Sheinbaum anuncia inauguración del Tren El Insurgente de Santa Fe a Observatorio; abre totalmente obra que inició con Peña Nieto

La Presidenta señaló que aún no sabe si lo hará en la mañana o en la tarde La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 28 de enero del 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes 2 de febrero se va a inaugurar el Tren El Insurgente, de Santa Fe a Observatorio. “El lunes los vamos a invitar, no sé si hacerlo en la mañana o más tarde, vamos a inaugurar ya el Tren Santa Fe-Observatorio, el lunes 2 de febrero. “Se inaugura el Tren que va de Santa Fe a Observatorio, ya, para que la gente pueda utilizarlo”, dijo la Mandataria federal. “A ver si nos acompañan a subir al Tren de Santa Fe a Observatorio, podemos ir en el frío de la mañanera o más tarde”, agregó. Con esta inauguración se abre en su totalidad El Insurgente, que inició su construcción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nota tomada de: El Universal

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Detienen a Alejandro Mejía Meza, expolicía de Iguala, por su presunta implicación en la desaparición de los 43

Las investigaciones por el caso Ayotzinapa se han realizado durante tres administraciones, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, como los de los morenistas Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, quienes han prometido esclarecer la desaparición de los normalistas. Alejandro Mejía Meza, alias “El Granito de Oro”, expolicía de Iguala, Guerrero, fue detenido el pasado 23 de octubre en el marco de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014. Durante la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Mejía Meza fue incluido en una lista de funcionarios y expolicías municipales presuntamente involucrados en el caso Iguala. En la conferencia se señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) podría iniciar o continuar las indagatorias para el deslinde de responsabilidades de las personas incluidas en dicha lista, en la que fueron incluidos integrantes de Guerreros Unidos, como Gildardo López Astudillo, “El Gil” y Alejandro Palacios Benítez, “El Cholo Palacios”. En la lista también se encuentran funcionarios municipales como José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala; Felipe Flores Velázquez, Zulaid Marino Rodríguez y Gerardo Delgado Mota, expolicías de Iguala. Foto: Cuartoscuro México insiste en extradición de Tomás Zerón La extradición de Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República involucrado en el caso Ayotzinapa, se solicitó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y actualmente a autoridades de Israel para que se lleve a cabo este proceso, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. “Se han enviado varias cartas al gobierno de Israel, a través de los canales diplomáticos, para la extradición de Tomás Zerón, eso existe desde el presidente López Obrador que se está pidiendo y ahora se está insistiendo en esta extradición”, señaló la mandataria en septiembre pasado. Además, la presidenta de México dio a conocer que también solicitó la extradición de dos personas a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nota tomada de: Animal Político

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Detenido en Estados Unidos Carlos Treviño, exdirector de Pemex en el Gobierno de Peña Nieto

Carlos Treviño, en noviembre de 2017, en Ciudad de México.CarlosATrevinoM El exfuncionario será deportado a México para enfrentar cargos por corrupción y lavado de dinero, derivados de denuncias de Emilio Lozoya Carlos Alberto Treviño Medina, último director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido el miércoles en Estados Unidos y será extraditado a México. Treviño enfrentará un proceso judicial por supuestos vínculos en el caso Odebrecht, la gran trama internacional de la compañía constructora que sobornó a gobernantes de 12 naciones durante años para obtener concesiones de obra pública. Así lo ha informado esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. “Lo van a deportar en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México”, ha dicho, al recordar que la detención responde a una solicitud de extradición emitida hace cinco años. Treviño, nombrado director de Pemex por Peña Nieto en noviembre de 2017, habría recibido un soborno de 4 millones de pesos en un esquema que otorgó beneficios millonarios a la constructora brasileña. La acusación viene de Emilio Lozoya, su antecesor en la dirección de Pemex, que está en arresto domiciliario acusado de fraude a gran escala y corrupción tras ser extraditado desde España en 2020. Lozoya se libró de la cárcel a cambio de confesiones que amenazaban con implicar a lo más alto del Gobierno de Enrique Peña Nieto, incluido Treviño, a quien señaló de estar a cargo de operar los contratos a la empresa Braskem, filial de Odebrecht. Tras ser acusado por Lozoya en 2021, Treviño no se presentó a una audiencia, se fugó a Texas, y la FGR solicitó a Interpol una ficha roja para su captura. Pero la orden de aprehensión fue cancelada en agosto de 2023, cuando Interpol dijo que las autoridades mexicanas habían incurrido en irregularidades. Óscar Zamudio, abogado del exfuncionario, ha detallado en entrevista con Fórmula, que Treviño fue detenido en una ciudad de Texas por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por una supuesta irregularidad migratoria. La defensa asegura que ya no existe la ficha roja en su contra, además de que cuenta con una solicitud de asilo político, pero admite que sí podría ser deportado por su situación migratoria. Sheinbaum, sin embargo, dijo en la conferencia matutina que la detención sí forma parte de la solicitud de extradición de hace cinco años y que Treviño será juzgado en México por el caso Odebrecht, “entre otras cosas”. Nota tomada de: El País

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MCCI revela contrato de EPN a empresa fantasma ligada a Pegasus; siguió recibiendo pagos en gobierno de AMLO

El expresidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Enrique Peña Nieto. Foto: Yadín Xolalpa / EL UNIVERSAL Entre 2017 y 2020 la empresa acumuló asignaciones por casi mil millones de pesos Cuatro meses antes de finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, el empresario israelí, Uri Ansbacher, investigado por presuntos sobornos al ahora expresidente para venderle Pegasus, recibió un contrato de la Secretaría de Gobernación por 4.2 millones de dólares. De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el contrato fue otorgado a través de «Air Cap SA de CV», empresa fantasma creada por el empresario y que también fue utilizada para triangular la venta del software Pegasus. También destacó que entre 2017 y 2020 la empresa acumuló asignaciones por casi mil millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto y en el gobierno que encabezó Alfredo del Mazo en el Estado de México. ¿En qué consiste el último contrato en el sexenio de Peña Nieto? El 31 de julio de 2018 la Secretaría de Gobernación otorgó un contrato por 4 millones 250 mil dólares a la empresa de Ansbacher, esto por concepto de mantenimiento integral preventivo, programado y correctivo, así como la reparación y suministro de partes, componentes, equipo y herramienta especial para tres helicópteros Kazan MI-17 que forman parte de la flota aérea de la Policía Federal. MCCI precisó que la adjudicación fue directa, bajo la premisa de que no podía hacerse con una licitación pública, pues no podían revelar información de la contratación y las condiciones requeridas para el servicio. De los cinco posibles prestadores que solicitó la Policía Federal, solo tres respondieron, siendo Air Cap uno de ellos. AMLO y su relación con Air Cap la empresa implicada en venta de «Pegasus» MCCI detalló que Air Cap ya había establecido contacto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para seguir siendo contratista. Entre 2019 y 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) envío invitaciones a Air Cap para presentar cotizaciones de distintos servicios. En 2021 esto cesó luego de que se reveló a la empresa como una se las involucras en la venta del malware espía. Por otro lado, documentos obtenidos por el medio muestran que el gobierno de López Obrador terminó de pagar en 2020 el contrato que la administración de Peña Nieto tenía con la empresa de Ansbacher. El contrato por el que Air Cap recibió más de 4 millones de dólares tenía una vigencia del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018, lo que significa que se extendió al gobierno de López Obrador. En los análisis de presupuesto de la Guardia Nacional del 2020 había un pago pendiente por 700 mil pesos, que corresponde al contrato de su antecesor, suscrito en 2018. Los contratos de Alfredo del Mazo con Air Cap No solo el entonces presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador se vieron relacionados con la empresa del propietario israelí, sino que también Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México en 2018, benefició a Air Cap. De acuerdo con Aristegui Noticias, Del Mazo realizó tres compras: Sin embargo, MCCI detectó otros cuatro contratos por un total de 601 millones de pesos para equipo de seguridad y sistemas de vigilancia. «En total, el Gobierno del Estado de México benefició a “Air Cap” con 784 millones 514 mil 328 pesos, entre los años 2017 y 2020«, detalló el medio. Finalmente, el pasado 28 de abril de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Air Cap en su listado definitivo de contribuyentes que simularon operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de recursos públicos. Los motivos por lo que se catalogó como «empresa fantasma» fueron: Cabe destacar que cuando el gobierno de López Obrador buscó contratistas, Air Cap afirmó cumplir con todas sus obligaciones fiscales, aunado a que se autocatalogó como una empresa grande con 250 trabajadores. Nota tomada de: El Universal

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Peña Nieto y Pegasus: nuevas revelaciones confirman investigaciones periodísticas y falta de acción por parte del Estado

El sistema de justicia del Estado mexicano no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición, aseguró Leopoldo Maldonado, director de Artículo19. Luis Fernando García, fundador de R3D, y Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, analizaron en Aristegui En Vivo la nueva información publicada por el medio israelí The Marker, que señala que empresarios israelíes habrían entregado 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto para asegurar contratos de venta del software espía Pegasus durante su gobierno. García consideró que hay varios aspectos de lo publicado que resultan sumamente relevantes y destacó que “se hacen sugerencias de que los contratos estuvieron mediados por potenciales sobornos al presidente Peña Nieto”. Indicó que esta información debería haber sido investigada desde hace tiempo, pero “ha habido muchas resistencias tanto durante el gobierno de Peña Nieto como el gobierno anterior y hasta en el actual para llevar a cabo una investigación diligente”. Señaló que los documentos revelan posibles mecanismos de lavado de dinero a través de donativos a empresas u organizaciones israelíes. Además, destacó que se mencionan cuentas en Estados Unidos que podrían haber sido utilizadas para mover fondos, lo cual “potencialmente podría abrir la posibilidad de investigaciones en los Estados Unidos”. Asimismo, recordó que en ocasiones anteriores ya se ha discutido públicamente cómo figuras como Tomás Zerón o Jesús Murillo Karam recomendaron la contratación con las empresas vinculadas a Pegasus. “Sigue siendo información vigente. Si no es la justicia mexicana la que termine por esclarecer el asunto, no podemos decir que esté esclarecido de ninguna manera”, afirmó. El fundador de R3D sostuvo que incluso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se continuó con la contratación de estas herramientas de espionaje por parte del Ejército. “Una de las empresas de este mismo conglomerado, Comercializadora Antsua, también habría sido utilizada para la adquisición de licencias de Pegasus ya en el gobierno de López Obrador”, aseguró. Agregó que esa tecnología fue usada para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos. Finalmente, García subrayó que “las investigaciones informales que hemos hecho medios, organizaciones no gubernamentales e investigadores independientes han sido las que más han revelado”, y lamentó que instituciones con mayores recursos como la Unidad de Inteligencia Financiera no hayan actuado con mayor contundencia. Por su parte, Leopoldo Maldonado afirmó que esta nueva información “es un elemento importante de un cúmulo de pruebas que se han ido recabando a través de investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil”. Señaló que lo revelado en el arbitraje entre los empresarios israelíes se vincula directamente con lo declarado por el testigo protegido identificado como “Zeus”, quien desde 2019 ha colaborado en una de las carpetas de investigación. Maldonado explicó que Zeus testificó ante una autoridad judicial en 2023 sobre la participación de la red de empresas KBH y su vínculo con altos funcionarios mexicanos. Detalló que el operador técnico de esta red, Juan Carlos Rivera, es la única persona acusada formalmente hasta el momento, y no era funcionario público. De acuerdo con Maldonado, el testimonio de Zeus demuestra que los intermediarios en México “hacían trabajo sucio para altos funcionarios del gobierno mexicano”. Añadió que la misma fuente corroboró el espionaje cometido contra un integrante del gobierno de Peña Nieto, el doctor Manuel Mondragón. Sobre la actuación de las autoridades mexicanas, el director de Artículo 19 señaló que el sistema de justicia del Estado mexicano no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición. Afirmó que las investigaciones no han llegado a altos niveles de responsabilidad, ni siquiera en el caso de las denuncias interpuestas por las víctimas del espionaje durante el actual gobierno. En este contexto, criticó la reciente aprobación de reformas conocidas como “leyes espía”, al considerar que el Estado no ha demostrado tener voluntad para investigar los abusos del pasado. Nota tomada de: Aristegui Noticias

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Peña Nieto sale en tromba a desmentir el cobro de sobornos en la compra del malware Pegasus durante su Gobierno

Enrique Peña Nieto, en Ciudad de México, el 3 de febrero de 2015.Miguel Tovar (LatinContent via Getty Images) El expresidente priista niega desde el extranjero las revelaciones ventiladas en una disputa legal entre los proveedores del software espía La vida tranquila del expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) fuera de México ha sufrido un sobresalto. El periódico israelí The Marker ha señalado que el último presidente priista, que gobernó México entre 2012 y 2018, obtuvo sobornos millonarios de parte de los patrocinadores del polémico software de espionaje Pegasus. La revelación consta dentro de una disputa legal entre dos empresarios israelíes que se dirime en los tribunales de ese país. La acusación indica que, a cambio de los pagos, los empresarios obtuvieron importantes contratos en la Administración de Peña Nieto. El exmandatario ha negado los señalamientos, primero en su cuenta de X, que no usaba desde hacía meses, y luego en entrevistas, y ha precisado que no tuvo nada que ver en los procesos de contratación de proveedores de su gobierno. La revelación del diario israelí fue recogida por la prensa mexicana este fin de semana. La publicación indica que los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher (dueño de Grupo KBH, proveedor de Pegasus) recurrieron a un arbitraje para resolver sus diferencias sobre una “inversión” de 25 millones de dólares que hicieron en el expresidente Peña Nieto. Los documentos legales, según el reporte israelí, afirman que los empresarios acordaron que su relación con el exmandatario sería “un negocio conjunto”, a fin de obtener generosos contratos con el Gobierno mexicano, uno de ellos, la venta del malware Pegasus. La publicación señala que los empresarios se dividieron el acceso a las autoridades mexicanas, por lo que no queda claro si los 25 millones de dólares fueron directamente a parar a los bolsillos de Peña Nieto. La empresa israelí de ciberseguridad NSO Group, en el desierto de Aravá, el 11 de noviembre de 2021.Amir Levy (Getty Images) El expresidente, que divide su residencia entre España y República Dominicana desde que dejó el cargo, se ha apresurado a negar los señalamientos. “Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o tal proveedor, no es mi tarea”, ha señalado en una entrevista radiofónica en el programa de Ciro Gómez Leyva. El exmandatario ha negado conocer a Neriah y Ansbacher, y ha afirmado que sus negocios en México venían de antes de que él iniciara su sexenio. “Entiendo que son dos empresas que estaban constituidas antes de que yo asumiera la presidencia de la República, que prestaban ya servicios al gobierno anterior, seguramente continuaron con mi gobierno, no sé a qué grado, no sé qué hayan realizado, no lo sé, sinceramente no lo sé”, ha asegurado. La contratación de Pegasus por parte de México ha estado envuelta en enorme polémica. Oficialmente adquirido para labores de inteligencia y combate al crimen organizado, el programa, desarrollado por la firma israelí NSO Group, fue criticado luego de que se descubrió que fue utilizado para espiar ilegalmente los teléfonos de periodistas, defensores de derechos humanos y a políticos de oposición. La Fiscalía ha intentado procesar a los exfuncionarios que participaron en la adquisición del malware, objetivo al que se suman los señalamientos de corrupción en torno a la compra del programa. La organización Artículo 19 ha exigido a la Fiscalía investigar ahora el posible pago de sobornos a Peña Nieto y a los políticos de su entorno. Nota tomada de: El País

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Según Riva Palacio, AMLO rompió el pacto con Peña Nieto tras pruebas de sobornos millonarios

Raymundo Riva Palacio reveló en su columna que el pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador se habría roto tras nuevas pruebas entregadas a la FGR. FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM / EFE/Alberto Ortiz/Archivo En su columna Estrictamente Personal, Raymundo Riva Palacio revela que el pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador se rompió tras nuevas pruebas de sobornos por más de 100 millones de dólares Un acuerdo de no intervención en la elección presidencial de 2018 entre el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el hoy mandatario Andrés Manuel López Obrador está colapsando, tras revelaciones que involucran a proveedores del Estado en una red de corrupción multimillonaria. La columna “Estrictamente Personal”, del periodista Raymundo Riva Palacio, publicada este miércoles, expone que este presunto pacto político quedó fracturado tras la entrega de documentación comprometedora por parte de empresarios investigados por la Fiscalía General de la República (FGR). Según la columna, en mayo de 2018, Peña Nieto acordó no intervenir en las elecciones y quitarle apoyo al candidato del PRI, José Antonio Meade, a cambio de impunidad para él y sus allegados. A pesar de las presiones internas en el movimiento lopezobradorista para llevar al expresidente a juicio, López Obrador cumplió el pacto e incluso pidió a Peña que saliera discretamente del país. Sin embargo, el acuerdo ha llegado a su fin. La ruptura se produjo tras el giro que tomó una investigación de la FGR iniciada en 2020, originalmente enfocada en el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, con la esperanza de que pudiera incriminar a Felipe Calderón. Pero el caso tomó otro rumbo gracias a los empresarios Samuel Weinberg, su hijo Alexis, y su socio Natan Wancier Taub, quienes pidieron criterio de oportunidad a cambio de su colaboración. Los Weinberg, proveedores del gobierno mexicano durante más de 25 años, entregaron documentos que prueban la adjudicación de contratos por al menos 465 millones de dólares durante el sexenio de Peña Nieto, además del pago de deudas heredadas del sexenio de Calderón. Entre los contratos destacan: El periodista Raymundo Riva Palacio aseguró que los vínculos entre el gobierno de Peña Nieto y proveedores de tecnología incluyen más de 120 millones de dólares en sobornos. EFE/FRANCISCO GUASCO/Archivo Las transferencias millonarias se realizaron a 17 bancos en México y 18 más en Barbados e Israel, involucrando a empresas como Nunvav Inc. S.A. y Nunvav Technologies Inc. S.A., presuntamente creadas para operar este esquema. El punto clave: sobornos por más de 100 millones de dólares Aunque las adjudicaciones en sí no son ilegales, los Weinberg y Wancier Taub declararon bajo protesta que parte del dinero fue destinado a sobornos dirigidos a Peña Nieto y a su entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Según sus declaraciones, más de 100 millones de dólares fueron transferidos directamente a una estructura que llamaron su “organización”, lo que podría constituir delitos graves de corrupción y lavado de dinero. Estas revelaciones marcan el rompimiento definitivo del pacto de inmunidad. El gobierno de López Obrador había evitado vincular penalmente a Peña Nieto, pero las pruebas aportadas por los testigos protegidos han reactivado la ofensiva judicial contra el expresidente y otros altos funcionarios del pasado. El avance de esta investigación podría cambiar el rumbo del escenario político y judicial en México, pues los vínculos entre gobiernos, contratistas y estructuras financieras opacas revelan una trama que podría derivar en nuevas acusaciones penales de alto perfil. Nota tomada de: Infobae

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