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Peña Nieto y Pegasus: nuevas revelaciones confirman investigaciones periodísticas y falta de acción por parte del Estado

Trends México04 mins

El sistema de justicia del Estado mexicano no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición, aseguró Leopoldo Maldonado, director de Artículo19. Luis Fernando García, fundador de R3D, y Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, analizaron en Aristegui En Vivo la nueva información publicada por el medio israelí The Marker, que señala que empresarios israelíes habrían entregado 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto para asegurar contratos de venta del software espía Pegasus durante su gobierno. García consideró que hay varios aspectos de lo publicado que resultan sumamente relevantes y destacó que “se hacen sugerencias de que los contratos estuvieron mediados por potenciales sobornos al presidente Peña Nieto”. Indicó que esta información debería haber sido investigada desde hace tiempo, pero “ha habido muchas resistencias tanto durante el gobierno de Peña Nieto como el gobierno anterior y hasta en el actual para llevar a cabo una investigación diligente”. Señaló que los documentos revelan posibles mecanismos de lavado de dinero a través de donativos a empresas u organizaciones israelíes. Además, destacó que se mencionan cuentas en Estados Unidos que podrían haber sido utilizadas para mover fondos, lo cual “potencialmente podría abrir la posibilidad de investigaciones en los Estados Unidos”. Asimismo, recordó que en ocasiones anteriores ya se ha discutido públicamente cómo figuras como Tomás Zerón o Jesús Murillo Karam recomendaron la contratación con las empresas vinculadas a Pegasus. “Sigue siendo información vigente. Si no es la justicia mexicana la que termine por esclarecer el asunto, no podemos decir que esté esclarecido de ninguna manera”, afirmó. El fundador de R3D sostuvo que incluso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se continuó con la contratación de estas herramientas de espionaje por parte del Ejército. “Una de las empresas de este mismo conglomerado, Comercializadora Antsua, también habría sido utilizada para la adquisición de licencias de Pegasus ya en el gobierno de López Obrador”, aseguró. Agregó que esa tecnología fue usada para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos. Finalmente, García subrayó que “las investigaciones informales que hemos hecho medios, organizaciones no gubernamentales e investigadores independientes han sido las que más han revelado”, y lamentó que instituciones con mayores recursos como la Unidad de Inteligencia Financiera no hayan actuado con mayor contundencia. Por su parte, Leopoldo Maldonado afirmó que esta nueva información “es un elemento importante de un cúmulo de pruebas que se han ido recabando a través de investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil”. Señaló que lo revelado en el arbitraje entre los empresarios israelíes se vincula directamente con lo declarado por el testigo protegido identificado como “Zeus”, quien desde 2019 ha colaborado en una de las carpetas de investigación. Maldonado explicó que Zeus testificó ante una autoridad judicial en 2023 sobre la participación de la red de empresas KBH y su vínculo con altos funcionarios mexicanos. Detalló que el operador técnico de esta red, Juan Carlos Rivera, es la única persona acusada formalmente hasta el momento, y no era funcionario público. De acuerdo con Maldonado, el testimonio de Zeus demuestra que los intermediarios en México “hacían trabajo sucio para altos funcionarios del gobierno mexicano”. Añadió que la misma fuente corroboró el espionaje cometido contra un integrante del gobierno de Peña Nieto, el doctor Manuel Mondragón. Sobre la actuación de las autoridades mexicanas, el director de Artículo 19 señaló que el sistema de justicia del Estado mexicano no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición. Afirmó que las investigaciones no han llegado a altos niveles de responsabilidad, ni siquiera en el caso de las denuncias interpuestas por las víctimas del espionaje durante el actual gobierno. En este contexto, criticó la reciente aprobación de reformas conocidas como “leyes espía”, al considerar que el Estado no ha demostrado tener voluntad para investigar los abusos del pasado. Nota tomada de: Aristegui Noticias

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Sheinbaum responde a denuncias en torno a la nueva Ley de Inteligencia

Trends México03 mins

Sheinbaum respondió las críticas a las nuevas leyes propuestas por su administraicón. EFE/ Mario Guzmán Sheinbaum explicó que el Sistema Nacional de Inteligencia y Registro de Identidad, tiene una función operativa, no de vigilancia Este miércoles, durante la “Mañanera del Pueblo”, la Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que las nuevas leyes en materia de seguridad e inteligencia, aprobadas por el Congreso mexicano, no permiten que el Estado pueda espiar a la población, como algunos sujetos han acusado. «Es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el estado va a espiar falso. Se miente deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie«, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La Gobernante mexicana recordó que la Constitución mexicana prohíbe la intervención de comunicaciones privadas, a excepción de que exista autorización judicial en casos específicos. «Nosotros no espiamos a nadie, a nadie, absolutamente a nadie. Lo que queremos es construir un país seguro, en paz. Entonces, una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez. En ningún momento se está espiando a nadie», enfatizó. El martes, el Senado mexicano, en su última sesión del periodo extraordinario, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, para fortalecer el combate a la delincuencia, proteger derechos y coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, propuesta por Sheinbaum. Mientras que los Diputados aprobaron la ley con la que se constituye la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que obliga, entre otros puntos, a los concesionarios a colaborar con las autoridades en la geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real. La ley fue criticada por la oposición, que llamó al Gobierno un «Estado policíaco», mientras que la mayoría oficialista defendió el registro de usuarios de telefonía celular, ligado a la Clave Única de registro de Población (CURP) con datos biométricos, para combatir los considerados los delitos de alto impacto. En ese sentido, Sheinbaum explicó que el Sistema Nacional de Inteligencia y Registro de Identidad, tiene una función operativa, no de vigilancia. «(Es) para tener una plataforma única de información. La CURP, ya la ley de población desde hace mucho tiempo, había definido la CURP como el número de identidad desde hace tiempo. No es que sea algo nuevo», argumentó. La nueva ley, aprobada con 67 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones, abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de julio de 2014. Con ella se creará la Plataforma Central de Inteligencia, que conectará todas las bases de datos de las instituciones de seguridad y justicia del país. También establece las bases de las políticas en telecomunicaciones y radiodifusión, regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el despliegue y acceso a la infraestructura activa y pasiva, y los recursos orbitales. Nota tomada de: Informador

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«Estamos en contra de cualquier tipo de censura»: el gobierno de Sheinbaum reacciona a la nueva Ley de Ciberseguridad en Puebla

Trends México04 mins

La Ley de Ciberseguridad será revisada por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La ley comenzó su camino legislativo en Puebla en noviembre de 2024, cuando José Luis García Parra, entonces diputado plurinominal y hoy coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta, presentó la iniciativa. El documento permaneció en pausa hasta el pasado miércoles 11 de junio de 2025, cuando fue aprobado por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, para luego pasar al pleno el 12 de junio y ser publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes 13. Desde entonces, la ley ha sido calificada como una amenaza a la libertad de expresión por diversos sectores de la sociedad civil, legisladores de oposición y periodistas. Como anteriormente reportamos en Xataka México, el nuevo marco legal convierte en delito penal el ciberasedio, entendido como «el uso reiterado de insultos o agravios en espacios digitales». Rosa Icela Rodríguez lanza un mensaje claro: “No a la censura” Ante esto,el Gobierno Federal emitió una respuesta en donde señalaron que están en desacuerdo y que esta ley pasará a ser revisada. Este martes 17 de junio, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez,fijó la postura del Gobierno de México: “Estamos en contra de cualquier tipo de censura”. Rodríguez afirmó que el respeto a la libertad de expresión es una prioridad para la administración de Claudia Sheinbaum y destacó que “cualquier momento es bueno para corregir”. Aplaudió que el gobernador Armenta haya abierto la puerta al diálogo al invitar al Congreso local a revisar el artículo que ha causado polémica. “Lo que me pareció bien es que se diga que se someta a una revisión de la población… No a la censura”, subrayó. La ley ya está publicada, pero Armenta convoca a foros para revisarla Frente a la creciente presión social, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha optado por convocar a foros públicos para analizar el contenido de la Ley de Ciberseguridad, pese a que esta ya fue publicada oficialmente. Según declaraciones a Aristegui Noticias, Armenta defendió la reforma como un esfuerzo por “proteger los derechos humanos con el mayor consenso posible”. Sin embargo, el gesto ha sido visto como tardío. “El chiste se cuenta solo”, escribió la politóloga Denise Dresser en la red social X. Para muchos, el llamado a foros es insuficiente si no existe un compromiso serio de modificar los puntos más controvertidos del texto legal. Ciberasedio, grooming y espionaje: los delitos incluidos en la ley Además del ciberasedio, la ley contempla otros delitos digitales como el grooming, la usurpación de identidad y el espionaje digital. Como reportamos, estas conductas también son sancionadas con penas severas, hasta cinco años por grooming y hasta ocho por usurpación de identidad con fines sexuales. Sin embargo, activistas han alertado que muchas de estas figuras carecen de precisión jurídica, lo que podría abrir la puerta a abusos. ARTICLE 19, la Red de Periodistas de Puebla y Sociedad Civil México denunciaron en un comunicado conjunto que las definiciones contenidas en la ley son ambiguas y que podrían usarse de forma discrecional contra periodistas, activistas o usuarios comunes. En particular, señalaron que la definición de ciberasedio “incumple el principio de taxatividad” al no delimitar claramente qué se considera insulto o agravio. Por ahora, insultar en redes sociales en Puebla ya es delito. Y mientras las autoridades locales llaman al diálogo, el gobierno federal dejó clara su postura contra la censura. Nota tomada de: Xataka México

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