EU sanciona empresas fachadas y altos mandos presuntamente vinculados al cártel del Noreste

Las sanciones del Tesoro implican que todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados bajo jurisdicción de Estados Unidos, en poder o bajo el control de estadunidenses, quedan bloqueados. Foto: @USTreasury El gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra casinos, empresas y personas presuntamente vinculados con el cártel del Noreste (CDN), que opera en el norte de México. “La administración Trump está sancionando a altos mandos y a empresas fachada vinculadas al cártel del Noreste, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos. Mantenemos nuestro compromiso de proteger nuestra patria, detener el tráfico de drogas letales y desmantelar las organizaciones narcoterroristas en nuestro hemisferio”, escribió el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un mensaje en X. «Seguimos comprometidos con la protección de nuestro país, con la lucha contra el tráfico de drogas letales y con el desmantelamiento de las organizaciones narcoterroristas en nuestro hemisferio”, aseguró. Uno de los establecimientos, Casino Centenario, está situado en la localidad de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, a apenas 3.2 kilómetros de la frontera estadunidense, detalló el Departamento del Tesoro en un comunicado. Casino Centenario es regentado por Comercializadora y Arrendadora de Mexico (CAMSA) y es utilizado por el cártel del Noreste como «casa de seguridad de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego», aseguró el texto. Otro de los sancionados es Diamante Casino, ubicado en la ciudad de Tampico (Tamaulipas). La lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) también incluye a Eduardo Javier Islas Valdez, Crosty, como operador del cártel, supuestamente encargado de cruzar a migrantes indocumentados a través del Río Grande hacia Texas. Además, está el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, por su trabajo vinculado al CDN, como defensor entre otros del capo Miguel Angel Trevino Morales, Z-40. Su trabajo va «más allá de una relación normal entre un abogado y su cliente», afirmó la OFAC. Jesus Reymundo Ramos Vázquez, señalado por ser asociado al CDN, también fue sancionado. «Bajo el disfraz de activista de derechos humanos, Ramos se dedica exclusivamente a defender a violentos miembros de cárteles, presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN que han muerto o han sido detenidos», denunció el Tesoro. Las sanciones del Tesoro implican que todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados bajo jurisdicción de Estados Unidos, en poder o bajo el control de estadunidenses, quedan bloqueados. El CDN fue declarado «organización terrorista» por Washington en febrero del año pasado. Nota tomada de: La Jornada

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Estudiantes y personas de bajos ingresos usados para lavar dinero de casinos: Harfuch

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que los casinos que operaban de forma irregular se identificaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, estado de México, Chiapas, y Ciudad de México. Foto Cuartoscuro / Archivo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la identificación de 13 casinos usados para lavar dinero -entre ellos dos de Grupo Salinas- derivó de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades trasnacionales. En un video de la dependencia su cargo, se explicó que usaron empresas fachada y como intermediarios a estudiantes y personas con ingresos bajos o sin actividades económicas detectables para realizar movimientos que simularon operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección. García Harfuch explicó que un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sustentado en integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria, “permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito”. Detalló: “casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros; casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia”. Asimismo, “casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional. Indicó que a partir de estos hallazgos “inicia una nueva etapa de prevención; la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes -Secretaría de Hacienda y Procuraduría Fiscal- desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos, basados en inteligencia artificial, y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales, antes de que generen un daño al sistema financiero. Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente”. Resaltó que estos establecimientos de juegos, sorteos físicos y virtuales operaban de manera irregular en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, estado de México, Chiapas, y Ciudad de México. “El trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad, en estrecha coordinación con la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales, y vínculos financieros, transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó. Dijo que analizaron casinos físicos, y virtuales, “un sector que por su naturaleza realiza de manera intensiva efectivo y transacciones digitales, lo que presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”. Indicó que la Procuraduría Fiscal de la Federación, analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria, asociada a estas operaciones; la Unidad de Inteligencia Financiera, integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo, que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas, actividades ilícitas”.  Señaló que hay colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que “permite fortalecer la capacidad del Estado Mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras, transnacionales, utilizadas por grupos para lavar dinero”. Además, “contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares, y recomendaciones del grupo de acción financiera internacional durante los últimos meses”. Subrayó que el trabajo “se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en materia de prevención y combate a lavado de dinero y derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas”. Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario; presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y delitos conexos; suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales”. Igualmente, “bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales, bloqueo de cuentas bancarias, vinculadas a operaciones irregulares”. Afirmó que mediante “un enfoque coordinado, analítico y prospectivo garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad, y transparencia”. En el video de la SSPC se explicó que estas empresas seguían tres tipos de patrones: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país y operaciones digitales, que incluían transferencias, y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. Los recursos provenientes de actividades ilícitas “se introducían al casino mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados como consultorías o donativos para incorporarlos al sistema financiero; uso de empresas fachada y transferencias. “Posteriormente, el dinero se movía entre empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias. También se realizaron transferencias internacionales, destinadas a proveedores o intermediarios con el fin de dificultar el rastro del origen de los recursos”. Además, usaron intermediarios de bajo perfil, “como estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividades económica identificable para realizar movimientos que simulen operaciones, legítimas, reduciendo así el riesgo de detección”. También, “retorno del dinero al beneficiario, de cheques, pagos por supuestos servicios o compras, verificables, dando apariencia de ingresos lícitos”. Nota tomada de: La Jornada

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