Corte de Canadá falló contra México y obliga al gobierno de Claudia Sheinbaum a pagar 270 millones de dólares a inversionistas de la empresa Oro Negro

México deberá pagar 270 millones de dólares por el caso Oro Negro. Foto: Especial (Reuters/Pemex/Canva) Una Corte canadiense ordenó al gobierno mexicano indemnizar a inversionistas de Oro Negro luego de detectar irregularidades en el proceso arbitral; el fallo es definitivo y se suma a otro caso reciente que también obliga al país a pagar por incumplimiento en protección de inversiones. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, deberá pagar 270 millones de dólares a inversionistas de la empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, luego de que una Corte en Canadá revirtiera un fallo previo emitido en 2024. De acuerdo con información publicada por El Universal y reportes especializados como Global Arbitration Review, la decisión del tribunal canadiense es definitiva y ya no admite apelación, lo que obliga al Estado mexicano a cumplir con la indemnización. Este nuevo fallo cambia por completo el escenario legal del caso, ya que en agosto de 2024 un panel arbitral del TLCAN había determinado que no tenía jurisdicción para analizar la demanda y, además, había ordenado a los inversionistas pagar 400 mil dólares a México por costos del proceso. ¿Por qué se revirtió el fallo arbitral del TLCAN? La Corte canadiense decidió revisar el caso tras una apelación presentada por los inversionistas de Oro Negro, quienes cuestionaron la legalidad del proceso arbitral. El argumento central que llevó a revertir la decisión fue que uno de los árbitros, el coárbitro chileno Andrés Jana, no reveló un posible conflicto de interés, lo que comprometía la imparcialidad del panel. Con base en ese señalamiento, el órgano de apelación determinó que el caso sí debía ser analizado y, tras revisarlo, concluyó que México debía indemnizar a los inversionistas. La Corte canadiense decidió revisar el caso tras una apelación presentada por los inversionistas de Oro Negro, quienes cuestionaron la legalidad del proceso arbitral. ¿Qué originó la disputa entre Oro Negro y Pemex? El conflicto se remonta a 2015, cuando los inversionistas acusaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) presionó a Oro Negro para aceptar una reducción en las tarifas de arrendamiento de cinco plataformas petroleras. Según la demanda: Los inversionistas también señalaron que estas decisiones ocurrieron luego de que la empresa se negara a realizar sobornos a funcionarios de Pemex y que, posteriormente, se favoreció a empresas competidoras. ¿Quiénes son los inversionistas afectados en el caso Oro Negro? El caso también es conocido como “Alicia Grace”, y agrupa a un conjunto de 27 inversionistas, entre ellos: Estos inversionistas fueron quienes impulsaron la demanda internacional contra el Estado mexicano bajo los mecanismos del TLCAN. ¿Qué implica este fallo para México y su política de inversiones? La resolución representa un impacto económico directo para el país, pero también abre cuestionamientos sobre la seguridad jurídica para inversionistas extranjeros. Además, este no es un caso aislado. En la misma semana, otro fallo internacional también fue adverso para México. La Corte de Apelación de Estados Unidos para el Circuito de Columbia ordenó al gobierno mexicano pagar 47 millones de dólares a la empresa Lion Mexico Consolidated, por incumplir con la protección de inversiones. ¿Qué sigue tras esta decisión internacional? Al tratarse de un fallo definitivo, el gobierno mexicano deberá definir cómo cumplirá con el pago de los 270 millones de dólares, ya sea mediante recursos públicos o mecanismos legales disponibles. También se espera que este caso influya en futuras disputas internacionales y en la forma en que México maneja contratos, arbitrajes y relaciones con inversionistas extranjeros. Este caso se suma a una tendencia reciente en la que tribunales internacionales han emitido resoluciones desfavorables para México en materia de inversión. (Presidencia/Canva) Dos fallos en contra en menos de una semana Este caso se suma a una tendencia reciente en la que tribunales internacionales han emitido resoluciones desfavorables para México en materia de inversión. Para especialistas, esto podría generar: Nota tomada de: El Imparcial

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El Gobierno de México vence en demanda internacional por 2,100 millones de dólares

Dólares estadounidenses. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro La Secretaría de Economía destacó que este resultado representa “un logro sumamente relevante” para México. El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazó de manera total todas las reclamaciones presentadas por las empresas Espíritu Santo Holdings, LP y L1bre Holding, LLC en contra del Estado mexicano, en un caso iniciado en mayo de 2020 bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las demandantes buscaban una indemnización superior a los dos mil 100 millones de dólares, argumentando que entre 2016 y 2018 las autoridades de la Ciudad de México (CdMx) obstaculizaron y eventualmente “destruyeron” su proyecto para instalar taxímetros digitales y una aplicación móvil para el servicio de taxis en la capital del país. Incluso alegaron que el Gobierno capitalino intentó apropiarse de la tecnología desarrollada. El caso se refiere a una concesión otorgada a la empresa Lusad para la sustitución, instalación y mantenimiento de taxímetros con geolocalización satelital, así como el desarrollo de una aplicación de contratación remota de taxis. Sin embargo, el laudo final emitido el 26 de marzo de 2026 por el tribunal arbitral del CIADI (organismo que forma parte del Banco Mundial) determinó que no existió incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de México ni de sus autoridades locales. «En esencia, la mayoría del Tribunal concluyó que no existió evidencia que demostrara las reclamaciones de las demandantes ‘[en] la medida en que no existen pruebas de que [México] haya ‘destruido’ […] la inversión de las Demandantes […] Más bien, dicho fracaso fue el resultado de sus propias acciones’», indicó la Secretaría de Economía en un comunicado. Además, el laudo ordena que las empresas Espíritu Santo y L1bre cubran los gastos y costos asociados al arbitraje a favor del Estado mexicano. Publicación de Luis Rosendo Gutiérrez, Subsecretario de Comercio Exterior de México. Foto: Captura de pantalla La Secretaría de Economía destacó que este resultado representa “un logro sumamente relevante” para México. El país fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas legales internacionales Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose. Durante todo el procedimiento, se contó con el respaldo institucional de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y del Gobierno de la Ciudad de México. El laudo se encuentra actualmente en proceso de revisión para identificar información susceptible de ser protegida. Una vez concluido este trámite, el documento será publicado en el sitio oficial del CIADI, donde se podrá consultar mayor detalle sobre el caso. Nota tomada de: Sin Embargo

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