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Trabajadores del Poder Judicial de México protestan frente al edificio del Consejo de la Judicatura Federal, en Ciudad de México, el 19 de agosto de 2024.Paola Garcia (REUTERS) Un frente opta por la huelga, a la que se suman jueces y magistrados, mientras el sindicato mayoritario exhibe los “logros alcanzados” para la protección de sus derechos La reforma al Poder Judicial ha dividido a los trabajadores de este sector. El sindicato Renovación, una de las agrupaciones gremiales, inició un paro de labores el primer minuto de este lunes; desde otro flanco la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Distrito de todo el país, que representa a unos 1.400 ha aprobado por mayoría de votos unirse a la huelga a partir del 21 de agosto. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (STPJ), la mayor representación, con 32.000 agremiados de los 55.000 trabajadores judiciales se mantienen al margen de los paros, mientras hace públicas presuntas amenazas y presiones a empleados para unirse a la protesta contra su voluntad. Paralelamente, han sostenido que sus propuestas para garantizar el respeto de los derechos laborales han sido integradas en el proyecto de dictamen que se discutirá la próxima semana en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y lo han calificado como “logros alcanzados”. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, le ha restado importancia a la protesta. Las imágenes de los empleados clausurando simbólicamente sedes del Poder Judicial en al menos 16 Estados del país los primeros minutos del 19 de agosto han ocupado los titulares de los medios de comunicación nacionales. A la protesta se ha unido la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), con 1.204 votos a favor de un total de 1.403 juzgadores, que ha secundado un paro indefinido este miércoles 21 de agosto, hasta que se logre el diálogo con el Congreso y con López Obrador. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la sesión de ministros programada para este martes, por un encuentro de carácter privado. López Obrador ha despreciado la protesta. Un día después de considerar que los trabajadores que han parado labores “servirán de paleros”, ha dicho que esta interrupción en el sistema judicial, salvo casos urgentes, “a la mayoría de los mexicanos no les va a importar, yo les diría con toda franqueza y respeto que hasta nos va a ayudar”, dijo en referencia a su propuesta de reforma juducial. El presidente sostiene, por un lado, que están en su derecho de irse a huelga, y por otro, refiere que es ilegal y no tendrá repercusiones en la discusión del dictamen. rabajadores sindicalizados del Poder Judicial se reúnen fuera del Tribunal Federal mientras hacen huelga por las reformas propuestas por López Obrador, el 19 de agosto en Ciudad de México.Fernando Llano (AP) En contraste, el STPJF ha reiterado que reciben denuncias de trabajadores que están siendo presionados para participar del paro laboral. “[Te] invitamos a acercarte al seccional de tu localidad o contactarnos en nuestras oficinas generales para realizar el trámite correspondiente en el que estés en posibilidad de externar de forma libre y expresa tu deseo de ingresar a tu centro de trabajo para desempeñar tus labores”, refieren en un comunicado difundido la mañana de este martes. La asociación gremial ha anunciado que en los próximos días informará a sus afiliados sobre “los logros alcanzados” para que sus propuestas fueran incluidas en el dictamen de la reforma judicial, encaminadas a garantizar el respeto de sus derechos laborales: “las condiciones generales de trabajo, salarios, prestaciones adicionales y carrera judicial, en cuanto al porcentaje de inclusión de los servidores públicos”, fueron respetados, sostienen en el documento. La propuesta enviada en febrero por López Obrador a la Cámara baja plantea, entre otros aspectos, la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular. En caso de que la reforma libre el proceso legislativo, una primera mitad se elegirá en 2025 en comicios extraordinarios. El documento establece que quienes aspiren a alguno de los cargos judiciales deben tener licenciatura en Derecho y un promedio mínimo de calificación de ocho a nueve en las materias afines al cargo, así como experiencia de cinco años en la práctica jurídica; deberán elaborar ensayos y entregar cinco cartas de referencia recogidas entre sus vecinos o colegas. Estos requisitos, más relajados que los vigentes, han sido cuestionados por los juzgadores. El proyecto de dictamen, que será sometido a discusión y votación de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales el 26 de agosto, establece en su artículo décimo transitorio: “Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables”, se lee en el documento. Sin embargo, se mantiene la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, que representan una bolsa de 15.450 millones de pesos, relacionados con el pago de pensiones y otras prestaciones laborales, que el Gobierno busca ocupar en el fondo de pensiones. La desaparición de estos fondos fue concretada por el Congreso en 2023, pero la Suprema Corte dictaminó el freno por las implicaciones en detrimento de los derechos de los trabajadores. Nota tomada de: El País