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Planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul establecida en Jasso, Hidalgo. Foto: Especial Por el ingreso al inmueble en poder de un grupo disidente hubo disparos de arma de fuego, movilización social, el poblado fue sitiado y el operativo contó con el refuerzo de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y las policías municipales de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan. Durante una intervención de madrugada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul establecida en Jasso, Hidalgo, tras la orden de un juez de aquella entidad. Por el ingreso al inmueble en poder de un grupo disidente hubo disparos de arma de fuego, movilización social, el poblado fue sitiado y el operativo contó con el refuerzo de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y las policías municipales de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan. Pobladores de la localidad de Jasso –ahora llamada Ciudad Cooperativa Cruz Azul–, en el municipio de Tula, denunciaron que en la intervención hubo lesionados y, según su narrativa, posiblemente hay decesos por ataques directos, sin que las autoridades de ambos estados confirmen fallecimientos ni el saldo del operativo, aunque se reportan detenciones de personas que se encontraban en la planta, quienes estarían bajo custodia del Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que tampoco ha emitido información. Los cooperativistas que tenían el inmueble acusaron ilegalidad en los ingresos, al afirmar que amparos lo impedían, así como violencia por parte de la instancia ejecutora de la orden judicial. En los años previos, los intentos de toma de la Planta Cementera de Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., ubicada en Tula de Allende, dejaron pérdidas humanas en actos violentos, así como una parálisis de producción, porque desde el 17 de agosto de 2022 la planta está fuera de operación por un corte de energía eléctrica. Antes de eso, la capacidad instalada de producción era de 12 mil toneladas diarias de cemento.  La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) expuso en un breve comunicado emitido a las 7:00 horas de este día que la diligencia ministerial fue ejecutada por su homóloga del Estado de México, “en acato a lo ordenado por un juez”, y que las autoridades de Hidalgo “participan en el operativo para dar seguridad perimetral a la población”. Lo mismo refirió la policía estatal: “un requerimiento de apoyo” para resguardar el perímetro, sin notificación de lesionados o muertos, hasta la última actualización. El 31 de agosto último, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendieron a uno de los líderes de uno de los grupos que disputa el control de la Cooperativa: Federico Sarabia Pozo. Era el grupo de Sarabia el que, hasta esta madrugada, mantenía la posesión del inmueble en Tula. Entre las confrontaciones, esta facción de cooperativistas había acusado de solicitar la suspensión del suministro eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Víctor Manuel Velázquez Rangel –líder del otro grupo–, con el argumento que se iban a realizar trabajos de mantenimiento en la planta cementera y en la subestación eléctrica, lo cual no se realizó porque la posesión la tiene la otra facción. Por su parte, el grupo de Velázquez Rangel ha acusado a Sarabia de posesión ilegal y fraude, en tanto que al gobierno hidalguense de inacción, porque afirman que tienen la certeza legal. La empresa se dividió en estas dos facciones tras la salida de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas de la mesa directiva en 2020. Ambos grupos se han acusado de prácticas corruptas como desvíos y malversación de recursos y de materiales, aunado a que también se culpan por las muertes. En el operativo de esta madrugada, pobladores narraron que aproximadamente a las 4:30 horas ingresó un grupo armado –posteriormente supieron que eran agente de la Fiscalía del Edomex–, con apoyo de Guardia Nacional, y custodiados en el perímetro –incluido el bloque de accesos a Jasso– por policías municipales y estatal de Hidalgo. Denunciaron que la acción se llevó a cabo aunque cuentan con amparos que impedían el ingreso de Guardia Nacional y otras corporaciones. El conflicto en Cruz Azul data de septiembre de 2018, cuando a partir de la convocatoria que hizo uno de los grupos implicados se llamó a socios cooperativistas para una nueva directiva. A partir de 2018 hubo procedimientos de orden civil en la Ciudad de México, cuestionamientos sobre la legalidad del proceso e impugnaciones. La confrontación, primero en tribunales, después llevó a que el 19 de agosto de 2020 un grupo se presentara con guardias de seguridad para intentar tomar posesión del complejo en Tula, pero socios, trabajadores y sus familiares lo impidieron. El 15 de diciembre de 2021, de noche, con una supuesta orden judicial y acompañados de personal de la policía estatal, así como elementos Policía Industrial Bancaria, nuevamente el grupo de Velázquez intentó tomar la planta, pero no lo consiguieron. La otra facción argumentó que tenía un amparo que les permitía mantener la posesión de la planta, que en ese momento todavía continuaba productiva. La defensa de Velázquez lo rechazó. Asimismo, la madrugada del 27 de abril de 2022 un choque entre los bandos, de nuevo por la posesión, dejó ocho decesos y la pérdida de suministro eléctrico en el complejo por 15 días debido a daños ocasionados en la Subestación Eléctrica ubicada en la comunidad de Acoculco, a tres kilómetros de la planta. Estas acciones ocurrieron aún en el gobierno de Omar Fayad Meneses, que culminó en septiembre de 2022. El último acontecimiento violento, ya en el mandato de Julio Menchaca Salazar, data del 23 de septiembre de 2024, cuando de madrugada personas armadas con palos y machetes intentaron ingresar al inmueble, pero fueron detenidos por corporaciones de seguridad del estado. El saldo oficial de esa intervención fue de nueve lesionados, siete por fracturas o golpes y dos por disparos de arma de fuego. Nota tomada de: Proceso