Sheinbaum confirma que ya presentó demanda por difamación contra abogado de Ovidio Guzmán

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes 15 de julio que su gobierno ya presentó una demanda por difamación en contra de Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, “El Ratón”. La denuncia fue interpuesta por la Consejería Jurídica de la Presidencia, luego de que el litigante acusó públicamente a la mandataria de actuar como “brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante”. “Se requiere autoridad moral y política para gobernar México, y estar a la altura de nuestro pueblo. Por mí habla mi historia. Lo segundo es que ya se puso la demanda, la Consejería Jurídica”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Al ser cuestionada sobre el proceso legal, la presidenta fue tajante: “Ya se lo dejo a la Consejería Jurídica. No es tema, la verdad. Para mí ya no es tema”. Acusaciones “inadmisibles” Las declaraciones de Lichtman ocurrieron tras la audiencia en la que Ovidio Guzmán se declaró culpable en una corte de Estados Unidos. El abogado cuestionó la legitimidad del gobierno mexicano y sugirió que tuvo participación en los acuerdos judiciales de su cliente, afirmaciones que Sheinbaum calificó como “inadmisibles”. La mandataria reiteró que no establecerá diálogo con el defensor de un narcotraficante y subrayó que su gobierno no tiene vínculos con el crimen organizado: “Nuestra política de seguridad no se basa en discursos, sino en resultados”. Contraste con el caso AMLO El anuncio de Sheinbaum se da en contraste con el intento del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2023 anunció una demanda por daño moral contra César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. En su momento, AMLO afirmó que De Castro intentó vincularlo al narcotráfico durante el juicio de su cliente. Sin embargo, el expresidente desistió de presentar la denuncia, argumentando que las leyes de Estados Unidos protegen ampliamente a los abogados en el ejercicio de su labor profesional, incluso frente a acusaciones de difamación. Nota tomada de: El Economista

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El senador Miguel Uribe presenta una mejora de salud tras un mes del atentado en su contra

Miguel Uribe Turbay, en Medellín, en octubre de 2024.Centro Democrático La clínica Santa Fe reporta que el paciente “ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable” y arranca un protocolo de neurorehabilitación. “Se está recuperando”, afirma su esposa, y se refirió al menor que le disparó a su marido: “No siento rencor, siento dolor, es un niño”, dice Ha pasado casi un mes y medio desde que un sicario atentó contra el senador Miguel Uribe, precandidato presidencial del partido Centro Democrático, apuntando a su cráneo. La clínica Santa Fe, ubicada en el norte de Bogotá, después de varios reportes en los que informaba que la situación del político era sumamente grave, ha publicado en la mañana de este lunes un comunicado mucho más optimista y sin el adjetivo de gravedad. Uribe Turbay sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos, dice el mensaje, pero “ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable”. Esto se evidencia en varias imágenes diagnósticas de exámenes realizados, como una resonancia magnética y una tomografía, entre otras, “como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas”. El comunicado también anuncia que la clínica ha decidido iniciar un protocolo de neurorehabilitación, y mientras tanto seguirá en la UCI con soporte respiratorio y bajo sedación. El comunicado llega un día después de que la esposa del senador, Maria Claudia Tarazona, le diera por primera vez una larga entrevista a un medio de comunicación, en el programa Los Informantes de Noticias Caracol. “No te mueras, tienes que volver a abrazar a tu hijo”, cuenta ella de lo que le decía el día del atentado a su esposo antes de llegar a la clínica, mientras le sostenía la cabeza. Cuenta que tras una primera operación, varios médicos le dijeron que él “entró en muerte cerebral” y que iba a morir en pocas horas. Ella se despidió de su marido, le prometió cuidar al niño de 4 años, le dijo al pequeño lo ocurrido. Pero cuando volvió a hablar con el doctor Fernando Hakim, neurocirujano, él le dijo que la situación había cambiado, y el senador parece “otro paciente, otro cerebro, y Miguel se está recuperando”. Maria Carolina Hoyos Turbay, hermana del senador, explicó recientemente que el doctor Hakim le afirmó que “el 98% de las personas que tienen la lesión de mi hermano muere”. Aunque el senador recibió una bala en la cabeza, explicó que el ángulo del atacante -desde abajo y no de frente- “facilitó que quedara en un punto como externo de su cráneo, en términos coloquiales, donde hace menos daño”. Maria Claudia Tarazona prefiere no hablar de los detalles de las cirugías o estado neurológico del senador, pero menciona al joven sicario de 14 años que atentó contra su marido. “Cuando uno a los 14 años empuña un arma, envés de estar pateando un balón, consiguiendo su primera novia, aprendiendo matemáticas, luchando contra una materia que no le entra bien, y tiene más habilidades en matar que en patear un balón, el problema no está en él, el problema es qué tipo de sociedad somos nosotros… ¿Cómo normalizamos que niños de 14 años sean instrumentos para la guerra?”, opina. El menor está detenido, al igual que otros cuatro adultos que planearon el crimen, pero los autores intelectuales siguen sin conocerse. Nota tomada de: El País

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MCCI revela contrato de EPN a empresa fantasma ligada a Pegasus; siguió recibiendo pagos en gobierno de AMLO

El expresidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Enrique Peña Nieto. Foto: Yadín Xolalpa / EL UNIVERSAL Entre 2017 y 2020 la empresa acumuló asignaciones por casi mil millones de pesos Cuatro meses antes de finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, el empresario israelí, Uri Ansbacher, investigado por presuntos sobornos al ahora expresidente para venderle Pegasus, recibió un contrato de la Secretaría de Gobernación por 4.2 millones de dólares. De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el contrato fue otorgado a través de «Air Cap SA de CV», empresa fantasma creada por el empresario y que también fue utilizada para triangular la venta del software Pegasus. También destacó que entre 2017 y 2020 la empresa acumuló asignaciones por casi mil millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto y en el gobierno que encabezó Alfredo del Mazo en el Estado de México. ¿En qué consiste el último contrato en el sexenio de Peña Nieto? El 31 de julio de 2018 la Secretaría de Gobernación otorgó un contrato por 4 millones 250 mil dólares a la empresa de Ansbacher, esto por concepto de mantenimiento integral preventivo, programado y correctivo, así como la reparación y suministro de partes, componentes, equipo y herramienta especial para tres helicópteros Kazan MI-17 que forman parte de la flota aérea de la Policía Federal. MCCI precisó que la adjudicación fue directa, bajo la premisa de que no podía hacerse con una licitación pública, pues no podían revelar información de la contratación y las condiciones requeridas para el servicio. De los cinco posibles prestadores que solicitó la Policía Federal, solo tres respondieron, siendo Air Cap uno de ellos. AMLO y su relación con Air Cap la empresa implicada en venta de «Pegasus» MCCI detalló que Air Cap ya había establecido contacto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para seguir siendo contratista. Entre 2019 y 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) envío invitaciones a Air Cap para presentar cotizaciones de distintos servicios. En 2021 esto cesó luego de que se reveló a la empresa como una se las involucras en la venta del malware espía. Por otro lado, documentos obtenidos por el medio muestran que el gobierno de López Obrador terminó de pagar en 2020 el contrato que la administración de Peña Nieto tenía con la empresa de Ansbacher. El contrato por el que Air Cap recibió más de 4 millones de dólares tenía una vigencia del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018, lo que significa que se extendió al gobierno de López Obrador. En los análisis de presupuesto de la Guardia Nacional del 2020 había un pago pendiente por 700 mil pesos, que corresponde al contrato de su antecesor, suscrito en 2018. Los contratos de Alfredo del Mazo con Air Cap No solo el entonces presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador se vieron relacionados con la empresa del propietario israelí, sino que también Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México en 2018, benefició a Air Cap. De acuerdo con Aristegui Noticias, Del Mazo realizó tres compras: Sin embargo, MCCI detectó otros cuatro contratos por un total de 601 millones de pesos para equipo de seguridad y sistemas de vigilancia. «En total, el Gobierno del Estado de México benefició a “Air Cap” con 784 millones 514 mil 328 pesos, entre los años 2017 y 2020«, detalló el medio. Finalmente, el pasado 28 de abril de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Air Cap en su listado definitivo de contribuyentes que simularon operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de recursos públicos. Los motivos por lo que se catalogó como «empresa fantasma» fueron: Cabe destacar que cuando el gobierno de López Obrador buscó contratistas, Air Cap afirmó cumplir con todas sus obligaciones fiscales, aunado a que se autocatalogó como una empresa grande con 250 trabajadores. Nota tomada de: El Universal

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Respalda Sheinbaum evaluación en Morena de quienes aspiren a militantes

Militantes de Morena votan en una Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, en mayo pasado. Foto Cuartoscuro / archivo La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la propuesta para que en Morena se cree una comisión que evalúe los perfiles de quienes busquen unirse al partido, y que la decisión de nuevas incorporaciones no recaiga en la dirigencia morenista. “Está muy bien pienso yo, que no sea la decisión de la presidenta de Morena o de alguien del Comité Ejecutivo, sino que lo pongan en una comisión pues que valoren, me parece bien”, dijo durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional a pregunta sobre el tema. La mandataria federal, acotó, sin embargo, que por su cargo al frente del país no le corresponde hacer mayores valoraciones sobre lo que se decide en su partido; a la par destacó que se trata del instituto político que cuenta con el apoyo de la gente. “Morena es el partido que tiene el apoyo popular y tiene… hay mucha responsabilidad obviamente de la dirigencia de Morena de mantener ese apoyo popular. Y que todos los que venimos de Morena y gobernamos, pues hacer siempre un muy buen papel y estar cerca del pueblo para seguir avanzando en la transformación”, apuntó. El 20 de julio, el partido guinda realizará una sesión extraordinaria del Consejo Nacional, en la que se analizará la posible creación de una comisión evaluadora que se encargue de revisar los perfiles de personas, incluidos quienes militaron en otros partidos políticos, que busquen unirse al movimiento, así como consolidar la conformación de más de 71 mil comités seccionales. Nota tomada de: La Jornada

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La avioneta cargada con cocaína que ha provocado un conflicto entre García Harfuch y Bukele

Aeronave asegurada por autoridades mexicanas en Tecomán, Colima.Gobierno de México México asegura que la aeronave procedía de El Salvador, acusación que el mandatario del país centroamericano niega y exige que se rectifique Los Gobiernos de México y El Salvador se han enredado en un malentendido que podría escalar a un problema diplomático. En el centro de la disputa se encuentra una avioneta con un cargamento de media tonelada de cocaína que fue asegurada en México y que, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, provenía de El Salvador. El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, ha salido en tromba a negar que la aeronave procediera de su país y ha exigido a García Harfuch una rectificación pública, y de paso ha anunciado que llamará a consulta a su embajadora en México. Tras un cruce de mensajes entre ambos personajes estos días, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha llamado a zanjar el diferendo de una vez por todas. “Ya lo aclaró el secretario [García Harfuch], no hay que hacer un tema político de esto, ya lo aclaró y no vamos a polemizar sobre esto, porque además nunca hubo mala fe, sino sencillamente se aclaró el tema y ya, hasta ahí”, ha dicho en conferencia de prensa este jueves. El pleito se puede contar en actos. El pasado martes, García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana y el hombre fuerte de Claudia Sheinbaum en el combate al narcotráfico, informó en la conferencia Mañanera del aseguramiento de “una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína”. El funcionario dijo que fueron detenidas tres personas, sin dar detalles de su identidad, y estimó que el valor del cargamento ilegal era de 96 millones de pesos, más de cinco millones de dólares. García Harfuch precisó que la avioneta fue detectada a través del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (Cenavi) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El decomiso se realizó en Tecomán, municipio de Colima, un Estado del Pacífico mexicano, aunque el secretario no precisó la fecha. La tarde del miércoles, Bukele, que gobierna con un discurso de mano dura contra la inseguridad, lo que le ha traído altísimos niveles de popularidad en su país, salió a responder el informe de García Harfuch en un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de X. El mandatario salvadoreño no solo negó las afirmaciones del funcionario mexicano, sino que aportó muchos más detalles sobre la aeronave, su trayecto y la identidad de los tripulantes. El centro de su alegato era que, en todo caso, la avioneta provenía de Costa Rica, no de El Salvador. Bukele explicó que el gobierno costarricense detectó la aeronave el 3 de julio alrededor de las 13.00 y activó una alerta regional centroamericana. Según ese reporte, ha indicado el presidente, “la traza de la avioneta ingresó a Costa Rica, desapareció brevemente del radar y luego volvió a aparecer, saliendo hacia el Pacífico. Nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo dentro de nuestro espacio”. Bukele adjuntó en su publicación una imagen que, dijo, fue validada por la división del Comando Sur de Estados Unidos que “monitorea el tráfico aéreo ilícito en la región”. “En la imagen adjunta se visualiza claramente la ruta: muy al sur de El Salvador y Nicaragua, sin proximidad al espacio aéreo nacional”, precisó. “Su informe es claro: la aeronave sobrevoló el océano Pacífico y jamás tocó territorio salvadoreño”, añadió. El presidente derechista ha agregado en su publicación detalles de la identidad de los tripulantes y ha asegurado que todos son mexicanos. Se trataba, según Bukele, de Leonardo Alonso Parra Pérez, el piloto, originario de Guasave, Sinaloa; José Adán Jalavera Ceballos, el copiloto, de Chihuahua, y Felipe Villa Gutiérrez, de Morelia, Michoacán. “El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen. Exigimos al Gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata”, escribió Bukele. La noche del mismo miércoles, a través de X, el secretario García Harfuch detalló que la inteligencia aérea mexicana detectó, a las 13.00 del 3 de julio, “una traza de interés a 200 kilómetros al sur a la altura de San Salvador, El Salvador”, y también adjuntó una imagen de tráfico aéreo. El funcionario agregó que la Sedena ordenó el despegue de varias aeronaves oficiales para interceptar la avioneta, que finalmente aterrizó en una pista clandestina en Tecomán, Colima. García Harfuch confirmó que, “en efecto, los detenidos son de nacionalidad mexicana, mismos que están siendo procesados por diversos delitos”. El secretario agregó que México “respeta y aprecia al pueblo de El Salvador”, y defendió el compromiso del gobierno mexicano en el combate a la delincuencia organizada. La bronca no terminó ahí. Media hora más tarde, Bukele respondió en la misma publicación de García Harfuch en X. El presidente salvadoreño dijo que el nuevo informe del secretario omitía precisar que “no existe ningún indicio” de que la avioneta proviniera de su país, que “no se trataba de una aeronave salvadoreña ni contaba con tripulación salvadoreña”. “Podemos concederle el beneficio de la duda y entender que lo expresado en la conferencia de prensa pudo haber sido un malentendido, pero esperamos una aclaración más precisa”, pidió Bukele. El presidente salvadoreño, preocupado por disipar cualquier atisbo de narcotráfico al amparo de su Gobierno, que podría manchar su imagen de combate inflexible a las pandillas, añadió que “debe quedar absolutamente claro que no existe ni el más mínimo indicio de que esa aeronave haya partido de nuestro país, ni de que alguien en El Salvador esté vinculado con ese cargamento de droga”. Queda por verse si el intento de Sheinbaum por atajar el conflicto es suficiente para Bukele. Nota tomada de: El País

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Norma Piña y Hugo Aguilar se reúnen por primera vez para preparar la llegada de la nueva Suprema Corte

Norma Piña y Hugo Aguilar.Héctor Guerrero/Nayeli Cruz La presidenta actual y el titular electo sostienen un “diálogo cordial y fructífero” El presente y el futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han encontrado este martes por primera vez. Norma Piña, actual presidenta, y Hugo Aguilar, el titular electo, se han reunido en la sede del tribunal para lo que han denominado como “establecer las líneas de trabajo para dar continuidad al proceso de transición”. En un escueto comunicado, la Corte ha definido que se ha tratado de un “diálogo abierto, cordial, fructífero y con un ánimo de transparencia”. Aguilar ha afirmado a la salida del encuentro que van a hacer una “transición buena y tersa por el bien de México”. Piña y Aguilar son los rostros del antes y el después de la reforma judicial. El proyecto, ideado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutado por su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha tirado abajo la organización de la justicia en el país para reconstruirla entera en torno a la elección popular de los cargos judiciales. Piña, convertida en adversaria a la 4T en las mañaneras de López Obrador, representa lo que se va; y Aguilar, quien venció con más de seis millones de votos en la elección del 1 de junio, lo que llega. A mitad de camino, este encuentro. “Todo está en orden”, ha dicho el presidente electo que, sin dar más detalles, ha adelantado que se van a “constituir grupos de trabajo para ir avanzando”: “Vamos a estar trabajando de manera continua”. La SCJN ha señalado que el “compromiso” es “integrar equipos de trabajo que den certidumbre y justicia a las personas justiciables y a la sociedad mexicana”. Todavía no fijaron la fecha para la próxima reunión, pero Hugo Aguilar ha sostenido que “todo va a caminar”. El 1 de septiembre el máximo tribunal de México cambiará su composición casi por completo. Por un lado, el nuevo presidente de la Corte ya no será también el titular del Consejo Federal de la Judicatura (una institución que se parte ahora en dos: el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración), por lo que habrá funciones que Piña sí tenía y que no dependerán ahora de Aguilar. Además, la SCJN va a pasar de 11 a 9 integrantes. A excepción de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todos serán nuevos y todos fueron colocados en los acordeones que Morena repartía en la elección para dirigir el voto. El máximo tribunal también va a eliminar las dos salas, en las que resolvía la mayoría de los asuntos, para decidir todos los temas en conjunto en el pleno de la Corte. Este cambio impacta especialmente por el rezago que acumula la institución. La ministra Ortiz calculó que la nueva SCJN empezaría con más de 8.000 asuntos pendientes, con dos integrantes menos y la mayoría de ellos de nueva incorporación. En una entrevista con este periódico, Aguilar dijo estar todavía trabajando en cómo van a afrontar este aluvión de pendientes. La llegada de este abogado mixteco, de 52 años, a la cumbre de una de las instituciones más exclusivas de México ha agitado el avispero del racismo en el país. Las críticas se dispararon, por ejemplo, por su elección de llevar una toga bordada en vez de la toga tradicional. “La mayoría de los comentarios negativos hacia mí parten del hecho de que no sé, no sirvo, soy indígena. Eso solamente expresa racismo y clasismo”, contó el presidente electo a EL PAÍS: “Además de todos los retos que voy a encarar, también tengo el reto de mostrarle a todos que un indígena tiene la capacidad y el conocimiento para conducir la máxima instancia jurisdiccional de este país“. Nota tomada de: El País

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Peña Nieto y Pegasus: nuevas revelaciones confirman investigaciones periodísticas y falta de acción por parte del Estado

El sistema de justicia del Estado mexicano no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición, aseguró Leopoldo Maldonado, director de Artículo19. Luis Fernando García, fundador de R3D, y Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, analizaron en Aristegui En Vivo la nueva información publicada por el medio israelí The Marker, que señala que empresarios israelíes habrían entregado 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto para asegurar contratos de venta del software espía Pegasus durante su gobierno. García consideró que hay varios aspectos de lo publicado que resultan sumamente relevantes y destacó que “se hacen sugerencias de que los contratos estuvieron mediados por potenciales sobornos al presidente Peña Nieto”. Indicó que esta información debería haber sido investigada desde hace tiempo, pero “ha habido muchas resistencias tanto durante el gobierno de Peña Nieto como el gobierno anterior y hasta en el actual para llevar a cabo una investigación diligente”. Señaló que los documentos revelan posibles mecanismos de lavado de dinero a través de donativos a empresas u organizaciones israelíes. Además, destacó que se mencionan cuentas en Estados Unidos que podrían haber sido utilizadas para mover fondos, lo cual “potencialmente podría abrir la posibilidad de investigaciones en los Estados Unidos”. Asimismo, recordó que en ocasiones anteriores ya se ha discutido públicamente cómo figuras como Tomás Zerón o Jesús Murillo Karam recomendaron la contratación con las empresas vinculadas a Pegasus. “Sigue siendo información vigente. Si no es la justicia mexicana la que termine por esclarecer el asunto, no podemos decir que esté esclarecido de ninguna manera”, afirmó. El fundador de R3D sostuvo que incluso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se continuó con la contratación de estas herramientas de espionaje por parte del Ejército. “Una de las empresas de este mismo conglomerado, Comercializadora Antsua, también habría sido utilizada para la adquisición de licencias de Pegasus ya en el gobierno de López Obrador”, aseguró. Agregó que esa tecnología fue usada para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos. Finalmente, García subrayó que “las investigaciones informales que hemos hecho medios, organizaciones no gubernamentales e investigadores independientes han sido las que más han revelado”, y lamentó que instituciones con mayores recursos como la Unidad de Inteligencia Financiera no hayan actuado con mayor contundencia. Por su parte, Leopoldo Maldonado afirmó que esta nueva información “es un elemento importante de un cúmulo de pruebas que se han ido recabando a través de investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil”. Señaló que lo revelado en el arbitraje entre los empresarios israelíes se vincula directamente con lo declarado por el testigo protegido identificado como “Zeus”, quien desde 2019 ha colaborado en una de las carpetas de investigación. Maldonado explicó que Zeus testificó ante una autoridad judicial en 2023 sobre la participación de la red de empresas KBH y su vínculo con altos funcionarios mexicanos. Detalló que el operador técnico de esta red, Juan Carlos Rivera, es la única persona acusada formalmente hasta el momento, y no era funcionario público. De acuerdo con Maldonado, el testimonio de Zeus demuestra que los intermediarios en México “hacían trabajo sucio para altos funcionarios del gobierno mexicano”. Añadió que la misma fuente corroboró el espionaje cometido contra un integrante del gobierno de Peña Nieto, el doctor Manuel Mondragón. Sobre la actuación de las autoridades mexicanas, el director de Artículo 19 señaló que el sistema de justicia del Estado mexicano no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición. Afirmó que las investigaciones no han llegado a altos niveles de responsabilidad, ni siquiera en el caso de las denuncias interpuestas por las víctimas del espionaje durante el actual gobierno. En este contexto, criticó la reciente aprobación de reformas conocidas como “leyes espía”, al considerar que el Estado no ha demostrado tener voluntad para investigar los abusos del pasado. Nota tomada de: Aristegui Noticias

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Peña Nieto sale en tromba a desmentir el cobro de sobornos en la compra del malware Pegasus durante su Gobierno

Enrique Peña Nieto, en Ciudad de México, el 3 de febrero de 2015.Miguel Tovar (LatinContent via Getty Images) El expresidente priista niega desde el extranjero las revelaciones ventiladas en una disputa legal entre los proveedores del software espía La vida tranquila del expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) fuera de México ha sufrido un sobresalto. El periódico israelí The Marker ha señalado que el último presidente priista, que gobernó México entre 2012 y 2018, obtuvo sobornos millonarios de parte de los patrocinadores del polémico software de espionaje Pegasus. La revelación consta dentro de una disputa legal entre dos empresarios israelíes que se dirime en los tribunales de ese país. La acusación indica que, a cambio de los pagos, los empresarios obtuvieron importantes contratos en la Administración de Peña Nieto. El exmandatario ha negado los señalamientos, primero en su cuenta de X, que no usaba desde hacía meses, y luego en entrevistas, y ha precisado que no tuvo nada que ver en los procesos de contratación de proveedores de su gobierno. La revelación del diario israelí fue recogida por la prensa mexicana este fin de semana. La publicación indica que los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher (dueño de Grupo KBH, proveedor de Pegasus) recurrieron a un arbitraje para resolver sus diferencias sobre una “inversión” de 25 millones de dólares que hicieron en el expresidente Peña Nieto. Los documentos legales, según el reporte israelí, afirman que los empresarios acordaron que su relación con el exmandatario sería “un negocio conjunto”, a fin de obtener generosos contratos con el Gobierno mexicano, uno de ellos, la venta del malware Pegasus. La publicación señala que los empresarios se dividieron el acceso a las autoridades mexicanas, por lo que no queda claro si los 25 millones de dólares fueron directamente a parar a los bolsillos de Peña Nieto. La empresa israelí de ciberseguridad NSO Group, en el desierto de Aravá, el 11 de noviembre de 2021.Amir Levy (Getty Images) El expresidente, que divide su residencia entre España y República Dominicana desde que dejó el cargo, se ha apresurado a negar los señalamientos. “Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o tal proveedor, no es mi tarea”, ha señalado en una entrevista radiofónica en el programa de Ciro Gómez Leyva. El exmandatario ha negado conocer a Neriah y Ansbacher, y ha afirmado que sus negocios en México venían de antes de que él iniciara su sexenio. “Entiendo que son dos empresas que estaban constituidas antes de que yo asumiera la presidencia de la República, que prestaban ya servicios al gobierno anterior, seguramente continuaron con mi gobierno, no sé a qué grado, no sé qué hayan realizado, no lo sé, sinceramente no lo sé”, ha asegurado. La contratación de Pegasus por parte de México ha estado envuelta en enorme polémica. Oficialmente adquirido para labores de inteligencia y combate al crimen organizado, el programa, desarrollado por la firma israelí NSO Group, fue criticado luego de que se descubrió que fue utilizado para espiar ilegalmente los teléfonos de periodistas, defensores de derechos humanos y a políticos de oposición. La Fiscalía ha intentado procesar a los exfuncionarios que participaron en la adquisición del malware, objetivo al que se suman los señalamientos de corrupción en torno a la compra del programa. La organización Artículo 19 ha exigido a la Fiscalía investigar ahora el posible pago de sobornos a Peña Nieto y a los políticos de su entorno. Nota tomada de: El País

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«Inviertan en el país»: Sheinbaum a empresarios; se busca acelerar el Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el 4 de julio de 2025. Foto Presidencia “Inviertan en el país”. Ese fue el mensaje central que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió a los principales empresarios del país durante una reunión celebrada anoche en Palacio Nacional, en la que se discutieron medidas para acelerar la consolidación del Plan México frente al panorama de desaceleración económica global. “Hay muchas áreas de inversión donde ya tienen participación, pero hay otras en las que es importante que generen cadenas de valor con pequeñas y medianas empresas”, explicó la mandataria este viernes en su conferencia de prensa en Palacio Nacional. “En estos momentos, su compromiso con México debe notarse más”, añadió. A la reunión acudieron líderes del sector privado como Carlos Slim (Grupo Carso), Daniel Servitje (Grupo Bimbo), Antonio Chedraui (Grupo Comercial Chedraui), Guadalupe de la Vega Arizpe (Grupo de la Vega), Salvador Daniel Kabbaz (Fibra Danhos) y Juan Pablo del Valle (Orbia), además de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Sheinbaum destacó que la economía mexicana mantiene estabilidad, con un peso fuerte y finanzas públicas sanas. Detalló que este año se ejercerá una inversión pública cercana a los 800 mil millones de pesos, además de una cifra similar destinada a programas de bienestar. Sin embargo, subrayó que “es muy importante que se potencie la inversión privada”. La presidenta señaló que su gobierno mantiene diversas mesas de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para atender temas como energía, simplificación de trámites y atracción de inversiones. Los empresarios, dijo, expresaron preocupación por la lentitud en la emisión de permisos, por lo que el Ejecutivo buscará facilitar estos procesos “dentro del marco de la ley”. Al ser cuestionada sobre la reciente caída en el índice de confianza del consumidor —de 1.1 por ciento mensual y 2.2 por ciento anual, según datos del Inegi—, Sheinbaum aseguró que no hay señales de debilidad en el consumo interno. “Es parte de esta situación que vivimos con Estados Unidos, pero no hay un problema de consumo en el país. Incluso ayer lo mencionaron ellos”, sostuvo en referencia a los empresarios. Nota tomada de: La Jornada

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Casa Azul y corrupción: La postura de Claudia Sheinbaum frente a la controversia involucrando a Diego Sinhue Rodríguez

Diego Sinhue Rodríguez, exgobernador de Guanajuato, está envuelto en una polémica por una residencia en Texas valorada en más de un millón de dólares. La Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la controversia sobre la “casa azul” de Diego Sinhue Rodríguez, exgobernador de Guanajuato. La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se refirió a la reciente controversia que involucra a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, exgobernador de Guanajuato, en torno a una residencia en The Woodlands, Houston, Texas, bautizada como “la casa azul”. Durante una conferencia mañanera, Sheinbaum afirmó que, de comprobarse que la casa que ocupa Rodríguez Vallejo pertenece a una empresa con la que él otorgó contratos durante su mandato, se trataría de un caso de corrupción. Posición de Claudia Sheinbaum Sheinbaum destacó que el Gobierno federal no tomará medidas por iniciativa propia para investigar este caso. En lugar de ello, urgió a Rodríguez Vallejo a que aclare la situación. La Mandataria argumentó que las fiscalías federales y estatales, así como la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de Guanajuato, son las autoridades competentes para llevar a cabo las indagatorias pertinentes. Específicamente, Sheinbaum mencionó que la Fiscalía de Guanajuato, la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría Superior de Guanajuato podrían investigar este caso debido al nexo existente entre los contratos de seguridad otorgados a la empresa Seguritech y la residencia de Rodríguez Vallejo en Texas. El Caso de la “Casa Azul” Según informes de investigaciones realizadas por el laboratorio periodístico POPLab y la plataforma CONNECTAS, la residencia en cuestión, valorada en más de un millón de dólares, pertenece a Daniel Ezquenazi Beraha, gerente de Seguritech, una empresa que firmó contratos por más de 2 mil 800 millones de pesos durante el mandato de Rodríguez Vallejo. Estos contratos incluían la instalación y operación de sistemas de cámaras y seguridad en Guanajuato. Contradicciones y cuestionamientos Rodríguez Vallejo, quien inicialmente negó tener planes de abandonar México y afirmó que su familia vivía en viviendas rentadas, ahora enfrenta críticas y cuestionamientos por la revelación de que reside en una casa millonaria en Estados Unidos. Aunque el exgobernador ha negado ser el propietario de la propiedad, reconoció que su esposa e hijas residen allí mientras asisten a estudios en Estados Unidos. La compra de la propiedad por parte de DAI LLC, con Daniel Ezquenazi Beraha como gerente, ha levantado sospechas sobre posibles vínculos entre Rodríguez Vallejo y empresarios locales. La relación entre el político y Seguritech, una empresa con la que firmó contratos multimillonarios durante su mandato, ha sido objeto de escrutinio. Posibles escenarios de investigación Sheinbaum dejó claro que el Gobierno federal no intervendrá directamente en este caso. En cambio, sugirió que las fiscalías federales y estatales, junto con las auditorías correspondientes, deben abordar la investigación. También mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría intervenir si encuentra indicios de lavado de dinero o financiamiento ilícito, aunque esto depende de las investigaciones que ya estén en curso. La Presidenta enfatizó que, si se comprueba que la casa pertenece a una empresa con la que Rodríguez Vallejo otorgó contratos, se trataría de un caso de corrupción. Sin embargo, subrayó que es responsabilidad de las autoridades competentes determinar si hay suficiente evidencia para abrir una investigación formal. Nota tomada de: El Imparcial

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