Se lleva a cabo controvertida eutanasia a joven en España

Imagen extraída de Facebook de Noelia Castillo cuando tenía 14 años.Imagen: facebook El caso de Noelia Castillo, de 25 años, ha removido conciencias dentro y fuera del país. La joven, que fue violada y, tras intentar suicidarse, quedó paralítica, pidió una muerte asistida, legal en el país desde 2021. El caso de la eutanasia de una joven de 25 años ha conmocionado a España. Noelia Castillo, parapléjica desde un intento de suicidio, recibió una inyección letal este jueves (26.03.2026). «Quiero irme ya y dejar de sufrir, eso es todo», anunció en una impactante entrevista televisiva en Antena 3. Tras una larga batalla legal, el procedimiento se llevó a cabo en una residencia de ancianos de Barcelona, como estaba previsto, esta tarde. Su padre, en particular, intentó hasta el último momento, con la ayuda de la organización Abogados Cristianos, mantener a su hija con vida interponiendo recursos para paralizar la medida. Sin embargo, tanto los tribunales españoles como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los rechazaron finalmente. En el centro de la disputa legal se encontraba la cuestión de si Noelia Castillo era realmente capaz de tomar una decisión así. Una entrevista estremecedora En la entrevista, reiteró que llevaba años sufriendo dolor y que deseaba poner fin a su vida. Castillo creció en circunstancias familiares difíciles y pasó un tiempo bajo la tutela del Estado en un centro de menores. En 2022, fue víctima de una violación en grupo por parte de menores de edad. Posteriormente, intentó suicidarse sin éxito; desde entonces, se encuentra parapléjica en silla de ruedas. En 2024, solicitó por primera vez la eutanasia a las autoridades competentes. «Ya no puedo soportar todo lo que me atormenta, todo lo que he vivido», declaró Castillo en una entrevista con el canal de televisión Antena 3 el miércoles. «Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir», afirmaba, con voz tranquila pero firme y segura, mientras su madre, sentada a su lado, decía esperar «por si ella, en el último momento, dice «me arrepiento»». Y también se refirió a su padre: «él no me llama nunca, ni me manda mensajes… o sea, ¿para qué me quiere viva!». Debate en el Congreso La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha defendido el derecho a la eutanasia de Noelia, ante las críticas de Vox hoy en el Pleno, que ha acusado a los partidos que defendieron la norma de amparar una «ejecución». Armengol defendió «un derecho a morir dignamente que aprobó esta Cámara hace casi cinco años». El diputado de Vox, Carlos Flores había aprovechado el debate de una iniciativa parlamentaria para criticar la ley de eutanasia aprobada en 2021 y el apoyo que en su día recibió de los grupos que votaron a favor. «Una ley ideada para aliviar el sufrimiento de ancianos enfermos terminales en los últimos compases de su vida y que hoy va a ser utilizada para ejecutar a una muchacha de 25 años», ha criticado. Todos los demás partidos se han sumado al debate. Oposición de la Iglesia El caso, que no es el primero polémico en el país, ha suscitado simpatía e indignación mucho más allá de España. La Iglesia Católica habló de un fallo institucional. La Conferencia Episcopal Española declaró: «En este caso, no se trata de una enfermedad incurable, sino de profundas heridas que requieren atención, tratamiento y esperanza». Según el comunicado, la inyección letal no es un tratamiento médico, sino una «ruptura deliberada del vínculo afectivo y una derrota social». Desde 2021, tanto la muerte asistida como el suicidio asistido están permitidos en España. Los costes están cubiertos por el sistema público de salud. Para que los médicos puedan actuar de esta manera, deben cumplirse varias condiciones: los pacientes deben ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales y deben padecer enfermedades incurables o discapacidades crónicas graves que no puedan aliviarse por otros medios y que les causen un «dolor insoportable». En Alemania, la eutanasia activa es un delito, pero la retirada del tratamiento de soporte vital está permitida si corresponde a los deseos del paciente. El suicidio asistido también es legal (proporcionar, por ejemplo, una sustancia letal que el propio paciente ingiere). En América Latina pocos países reconocen el derecho a la eutanasia, los más recientes Uruguay y Cuba. Nota tomada de: DW

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Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia de América Latina

Celebración este miércoles después de la aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay. Foto: Matilde Campodonico (AP) | Vídeo: EPV Tras un recorrido legislativo de cinco años, el Senado habilita la muerte digna en casos de enfermedad incurable y sufrimiento extremo Uruguay se sumó este miércoles al puñado de países del mundo que habilitan y regulan la eutanasia bajo estrictas circunstancias de enfermedad incurable y sufrimiento extremo. Con 20 votos a favor sobre un total de 31, el pleno del Senado cerró un profuso recorrido legislativo de cinco años que concitó la atención de una sociedad casi siempre proclive a la ampliación de derechos: el 62% de los uruguayos estaba a favor de esta legalización, según la consultora Cifra. El proyecto contó con el respaldo de toda la bancada progresista del Frente Amplio, dos senadores del Partido Colorado y una senadora del Partido Nacional, ambos de la centroderecha. Con la sanción definitiva del proyecto denominado “Muerte digna”, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante el trámite parlamentario requerido para la aprobación de cualquier norma, que en este caso supuso largas horas de debate interpartidario, así como audiencias en las que fueron recibidas y escuchadas más de 60 organizaciones que pasaron por las comisiones de salud de ambas cámaras. Esto diferencia a Uruguay de países como Colombia y Ecuador, donde el procedimiento fue despenalizado a través de fallos de la Corte Constitucional y hay una protocolización de Sanidad, pero el Congreso aún no la ha legalizado. El texto aprobado establece que podrá acogerse a este derecho toda persona mayor de edad y “psíquicamente apta” que esté cursando “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible” o que, como consecuencia de esa enfermedad, “padezca sufrimientos que le resulten insoportables” y atraviese un “grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”. El paciente que lo decida deberá solicitar la eutanasia personalmente y por escrito, siempre que sea ciudadano uruguayo o extranjero residente. La eutanasia se practicará para que su muerte se produzca de manera “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”, indica la norma. La ley de Muerte digna estuvo precedida por un debate social, académico, político, tan nutrido como los que derivaron en la legalización del aborto, el matrimonio igualitario o la regulación del mercado de cannabis, que hace más de una década —con José Pepe Mujica al frente del Gobierno— colocaron a Uruguay entre los países más sobresalientes en la agenda progresista de derechos. Sesión del senado, en Montevideo, Uruguay, este miércoles.Matilde Campodonico (AP) En este caso, el puntapié inicial lo dio una conocida figura de la asociación del fútbol uruguayo, Fernando Sureda, que en 2019 pidió la legalización de la eutanasia para terminar con el sufrimiento generado por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía y le provocó la muerte en 2020. Ese año, el entonces diputado del Partido Colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de despenalización de la eutanasia que sumó contribuciones de los legisladores del Frente Amplio y tuvo media sanción en la Cámara baja en octubre de 2022. Sin embargo, el proyecto no consiguió pasar el trámite en el Senado, dominado en ese entonces por sectores conservadores, sobre todo del Partido Nacional. Nunca salió de la Comisión de Salud. El nuevo proyecto del Frente Amplio, inspirado en aquel texto, se aprobó en Diputados en agosto pasado y, tras una larga jornada de exposiciones, logró este miércoles el visto bueno de la bancada oficialista y tres integrantes de la oposición. Sus promotores han resaltado la precisión de las definiciones y del sistema de garantías que resguardará su aplicación, inspirado en legislaciones que tienen más de 20 años, como la de Países Bajos. Además, la ley dispone la creación de una comisión honoraria que evaluará los casos anuales de eutanasia y enviará informes al Ministerio de Salud y al Parlamento. Todos los prestadores del Sistema Nacional de Salud deberán poner a disposición “los servicios necesarios” para el ejercicio de este derecho regulado, señala el texto. De acuerdo con esta ley, el paciente que solicite la eutanasia deberá hacerlo en persona ante el médico, quien tendrá que informar sobre los cuidados paliativos y evaluará si se cumplen las condiciones en un máximo de tres días. Se requerirá la opinión coincidente de un segundo médico independiente —en un plazo de cinco días— o de una Junta Médica si hubiera desacuerdo, también en cinco días. En una segunda entrevista, la persona podrá expresar su última voluntad —“siempre revocable”— por escrito ante dos testigos, y el médico “procederá a cumplirla cuándo y dónde el solicitante lo decida”. “El que quiera eutanasia que la pida y el que no la quiera que la rechace”, expuso Ope Pasquet, autor en soledad del primer proyecto de 2020 y que este miércoles sorprendió con su presencia en el debate, al ocupar una banca por ser suplente del senador colorado Robert Silva. “No va a venir ninguna autoridad a dictar pacientes eutanasiables y no eutanasiables. Esta es una falsedad que se ha repetido una y otra vez. La decisión de pedir la eutanasia es privativa de la persona», expresó. Entre quienes se opusieron al proyecto estuvo el senador del Partido Nacional Javier García, que cuestionó los conceptos de “muerte digna” y de “libertad” empleados y consideró que el proyecto “no ofrece garantías”. “El Estado no debería hacerse cargo de la muerte sin hacerse cargo de la vida. La ley tendría que tener la misma potestad para ofrecer la capacidad de vivir que la que ofrece el proyecto de ley actual”, señaló. El oficialista de izquierda Daniel Borbonet afirmó que esta ley “no obliga a nadie, sino que ofrece una alternativa que hoy no hay”. “Es un derecho a decidir, no sustituye lo ya existente y no impone conductas”, advirtió. Tras la votación, la senadora del Frente Amplio Constanza Moreira celebró en su cuenta de X: “Hoy Uruguay vuelve a estar a la vanguardia en la agenda de derechos. Aprobamos la ley de eutanasia: una norma que…

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