómplices”, denuncia Jesús Plácido, líder de la CIPOG-EZ. Plácido se refiere en particular al Ejército, que ha mantenido retenes en la zona por años, pero que, en las últimas semanas, según cuenta, se ha retirado. “Porque luego que se fueron, empezaron con drones, ametralladoras… Y la gente tuvo que salir hacia Alcozacán. Empezaron en Tula. Luego también Xicotlan. Y desde ahí ya están lanzando los drones hasta Alcozacán”, señala. Aunque no dice su nombre, Plácido se refiere a Los Ardillos, que ellos califican de organización “narco-paramilitar”. Los Ardillos, la CIPOG-EZ y las comunidades mencionadas, de etnia nahua, dan las coordenadas de una batalla interminable en esta zona aislada de Guerrero, vinculada hasta hace una década con el cultivo de amapola y la elaboración de goma de opio. Desaparecida esa industria ante la irrupción de los opioides en el mercado, las motivaciones de unos y otros quedan poco claras. Según la CIPOG-EZ, Los Ardillos, grupo que mantiene importantes relaciones con la política regional, trata de hacerse con corredores clave para sus actividades delictivas. Otra explicación, algo más mundana, apunta a los intereses electorales de la organización. Igual que otros tantos Estados de México, Guerrero elige el año que viene a sus nuevas autoridades. La población votará por el sustituto o la sustituta de la gobernadora Evelyn Salgado, de Morena, así como por nuevos alcaldes para sus 85 municipios y por los nuevos integrantes del Congreso local. Los procesos electorales son violentos en México, en Guerrero en particular. Amenazas y asesinatos de candidatos y precandidatos han formado parte del paisaje en la última década. El crimen se implica en la composición de los gobiernos locales, en una lógica doble. Primero, para sangrar los presupuestos municipales y, segundo, para controlar padrones y actividades económicas. La nebulosa oculta cualquier rastro de verdad en la Montaña baja guerrerense. No queda claro por qué el Ejército y demás autoridades habrían dejado sus retenes en la zona, permitiendo el paso de Los Ardillos. EL PAÍS se ha puesto en contacto con un vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional para consultarle sobre este asunto, pero no ha obtenido respuesta. En un comunicado divulgado la semana pasada, el Gobierno estatal señaló que había reforzado “la presencia institucional en comunidades del municipio de Chilapa, luego de que se reportaran agresiones armadas en la localidad de Tula”. El gobierno reconoció además que estos ataques habían provocado el desplazamiento de casi 100 personas, refugiadas en Alcozacán. En vídeos que ha compartido la CIPOG-EZ estos días, decenas de mujeres y niños desplazados lanzaban un “grito urgente de auxilio” y denunciaban el ataque con metralletas y drones, “mientras el Ejército y la Guardia Nacional observan sin hacer nada (…) Nos están dejando morir, tememos por nuestras vidas y nos están dejando solas”. Este martes, el Congreso Nacional Indígena dará un mitin a las 16.00 frente a la Secretaría de Gobernación, en Ciudad de México, para aumentar la presión sobre el Gobierno. De los últimos ataques, destaca uno ocurrido el 6 de abril, cuando “un grupo de sicarios que viajaba en una camioneta blanca blindada acribilló a cuatro integrantes del CIPOG-EZ en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, mientras trabajaban en la construcción. Los cuatro eran originarios de Tula”, señala la policía comunitaria en un comunicado. Más tarde, el 2 de mayo, “dos integrantes del CIPOG-EZ, originarios de Alcozacán, fueron asesinados alrededor de las 13:30 horas al regresar de Chilapa”, sigue el comunicado. “Entre las víctimas se encontraba el chofer de la ruta Chilapa–Alcozacán, quien conducía el vehículo cuando fue emboscado cerca del crucero de Teomatatlán por sicarios de Los Ardillos. Una persona sobrevivió al ataque. Transportaban canasta básica a su comunidad”, concluye. Nota tomada de: El País
