La IA llegó a los juzgados de México, pero no como muchos imaginaban: una jueza la usaba para las sentencias y terminó suspendida
La suspensión de una jueza puso sobre la mesa el debate sobre el uso de IA dentro del Poder Judicial mexicano. La inteligencia artificial ya comenzó a colarse en los juzgados de México. Sin embargo, no fue a través de una estrategia para modernizar al Poder Judicial como llegó al centro de la conversación, sino por la suspensión de una jueza señalada por utilizarla para elaborar sentencias. Se trata de Lizbeth González Cortés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas, quien fue suspendida por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) en medio de una investigación por diversas presuntas irregularidades. Entre los señalamientos figuran el uso de inteligencia artificial para redactar sentencias, acuerdos y otros documentos judiciales, además de quejas por presunto acoso laboral, rezago en el juzgado y conflictos con trabajadores. Una jueza de México recurrió a la IA para redactar sentencias La suspensión fue notificada el pasado 14 de julio y ocurrió después de varios meses de controversias dentro del juzgado. Según un reporte de La Silla Rota, desde su llegada al cargo comenzaron los desacuerdos con el personal, que posteriormente derivaron en manifestaciones, quejas administrativas y denuncias presentadas ante el Tribunal de Disciplina Judicial. A estos conflictos se sumaron críticas relacionadas con la forma en que la jueza desempeñaba sus funciones. Diversos señalamientos indican que recurría a herramientas de inteligencia artificial para redactar resoluciones judiciales, además de existir observaciones sobre el rezago acumulado en el juzgado y el desconocimiento de algunos procedimientos internos. Hasta el momento, el Tribunal no ha detallado el peso específico que tuvo cada uno de estos elementos dentro de la suspensión. La investigación también incluye denuncias por acoso y rezago en el juzgado Aunque el uso de IA ha captado buena parte de la atención pública, la investigación va mucho más allá de esa práctica. El expediente incluye denuncias por presunto acoso laboral, inconformidades de trabajadores, una denuncia penal presentada contra manifestantes del propio juzgado y diversas quejas administrativas promovidas durante los últimos meses. Incluso, en abril de este año, el Tribunal de Disciplina Judicial notificó que el juzgado sería sometido a un procedimiento de evaluación especial para revisar su funcionamiento. Posteriormente continuaron acumulándose reportes relacionados con la carga de trabajo y la administración del órgano jurisdiccional. Por ahora, el Tribunal de Disciplina Judicial no ha informado si existe una investigación específica sobre el uso de inteligencia artificial o si esa práctica constituye, por sí sola, una falta administrativa. La IA ya llegó a los tribunales, pero México aún no define cómo debe utilizarse El caso ocurre en un momento en que el Poder Judicial mexicano atraviesa una transformación sin precedentes. Tras la reforma judicial impulsada en 2024, se crearon el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, organismos que sustituyeron varias funciones del extinto Consejo de la Judicatura Federal y que ahora tienen entre sus responsabilidades supervisar el desempeño de jueces y magistrados. La primera generación de juzgadores electos mediante voto popular asumió funciones en septiembre de 2025. Al mismo tiempo, el uso de inteligencia artificial en los sistemas de justicia se ha convertido en un tema de discusión a nivel internacional. En distintos países estas herramientas comienzan a emplearse para realizar búsquedas de documentos, resumir expedientes o apoyar tareas administrativas, mientras que su utilización para elaborar resoluciones judiciales sigue siendo objeto de debate por los riesgos que implica en materia de transparencia, responsabilidad y debido proceso. El caso de Zacatecas refleja precisamente ese escenario. Más que demostrar una política institucional sobre inteligencia artificial en los tribunales mexicanos, expone los desafíos que enfrentan las autoridades para establecer límites claros sobre cómo y hasta dónde pueden utilizarse estas herramientas en una de las funciones más sensibles del Estado: impartir justicia. Nota tomada de: Xataka México
