‘Narco’, lavado, turismo, cobro de piso, minería y ‘huachicol’, musculos financieros del ‘CJNG’

Miembros de la Guardia Civil de Michoacán patrullan una carretera con el apoyo de vehículos blindados tras una ola de violencia en la localidad de Aguililla, cuna del narcotraficante Nemesio Oseguera. Investigaciones demuestran que el CJNG es mucho más que un cártel de drogas. Foto Afp El tráfico de drogas y el control territorial fueron la semilla, pero el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está lejos de ser una organización criminal sólo dedicada al trasiego de estupefacientes, la extorsión y el sicariato. Con un esquema de franquicias, el imperio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se extiende a actividades que van desde la comercialización de minerales hasta los servicios de esparcimiento que se mezclan con la “economía formal”. De acuerdo con documentos del Tesoro estadunidense e información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), este cártel consolidó un esquema de lavado de dinero convertido en inversiones turísticas, restauranteras, inmobiliarias, mineras, agrícolas y financieras, entre otras. Apenas en 2018 se señalaron sus conexiones con promotores de palenques y ferias. Con base sólo en las sanciones emitidas por las agencias del Tesoro –la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)–, difundidas en comunicados de prensa, en la década reciente al menos 109 empresas han sido sancionadas por sus vínculos con el CJNG. Y en México, hasta 2023, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó, vía transparencia, que mantenía bloqueadas las cuentas de 199 empresas vinculadas al CJNG, las cuales incluyen farmacéuticas, empresas distribuidoras de autos, inmobiliarias, constructoras, servicios financieros y tequileras. Gran parte de esas cuentas bloqueadas provienen de la operación Agave Azul, anunciada en 2020, en la que se congelaron mil 939 cuentas bancarias, pertenecientes a mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos, y que se rastreaban hasta la Ciudad de México, Michoacán, Baja California, Nayarit, Sinaloa, Colima, León y Querétaro. Tres años después de esa operación, que tocaba la médula financiera del CJNG en al menos ocho estados del país, la UIF informó en documentos de transparencia que se mantenían congeladas las cuentas de mil 478 objetivos (mil 313 personas y 163 empresas), con mil 47 millones 612 mil 648.93 pesos en ellas. Infiltración de “industrias legítimas” Más allá de la mayor participación del CJNG en “actividades no relacionadas con el narcotráfico, como el robo de gasolina, las extorsiones y los fraudes inmobiliarios”, para diversificar las fuentes de ingresos del narco y proteger sus activos frente a alguna incautación, en su más reciente Evaluación Nacional la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) destacó la creciente “infiltración en industrias legítimas”. El negocio más rentable para el CJNG no deja de ser el tráfico de drogas, pero, dada su naturaleza, las cifras terminan en estimaciones. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), en su Informe Mundial sobre las Drogas más reciente, los flujos financieros por el tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina promediaron 12 mil 100 millones de dólares por año en México. Y, más allá de estimaciones, sólo en 2024 FinCEN identificó aproximadamente mil 400 millones de dólares en transacciones sospechosas ligadas a la cadena de suministro de fentanilo, en la que el CJNG es señalado por tener una participación importante. En lo que hace al contrabando de combustible (también llamado huachicol fiscal), la segunda actividad que más recursos genera a los cárteles de la droga, las agencias estadunidenses han señalado que en cada operación se mueven alrededor de 5 mil millones de dólares y que las ganancias para los integrantes del crimen organizado que operan en ellas alcanzan los 5 millones de dólares. Ya en una suerte de mezcla con la “economía formal”, el gobierno de Estados Unidos reportó que entre 2019 y 2024 más de 6 mil estadunidenses perdieron 350 millones de dólares al verse entrampados en complejos turísticos promovidos por la organización, debido a fraudes de tiempo compartido, sobre todo en desarrollos ubicados en Puerto Vallarta y destinos turísticos aledaños. Desde julio de 2024, FinCEN alertó sobre estos esquemas de fraude en tiempos compartidos –que implican el derecho de usar un espacio vacacional de manera recurrente–, y las sanciones acumuladas han salpicado a agencias turísticas, centros comerciales, empresas de publicidad, desarrollos residenciales, inmobiliarias, gasolineras y restaurantes, sobre todo en destinos turísticos de Jalisco y Nayarit. En lo que hace a los minerales, la Unodc consigna sólo un caso: el CJNG orquestó “una sofisticada y muy rentable operación de contrabando de mercurio”. Entre 2019 y 2025 envió alrededor de 200 toneladas de este mineral, extraído en Querétaro, a diversos países, entre ellos Perú, Colombia y Bolivia, para usarse en minería ilegal de oro, lo que le ha reportado ingresos estimados en 8 mil millones de dólares. La Unodc consigna que el cártel no sólo controla y explota minas, sino que logró mover el mercurio haciéndolo pasar por materiales de construcción o piedras decorativas, a través de una laxa regulación en los despachos aduanales; y es que tanto el contrabando de combustible como el de minerales pasan por el control de infraestructura clave. Según las agencias estadunidenses, el CJNG mantiene operaciones en el puerto de Manzanillo, el más grande de México. Y no deja de disputarse el de Lázaro Cárdenas con la Nueva familia michoacana, debido a la importancia de este último para la importación de precursores químicos provenientes de China, reportó la DEA. Además de la infraestructura física, está la financiera, que también opera a nivel trasnacional. Según los organismos internacionales, el brazo financiero del CJNG, Los Cuinis, ha perfeccionado el uso de redes chinas de lavado de dinero, plataformas de intercambio de criptomonedas, contrabando de grandes cantidades de efectivo y el comercio exterior para lavar el dinero del tráfico de drogas. La DEA identifica al CJNG como un sistema de franquicias cuyos grupos adoptan el nombre del cártel en relaciones mutuamente beneficiosas, es decir, como una especie de permiso para ocupar “la marca”. Según la misma agencia, el cártel, hasta el domingo liderado por El Mencho, cuenta…

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La UIF bloquea cuentas de personas y empresas ligadas con «Los Mayos»

Descripción automáticaCreditos automáticos La Unidad de Inteligencia Financiera realizó un total de 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes que fueron señalados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y su relación con la facción del Cártel de Sinaloa, «Los Mayos». La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que realizó un total de 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes que fueron señalados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y su relación con la facción del Cártel de Sinaloa, «Los Mayos». En total, la UIF señaló que realizó el bloqueo a siete personas físicas 7 y 15 personas morales, en medio de la visita a México de John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro estadounidense. “Derivado de la designación de Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, por su sigla en inglés), y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo”, indicaron la UIF y la SHCP en un comunicado conjunto. El martes, la OFAC hizo pública la lista de personas sancionadas por presunto lavado de dinero, en donde se designó a cinco personas y 15 empresas con relación a la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, quienes operan al sur de México, en la frontera con Estados Unidos. Entre los nombres listados, está el de Hilda Araceli Brown, diputada de Morena. Entre los nombres también están Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, quienes trabajan con Jesús González Lomelí, también señalado y quien de acuerdo con la OFAC es un magnate empresarial con sede en Rosarito, Baja California, y quien es un operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa. “(Ayuda) a llevar a cabo las las operaciones del cártel en la zona. González es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México. González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otros altos funcionarios del cártel, incluyendo a El Ruso”, indicó el gobierno estadounidense. Medida preventiva La UIF señaló que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, con el fin de evitar que los recursos de procedencia ilícita sean introducidos en la economía nacional. Nota tomada de: El Economista

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¿Afecta a los clientes? 6 claves sobre las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector por presunto narcolavado

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero a favor de cárteles. Las entidades lo niegan y el gobierno de México exige pruebas. Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusándolos de facilitar operaciones financieras vinculadas con cárteles del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Según el informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN, estas entidades habrían participado en la transferencia de fondos y compra de precursores químicos para producir fentanilo, así como en operaciones de lavado de dinero mediante empresas fachada en México, China y otros países de Asia. 1. ¿Cuáles son los señalamientos contra cada institución? Según el Tesoro estadounidense, Vector Casa de Bolsa habría procesado transacciones vinculadas con Genaro García Luna y recibido depósitos de supuestas mulas del Cártel de Sinaloa. Además, se le acusa de facilitar pagos a empresas chinas involucradas en el envío de químicos. Por su parte, acusa a CIBanco de haber tramitado más de 40 transferencias por más de 200,000 dólares para una empresa ligada al tráfico de precursores, además de ayudar en la creación de una cuenta presuntamente usada para lavar 10 millones de dólares. Intercam Banco, por su parte, habría realizado más de 850,000 dólares en operaciones con compañías chinas relacionadas con opioides. También se le señala por encuentros con miembros del CJNG para supuestamente pactar esquemas de lavado. 2. ¿Qué dicen los bancos involucrados? Las tres instituciones han rechazado los señalamientos. Vector afirmó que ha operado por 50 años bajo estándares de cumplimiento normativo y que las operaciones señaladas fueron con empresas legalmente constituidas. CIBanco aseguró que no mantiene relación con actividades ilegales y que los recursos de sus clientes están protegidos conforme a la ley. Intercam también negó las acusaciones y aseguró que actúa conforme a todas las normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 3. ¿Qué dice el gobierno mexicano? La presidenta Claudia Sheinbaum exigió al Departamento del Tesoro pruebas contundentes para poder actuar. Señaló que, hasta el momento, no se ha recibido evidencia más allá de «dichos» y que los informes enviados por Estados Unidos contienen información “general” y no concluyente. Afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han detectado únicamente faltas administrativas, ya sancionadas. Subrayó que no se protegerá a nadie, pero reiteró que sin pruebas no se puede actuar legalmente. 4. ¿Los clientes se verán afectados? Hasta ahora, no hay indicios de que las operaciones bancarias cotidianas de los clientes de CIBanco, Intercam o Vector estén comprometidas. Las entidades siguen operando con normalidad, y el gobierno mexicano ha garantizado la protección del ahorro conforme a la ley. Las sanciones de Estados Unidos se enfocan principalmente en la restricción de operaciones internacionales con dichas instituciones, especialmente en lo relacionado con transferencias sospechosas, no en las cuentas personales de usuarios regulares. 5. ¿Estados Unidos proporcionó al gobierno mexicano pruebas de lavado de dinero? Hasta el momento, no. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Departamento del Tesoro no ha enviado pruebas específicas que demuestren el supuesto lavado de dinero por parte de las instituciones señaladas. Indicó que el gobierno mexicano recibió únicamente una comunicación general con señalamientos confidenciales, pero sin evidencia directa. “No se puede actuar sin pruebas contundentes”, sostuvo la mandataria. Las autoridades mexicanas, incluidas la CNBV y la UIF, han iniciado revisiones internas, pero por ahora solo han encontrado faltas administrativas que ya fueron sancionadas en su momento. 6. ¿En qué otras investigaciones ha participado el FinCEN? La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) tiene un largo historial en la detección de operaciones sospechosas relacionadas con el crimen organizado. Ha participado en investigaciones globales como los Panama Papers y los FinCEN Files, que revelaron cómo bancos internacionales permitieron transacciones de origen dudoso por miles de millones de dólares. En América Latina, ha colaborado en casos como el del exsecretario mexicano Genaro García Luna y en el monitoreo de flujos financieros ligados al narcotráfico, corrupción y terrorismo. Su señalamiento de tres entidades mexicanas se inscribe dentro de esta estrategia de vigilancia transfronteriza enfocada en el combate al lavado de activos. Nota tomada de: El Economista

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