Aprueban ley para regular uso civil de armas para defensa personal

La iniciativa contra la portación de armas de fuego fue presentada durante el último año de gobierno del expresidente López Obrador. Tras su aprobación ya se turnó al Senado para su discusión y votación. [Fotografía. Víctor Chávez] La Cámara de Diputados aprobó sanciones de hasta 30 años de cárcel por traficar o introducir armamento al país. Por unanimidad, con 476 votos a favor de todos los partidos políticos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que endurece las penas y sanciona hasta con 30 años de cárcel al que trafique e introduzca armas al país. Al mismo tiempo, debido a la ola de violencia del crimen organizado, se facilitan los permisos para tener un arma en el domicilio y defender sus bienes de los delincuentes. También permite “el uso de armas en áreas estratégicas y de seguridad pública como empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos, entre ellos, Pemex, CFE, Banxico, Casa de Moneda y el SAT, para que quienes pertenezcan a estas empresas puedan portar armas de fuego para funciones de seguridad”. Aunque sólo dos diputados del PRI votaron en abstención, todos los grupos parlamentarios reconocieron el “fortalecimiento del control sobre la posesión de armas”, “el derecho a la legítima defensa dentro del ámbito doméstico”, las “medidas eficaces para combatir las correas del crimen organizado”, las “campañas educativas a nivel nacional para sensibilizar a la población”, entre otros detalles. Con diversas modificaciones, quedó avalada la iniciativa que dejó en su último año de gobierno el expresidente López Obrador, y se turnó al Senado para su discusión y votación. La nueva normativa permite que paraestatales u organismos como Pemex, CFE, Banxico, Casa de Moneda y el SAT puedan utilizar armas de fuego por motivos de seguridad. [Fotografía. Cuartoscuro] ¿Cuáles son las sanciones por introducir armas de fuego a México? El dictamen establece que “se impondrá de 7 a 30 años de prisión y multa de doscientas cincuenta a dos mil veces el valor diario de la UMA a la persona que participe en la introducción de armas al territorio nacional de forma ilícita, de aditamentos para convertir armas semiautomáticas en automáticas, así como armas y cargadores reservados para el uso exclusivo de la Fuerza Armada”. También se asegura el derecho legítimo de las comunidades ejidales y comunales a la posesión responsable de armas para fines lícitos, estableciendo los calibres con precisión y se prohíbe que militares retirados puedan usar armas de su propiedad para dar servicios de seguridad privada. Destaca que se aplicarán penas de 7 a 15 años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA, a las personas que dispongan indebidamente de las armas de las instituciones policiales y de procuración de justicia federales, estatales, de la Ciudad de México, de las alcaldías o de la Fuerza Armada. Nota tomada de: El Financiero

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Sheinbaum propone descalificar a candidatos a juzgadores ligados con delincuentes

La presidenta de la República aclaró que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien decidirá al respecto. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que, de haber pruebas en su contra por presuntos nexos criminales, los candidatos a juzgadores que contenderán en la elección del próximo 1 de junio podrían ser descalificados. Durante su conferencia de prensa matutina habitual ofrecida en Palacio Nacional, dijo a pregunta específica, sin embargo, que la decisión al respecto compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Depende de la Sala Superior del Tribunal… Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la Licenciatura, pues puede ser presentada (la denuncia), y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona, pero tendrían que presentarse, pues, todas las pruebas de que es así», dijo la primera mandataria. “Pero hasta ahora, quien tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral», respondió Sheinbaum Pardo. La víspera, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, opinó también que la eventual descalificación de candidatos defensores de narcotraficantes debe realizarse antes de la elección. Los magistrados del TEPJF, dijo, “no deberían esperar a que haya sido la elección, creo que debería retirársele el registro a quienes no cumplen». “Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos, acreditado, con una conducta sistemática», dijo, se cuele. “Entonces, yo creo que debería ser antes de la elección cuando tomen esas determinaciones». Previamente, admitió: «Sí, hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder (a juzgadores federales). No deberían participar. No cumplen con la exigencia constitucional de probidad». Nota tomada de: El Economista

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El crimen organizado en México está tan extendido que ya controla la distribución del 13% de los productos

No es sorpresa que el tema del narcotráfico y seguridad es un problema que aqueja a México desde hace años. Noticias de gran impacto como el Culiacanazo o las repercusiones de la detención de Ismael «El Mayo» Zambada en el norte del país, se han vuelto «el pan de cada día» en la vida de los mexicanos. A esto se suman los pequeños daños colaterales, que incluso han logrado cambiar los hábitos entre la población como utilizar teléfonos falsos para entregar en un asalto. Además, un punto un tanto más complicado: el control en operaciones de empresas por parte del crimen organizado. ¿De qué se trata? El problema es el siguiente: al menos el 13% de las empresas en México considera que las bandas criminales se han hecho con el control de sus productos alrededor del país. Los datos provienen del Sondeo de Seguridad Empresarial realizado por la American Chamber México. Esta Cámara de Comercio incluye entre sus miembros a grandes corporaciones como Amazon, American Express, AT&T, Coca-Cola, PepsiCo, HP y FedEx, entre otras. Las respuestas fueron proporcionadas por altos ejecutivos con un 26% de CEOs incluidos y un 52% de participantes con cargos directivos. Por lo tanto, los resultados provienen de quienes están al frente de grandes compañías que, en resumen, han proporcionado números preocupantes: A pesar de estar en el último puesto, el tema con la venta y distribución de productos ha aumentado al 15% en comparación de 2021. De hecho, un 12% de las empresas perciben que el crimen organizado ejerce un control parcial sobre este rubro incluida la fijación de precios. Además, el robo de mercancía en tránsito se mantiene a la alza como otra gran amenaza con un 54%. Mientras tanto, la extorsión le sigue el paso con un 53% de preocupación. Así, el “derecho de piso” se perfila en una de las modalidades de inseguridad más prevalentes. Las entidades «al rojo vivo». El informe también ha revelado los lugares donde las empresas perciben mayor inseguridad, los cuales coinciden con las zonas donde se concentra la mayoría de las organizaciones. Aunque la lista es similar a la de 2021, presenta algunos cambios significativos. Uno de los casos más destacados es el de la Ciudad de México, que ha salido del top 3 de los lugares que generan mayor preocupación y ahora ocupa el séptimo lugar en la lista. Caso contrario con Guerrero que de no aparecer en 2021, la criminalidad lo posicionado como el octavo estado donde más preocupa la seguridad. No obstante, se mantiene una constante con otras entidades como el Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, estos tres últimos catalogados como «paraíso del crimen». El contraste. Por otro lado, Baja California y Yucatán encabezan el listado donde la delincuencia genera menos preocupación entre las empresas. Coinciden con zonas que tienen una menor concentración de grandes corporaciones en comparación con la lista anterior. Cuestión que no es sorpresa, dado que el estado peninsular se ha destacado como el «más seguro» desde hace años. ¿Y la policía? La desconfianza en las fuerzas de seguridad en México es evidente y varía según el nivel de autoridad. El 75% de las empresas expresa poca o ninguna confianza en la policía municipal, el 67% en la judicial y el 29% en la estatal. En pocas palabras: una preocupación generalizada sobre la efectividad de estas instituciones. Esta falta de confianza ha llevado a muchas empresas a buscar soluciones alternativas, como la contratación de servicios de seguridad privada. El informe destaca que el 59% de las empresas cuenta con un Departamento de Seguridad Corporativa, y varias páginas del documento están dedicadas a la promoción de empresas de protección privada. Migración de empresas. A tal grado ha escalado la situación que al menos un 17% de las compañías ha reducido sus inversiones en el país, mientras que un 9% ha trasladado sus operaciones a estados más seguros. Incluso hay casos de compañías que han abandonado México por completo. Además, destaca que el 21% de las empresas ha suspendido operaciones en algún estado debido a los problemas de seguridad. Como se puede observar, y a resumidas cuentas, los datos preocupan al momento de hacer llegar los productos al cliente final. Datos que ponen en jaque a México y su potencial de convertirse en un punto estratégico como puerta de entrada para el comercio entre China y Estados Unidos. Nota tomada de: Xataka México

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