Claudia Sheinbaum

Una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 10 de diciembre de 2024.CUARTOSCURO El Senado sustituirá al Comité de Evaluación del Poder Judicial y elegirá a los aspirantes mediante un sorteo el viernes Nuevo choque de poderes por la reforma judicial. El Ejecutivo y el Legislativo, dominados por Morena, el partido gobernante, han sacado de la jugada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El Comité de Evaluación del Poder Judicial había detenido sus trabajos de cribado de aspirantes a jueces en acatamiento a suspensiones ordenadas por juzgados de amparo. Tras varios días de presiones desde Morena, el Tribunal Electoral (TEPJF) facultó al Senado de la República, dominado por el oficialismo, para que seleccione mediante un sorteo a los aspirantes que le correspondía proponer al Poder Judicial y que aparecerán en la boleta final. Horas después de la sentencia del Tribunal, los cinco integrantes del Comité de Evaluación judicial presentaron su renuncia la noche del lunes, al “percibir inviable la tarea constitucional que [les] fue encomendada”. El sorteo del Senado será el viernes al mediodía. La presidenta Claudia Sheinbaum instó en varias ocasiones a la Suprema Corte de Justicia para que destrabase la selección de candidatos, alegando que la reforma judicial es una norma constitucional y que el Alto Tribunal estaba afectando el derecho de los aspirantes a participar en la contienda. Este martes, la mandataria ha destacado la sentencia del TEPJF. “No fue que el Tribunal [Electoral] dijera que podía continuar el Poder Legislativo a través de la elección al azar, sino que fue una decisión de la Corte de no continuar con los trabajos”, ha observado. “Lo que hace el Tribunal Electoral es seguir al pie de la letra lo que dice la Constitución. Lo que me parece bien es que no haya una persona que se violen sus derechos de participar y que por eso pudiera haber algo que pusiera en riesgo la elección. Ahora, al revés, se fortalece todavía más”, ha añadido. Sheinbaum también ha minimizado la importancia de las renuncias de los integrantes del Comité de Evaluación judicial. “Ni modo que siguieran en un comité que ya no tenía sentido”, ha ponderado. En el centro de la disputa jurídica entre los tribunales estaba la cuestión de qué autoridad tenía la última palabra en lo referente a las etapas de la reforma judicial. Finalmente, se impuso el Tribunal Electoral, partiendo de la base de que la elección de jueces es eminentemente una materia electoral. La sentencia del TEPJF ordena al Senado omitir la etapa de revisar la idoneidad de los perfiles, que es en la que se encontraba el comité judicial, y seleccionar mediante un sorteo —tómbola, en el argot político mexicano— a los candidatos que aparecerán en la boleta de la elección del próximo 1 de junio. La selección al azar se hará de entre los 1.046 aspirantes que en una primera etapa ese comité consideró elegibles. El Senado enviará a la Suprema Corte el listado que se obtenga para que lo ratifique. Sin embargo, si el Alto Tribunal se opone, el Senado está facultado para enviar directamente la lista al INE, encargado de organizar la elección. Cada poder de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, contaba con un Comité de Evaluación para cribar las miles de postulaciones de abogados que aspiran a alguno de los casi 900 cargos judiciales en disputa. En total, los tres comités recibieron casi 50.000 registros. Para diciembre, tras verificar que los aspirantes cumpliesen con los requisitos mínimos —ser abogados, haber tenido buen promedio escolar, presentar cartas de recomendación y entregar un ensayo—, dejaron pasar a una segunda etapa a poco más de 19.000 personas. En la fase siguiente, los comités de cada poder debían hacer un trabajo más minucioso y determinar la idoneidad de los aspirantes para desempeñar el cargo, lo que reduciría aún más las listas, que debían quedar integradas a más tardar este 31 de enero. La implementación de la reforma judicial entró en un terreno pantanoso el pasado 7 de enero a raíz de una sentencia de un juez de amparo que ordenó a cada uno de los tres Comités de Evaluación “suspender en la etapa en que se encuentra y en el ámbito de sus competencias todo proceso”. Únicamente el comité del Poder Judicial acató la orden del juzgador, advirtiendo de la “considerable inequidad” que implicaba que solo ese órgano suspendiese sus trabajos, mientras que los comités del Ejecutivo y el Legislativo siguieran adelante, como de hecho fue el caso. Los ahora exintegrantes del comité judicial han agradecido a los ministros del Supremo por su confianza para nominarlos al cargo de evaluadores. “Aceptamos el cargo de integrantes del comité con la convicción de que este podría constituir un espacio importante para garantizar la llegada de perfiles profesionales al proceso de elección”, señalaron en su carta de renuncia. Nota tomada de: El País