Diputados aprueban que el SAT revise datos en tiempo de real de apps como Netflix, Amazon o Tinder: así es el nuevo artículo al Código Fiscal

Diputados de Morena y sus aliados aprobaron reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) que otorgan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceso en línea, permanente y en tiempo real a los registros de las plataformas digitales. Según un reporte de Animal Político, el artículo 30-B obliga a empresas como Netflix, Amazon, Mercado Libre, Uber o Tinder a permitir que el SAT consulte información que “permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”. El acceso aplicará a todos los servicios digitales definidos en la Ley del IVA, incluido streaming, comercio electrónico, aplicaciones de citas, clubes en línea, y educación a distancia. La medida fue aprobada con 348 votos a favor y 130 en contra y entrará en vigor el 1 de abril de 2026, para dar tiempo a las plataformas a adaptar sus sistemas. “Un gran hermano fiscal”: oposición y organizaciones alertan por invasión a la privacidad Durante la sesión en San Lázaro, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la reforma abre la puerta a una vigilancia masiva de la actividad digital. De acuerdo con Latinus, diputadas de oposición acusaron al gobierno de crear “un gran hermano que viola derechos humanos”, al permitir que el SAT acceda a datos como suscripciones, compras o transacciones sin orden judicial. El artículo 30-B también prevé sanciones, pues si una plataforma se niega a otorgar acceso, el SAT podrá bloquear temporalmente el servicio digital, lo que implicaría que los usuarios no puedan acceder a él mientras se resuelve la falta. Según Aristegui Noticias, esta disposición podría afectar tanto a usuarios como a pequeños negocios que dependen de plataformas para vender o anunciar productos. “Invasión total y permanente de la información de la ciudadanía” Las organizaciones Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señalaron que la medida es desproporcionada y carente de salvaguardas legales. Según Artículo 19, el acceso en tiempo real del SAT representa “una interferencia descontrolada en el derecho a la privacidad”, al permitir obtener información sin necesidad de demostrar razones reales para hacerlo. Además, advirtió que el bloqueo de plataformas digitales podría traducirse en censura por medios indirectos, al restringir el acceso a espacios donde las personas se informan y expresan. La organización afirmó que, aunque la recaudación fiscal es un fin legítimo, debe realizarse de forma proporcional y sin vulnerar derechos humanos. Morena defiende la medida: combate a factureras y evasión de impuestos Los legisladores de Morena defendieron la reforma al considerar que fortalece la recaudación y combate las factureras. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados federales de Morena, aseguró que “no hay vigilancia en la vida privada de las personas”, sino una obligación de declarar ingresos y gastos conforme a la ley.  “Esta es una de las reformas más profundas en materia tributaria, que busca evitar la evasión fiscal y atacar el fenómeno de facturas falsas” El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, afirmó que el dictamen limita el acceso del SAT solo a información necesaria para comprobar obligaciones fiscales, y garantiza la protección de datos personales. Entre la fiscalización y la privacidad digital: lo que viene para 2026 Como anteriormente reportamos en Xataka México, el artículo 30-B busca “eficientar la tributación” en un sector que ha triplicado su recaudación desde 2020. Sin embargo, especialistas en derechos digitales advierten que la redacción no delimita claramente qué tipo de datos podrá consultar el SAT, lo que deja espacio para interpretaciones amplias. El documento del CFF 2026 confirma que el acceso en tiempo real se realizará “en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general” y que el incumplimiento podrá derivar en bloqueos.  Nota tomada de: Xataka México

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Procuraduría fiscal presentó denuncias por 54,688 millones de pesos contra factureras

Comparecencia de Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.FOTO: Eric Lugo La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó, en tres años, un total de 59 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el tema de las llamadas factureras, informó Grisel Galeano, titular del órgano.   Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para hablar sobre la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2026 y la Miscelánea Fiscal, la funcionaria señaló que estas denuncias fueron por 54,688 millones de pesos. “Un punto medular es la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), pues durante años las factureras fueron la maquinaria del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos”, aseveró antes las y los legisladores. A detalle, la procuradora indicó que las denuncias que se presentaron en el 2022 sumaron un monto de 17,000 millones de pesos, mientras que en el 2023 se presentaron otras más por 21,700 millones de pesos. En tanto, en el 2024 se presentaron denuncias por un monto de 10,000 millones de pesos, mientras que en lo que va del año ya suman otros 5,600 millones de pesos. “Estas cifras equivalen a presupuestos completos de estados de la república. Cifras que pudieron ser hospitales, carreteras, universidades y becas”, condenó. En este sentido, aseguró que “nadie puede esconderse en lagunas legales” y que con las modificaciones propuestas no se busca presionar a los contribuyentes que ya cumplen, sino “cerrar la puerta a la evasión”. De acuerdo con los datos de la llamada “lista negra”, que fue creada en el 2014, al cierre de agosto pasado las factureras ya sumaban un total de 11,028 registros. Las modificaciones El Paquete Económico 2026 propone una serie de modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF) para endurecer el combate a las llamadas factureras y que se les pueda aplicar la prisión preventiva oficiosa. Uno de los puntos principales de la reforma al CFF es que se busca empatar dicho Código con el artículo 19 de la Constitución que establece que “cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales” amerita prisión preventiva oficiosa. La procuradora dijo que antes de esta reforma constitucional hubo casos de factureras en los que se extinguió el proceso penal, los acusados quedaron en libertad y pagaron menos de un millón de pesos, cuando el perjuicio al fisco fue de miles de millones de pesos. Detalló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene 1,568 casos denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionados con prejuicios por la compraventa de facturas falsas.  “En 1,173 casos ya logramos judicializarlos, y en 565 casos ya por fin hay una vinculación a proceso. En 368 de los 565 casos se determinó procedente otorgar a los factureros por el Poder Judicial la extinción de su proceso penal”, detalló. De ahí que, explicó, era necesaria la reforma constitucional para que haya prisión preventiva oficiosa para factureras y ahora esta reforma al Código Fiscal. Recalcó que los cambios al Código Fiscal les permitirá reducir el incentivo de impunidad que hay para las factureras, además de “luchar contra este lesivo sistema”. Otra facultad que se adiciona son las visitas domiciliarias exprés que podrá realizar el fisco para verificar si los comprobantes fiscales emitidos por un contribuyente amparan operaciones reales y verificables. De esta manera, la autoridad podrá realizar estas visitas domiciliarias cuando tenga indicios de que una empresa está emitiendo falsos comprobantes fiscales y tendrá un plazo de 24 días para hacer la revisión y emitir una resolución. Por su parte, el contribuyente tendrá un plazo para contestar a la autoridad y demostrar que efectivamente se realizaron las operaciones por las cuales se emitieron las facturas o comprobantes. El resultado de esa revisión directa puede llevar no solo a que se le restrinjan al contribuyente, de manera definitiva, sus certificados y sello digital, sino incluso a que se le acuse por la vía penal, lo cual puede resultar en una sanción de tres a seis años de cárcel. Asimismo, otras de las facultades que se proponen otorgarle al fisco para combatir a las factureras es negar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas vinculadas con empresas fachada. ¿Qué es una facturera? Una facturera es una persona física o moral que compra facturas electrónicas de operaciones simuladas o inexistentes con el fin de reducir el pago de impuestos y defraudar al fisco reportando gastos falsos y menos. Las empresas que hacen estas facturas falsas y las venden a personas u otras empresas son conocidas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Nota tomada de: El Economista

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Vinculan a proceso a ex funcionaria del SAT que benefició a facturera ligada a Ricardo Anaya

ERicardo Anaya durante una conferencia en el Senado. Foto Cristina Rodríguez / Archivo Un juez federal dictó vinculación a proceso a una ex funcionaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por delitos contra la administración de justicia y uso de documento público falso que, según la imputación, beneficiaron a una empresa de la cual son accionistas, Ricardo Anaya Cortés, ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), su cónyuge y su suegro. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción concluyó que la ex servidora pública utilizó su cargo para retirar a la empresa Juni Serra de la lista de factureras o sociedades que simulan operaciones financieras. La ex funcionaria María Angélica Martínez Reyes enfrentará su proceso penal en libertad por decisión del juez de control con sede en el Reclusorio Sur. La indagatoria detectó que Danino Ángel Martínez Diez, suegro del ex dirigente panista, es accionista de Juni Serra, compañía involucrada en la compra simulada de una propiedad por 54 millones de pesos en Querétaro. En abril de 2018, cuando Anaya Cortés era candidato presidencial del PAN, difundió documentos que acreditaban la compra del terreno de 13 mil 589 metros cuadrados en ese estado. El 8 de abril de ese año, La Jornada reportó la explicación de Anaya. Según el entonces candidato, Juni Serra, propiedad de él y su cónyuge, compró el terreno en 15 millones 302 mil pesos. Después fue construida en el predio una nave industrial con un costo de 18 millones 295 mil pesos, lo que daba un total de 33 millones 598 mil pesos. La ex funcionaria del SAT está acusada de haber beneficiado a Juni Serra con una resolución que resultó apócrifa, por la cual quedaba descartada la presunción de que la empresa facturaba operaciones simuladas, cuando al mismo tiempo había otra resolución, ésta verídica, que sostenía esa sospecha. Según la investigación de la fiscalía, la ex funcionaria firmó la resolución que sustentaba la presunción de que la empresa era facturera, pero también autorizó la resolución apócrifa, que exoneraba a Juni Serra del señalamiento. De esa forma, la ex funcionaria benefició a la empresa en claro detrimento de los intereses fiscales de la federación en impedir la operación de dicho tipo de personas jurídicas, señaló la fiscalía. Nota tomada de: La Jornada

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