espectáculos

Shakira durante la edición 24 de los Latin Grammy en Sevilla, España, en noviembre de 2023. Afp Después de ocho años de batalla legal, con un impacto mediático del tamaño de la popularidad de la cantante, finalmente la colombiana Shakira ganó en los tribunales a la hacienda pública española, que tendrá que devolverle 60 millones de euros (mil 260 millones de pesos), según una sentencia firmada por los magistrados de la Audiencia Nacional y en la que todavía hay posibilidad de presentar un recurso de anulación. El meollo de la cuestión, según explica la propia resolución, es que finalmente el fisco español, representado por la Abogacía del Estado, no pudo probar que la cantante había permanecido o vivido en España durante 183 días en 2011, lo que le hubiera acarreado la imposición fiscal que le exigían mediante las inspecciones y resoluciones judiciales. Esta sentencia, ya en firme, cancela la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central del 22 de julio de 2021 contra la cantante, relativa al impuesto sobre la renta de las personas físicas e impuesto sobre el patrimonio (IRPF) del ejercicio 2011. En el fallo, el alto tribunal declaró que la resolución, que fue impugnada por la artista colombiana, no se ajusta a derecho. Sin embargo, la Agencia Tributaria española no se dará por vencida e instará a la Abogacía del Estado a que recurra la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo, la última instancia judicial en este tipo de controversias. “Mensaje amenazante a los contribuyentes” Al conocer la noticia, la propia Shakira señaló en las redes sociales que “después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y el bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto. Se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”. De momento la Audiencia Nacional anuló la resolución y acordó la devolución de las cantidades ingresadas, más los intereses legales, con imposición de las costas a la Administración, con lo que la cantidad que le tendrán que devolver a la cantante es de algo más de 60 millones de euros, según su defensa. Aunque todavía cabe el recurso de anulación, que podría dilatar aún más el archivo definitivo del caso. La resolución está firmada por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso, que considera que la Administración no ha acreditado que la cantante permaneciera en España durante 2011 más de 183 días, tal y como exige la ley en relación con el domicilio fiscal que se determina a la hora de tributar en el IRPF. Los magistrados sostienen en la resolución, de la cual tiene una copia La Jornada, que la estancia en España de Shakira “fue de 163 días y la Administración no ha probado, por tanto, que la cantante tuviera el núcleo de intereses económicos en nuestro país, en los términos establecidos en el mencionado artículo”. Al conocer la noticia, el abogado de Shakira, José Luis Prada, emitió un comunicado en el que asegura que el proceso “ha sido el ejemplo más flagrante de la presión que la Hacienda española ha ejercido sobre la cantante, a pesar de que todas las evidencias demostraban que era materialmente imposible que la cantante pasara en España el tiempo legal exigido. En 2011, Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países distintos. No tenía en España casa ni hijos, ni tuvo nunca su centro de negocios en este país; y aun así, la AEAT la persiguió y la obligó a pagar por todas las ganancias de dicha gira sin tener en cuenta sus gastos, resultando en grandes pérdidas y una persecución injusta e infundada con terribles consecuencias para ella”. En los últimos años se han registrado casos similares al de Shakira, en los que tras una dura batalla legal finalmente les dio la razón la justicia frente a las exigencias de la Agencia Tributaria española. Así ocurrió con el ex futbolista y entrenador Xabi Alonso, al que se acusaba de tres delitos fiscales por más de 2 millones de euros, que después fueron archivados y exonerados; la actriz Ana Duato, absuelta tras un largo proceso judicial en el que se llegó a pedir una pena de 32 años de cárcel; o el del ex piloto Sito Pons, también absuelto tras ser acusado de un delito fiscal de 15 millones de euros y una pena de cárcel de 24 años; el piloto de MotoGP Dani Pedrosa, acusado de un delito fiscal de 3 millones de euros que después de ser absuelto se los tuvo que devolver con intereses la Hacienda española, o el ex futbolista Gerard Piqué (ex pareja de Shakira), acusado de un delito de fraude en sus derechos de imagen de más de 2 millones de euros, que posteriormente fue declarado inocente. Nota tomada de: La Jornada