México

Subestación de la CFE-Insurgentes Norte, en CDMX. Foto Roberto García / Archivo Con la reforma constitucional en materia energética lo que se pretende es que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal Electricidad regresarán a ser empresas públicas, por lo que no será el mercado su principal función, sino el servicio público, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. En paralelo, se conferirá preponderancia a la operación de la CFE, en contraste con lo que ocurría en el pasado, cuando el Centro Nacional de Control de Energía optaba por las empresas privadas. “¿Quién decide qué pasa por las redes de transmisión? El Cenace. Antes se decía: ‘Bueno, los privados tienen preponderancia por una serie de reglas’. Ahora la Constitución dice: ‘No, tiene preponderancia Comisión Federal de Electricidad’. Incluso, las hidroeléctricas, energía limpia, no se les consideraba renovables, ahora, con esta reforma, sí”, enfatizó. Subrayó que con esto se garantizará que la participación de la CFE en la generación de energía sea de 54 por ciento, como se estableció desde el sexenio pasado, y de 46 por ciento la iniciativa privada. Se respetarán los contratos, pero en el modelo de autoabasto que abrió la reforma energética de 2013 comentó que hay muchos amparos relacionados con estos planteamientos. Nuestro objetivo no es pelearnos con el sector privado, sino sencillamente sentarnos en una mesa sobre las nuevas reglas, que son la decisión que tomó el pueblo de México. Sheinbaum explicó que esta reforma constitucional permitirá cambios en las leyes secundarias por lo que, si bien se respetará la participación de la empresa privada, con el retorno al concepto de empresa pública, CFE y Pemex podrán ser más eficientes al recuperar preponderancia. Los privados, van a poder generar 46 por ciento. ¿Bajo qué esquemas? A partir de una planeación energética, que es lo que debe existir en cualquier país, y de la definición de reglas muy claras: cómo pueden invertir, dónde pueden invertir y bajo qué condiciones en este mercado. Durante la conferencia se explicaron los alcances de las reformas constitucionales en materia energética y ferroviaria. Sobre esta última, el director de general de Agencia Reguladora de Transportación Ferroviaria, Andrés Lajous, dijo que la reforma en la materia pretende elevar a rango constitucional el control del Estado en la operación de los trenes de pasajeros (que se perdió con los cambios en el sexenio) que podrá ser mediante una empresa pública o a través de concesiones. A trenes, 150 mil mdp Al respecto, la presidenta adelantó que para 2025 se tiene considerada una partida de 150 mil millones de pesos para los proyectos ferroviarios, pero no se preocupen, porque va a disminuir el déficit, todo es austeridad republicana. Lajous mencionó que en total, las vías ferroviarias en el país suman 18 mil kilómetros y en este sexenio los proyectos que se tienen considerados suman 3 mil kilómetros. Sobre la reforma energética, la secretaria de Energía, Luz Elena González señaló que algunos aspectos contenidos en la reforma que está en el Congreso revierten las afectaciones que sufrieron Pemex y CFE con los cambios constitucionales de 2013 cuando, al convertirlas en empresas productivas del Estado trasladaban su marco legal al derecho mercantil, y no al público. Con ello –explicó–-, abría zonas específicas anteriormente reservadas al Estado a la iniciativa privada en la explotación de hidrocarburos; en materia de energía eléctrica, abría el mercado a la iniciativa privada y colocaba a la CFE en condiciones de desventaja, en un esquema de competencia con las empresas particulares, privilegiando la rentabilidad por encima de la seguridad energética. Destacó que esta situación comenzó a corregirse en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nota tomada de: La Jornada