Norma Piña y Hugo Aguilar se reúnen por primera vez para preparar la llegada de la nueva Suprema Corte

Norma Piña y Hugo Aguilar.Héctor Guerrero/Nayeli Cruz La presidenta actual y el titular electo sostienen un “diálogo cordial y fructífero” El presente y el futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han encontrado este martes por primera vez. Norma Piña, actual presidenta, y Hugo Aguilar, el titular electo, se han reunido en la sede del tribunal para lo que han denominado como “establecer las líneas de trabajo para dar continuidad al proceso de transición”. En un escueto comunicado, la Corte ha definido que se ha tratado de un “diálogo abierto, cordial, fructífero y con un ánimo de transparencia”. Aguilar ha afirmado a la salida del encuentro que van a hacer una “transición buena y tersa por el bien de México”. Piña y Aguilar son los rostros del antes y el después de la reforma judicial. El proyecto, ideado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ejecutado por su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha tirado abajo la organización de la justicia en el país para reconstruirla entera en torno a la elección popular de los cargos judiciales. Piña, convertida en adversaria a la 4T en las mañaneras de López Obrador, representa lo que se va; y Aguilar, quien venció con más de seis millones de votos en la elección del 1 de junio, lo que llega. A mitad de camino, este encuentro. “Todo está en orden”, ha dicho el presidente electo que, sin dar más detalles, ha adelantado que se van a “constituir grupos de trabajo para ir avanzando”: “Vamos a estar trabajando de manera continua”. La SCJN ha señalado que el “compromiso” es “integrar equipos de trabajo que den certidumbre y justicia a las personas justiciables y a la sociedad mexicana”. Todavía no fijaron la fecha para la próxima reunión, pero Hugo Aguilar ha sostenido que “todo va a caminar”. El 1 de septiembre el máximo tribunal de México cambiará su composición casi por completo. Por un lado, el nuevo presidente de la Corte ya no será también el titular del Consejo Federal de la Judicatura (una institución que se parte ahora en dos: el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración), por lo que habrá funciones que Piña sí tenía y que no dependerán ahora de Aguilar. Además, la SCJN va a pasar de 11 a 9 integrantes. A excepción de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todos serán nuevos y todos fueron colocados en los acordeones que Morena repartía en la elección para dirigir el voto. El máximo tribunal también va a eliminar las dos salas, en las que resolvía la mayoría de los asuntos, para decidir todos los temas en conjunto en el pleno de la Corte. Este cambio impacta especialmente por el rezago que acumula la institución. La ministra Ortiz calculó que la nueva SCJN empezaría con más de 8.000 asuntos pendientes, con dos integrantes menos y la mayoría de ellos de nueva incorporación. En una entrevista con este periódico, Aguilar dijo estar todavía trabajando en cómo van a afrontar este aluvión de pendientes. La llegada de este abogado mixteco, de 52 años, a la cumbre de una de las instituciones más exclusivas de México ha agitado el avispero del racismo en el país. Las críticas se dispararon, por ejemplo, por su elección de llevar una toga bordada en vez de la toga tradicional. “La mayoría de los comentarios negativos hacia mí parten del hecho de que no sé, no sirvo, soy indígena. Eso solamente expresa racismo y clasismo”, contó el presidente electo a EL PAÍS: “Además de todos los retos que voy a encarar, también tengo el reto de mostrarle a todos que un indígena tiene la capacidad y el conocimiento para conducir la máxima instancia jurisdiccional de este país“. Nota tomada de: El País

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Peña Nieto y Pegasus: nuevas revelaciones confirman investigaciones periodísticas y falta de acción por parte del Estado

El sistema de justicia del Estado mexicano no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición, aseguró Leopoldo Maldonado, director de Artículo19. Luis Fernando García, fundador de R3D, y Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, analizaron en Aristegui En Vivo la nueva información publicada por el medio israelí The Marker, que señala que empresarios israelíes habrían entregado 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto para asegurar contratos de venta del software espía Pegasus durante su gobierno. García consideró que hay varios aspectos de lo publicado que resultan sumamente relevantes y destacó que “se hacen sugerencias de que los contratos estuvieron mediados por potenciales sobornos al presidente Peña Nieto”. Indicó que esta información debería haber sido investigada desde hace tiempo, pero “ha habido muchas resistencias tanto durante el gobierno de Peña Nieto como el gobierno anterior y hasta en el actual para llevar a cabo una investigación diligente”. Señaló que los documentos revelan posibles mecanismos de lavado de dinero a través de donativos a empresas u organizaciones israelíes. Además, destacó que se mencionan cuentas en Estados Unidos que podrían haber sido utilizadas para mover fondos, lo cual “potencialmente podría abrir la posibilidad de investigaciones en los Estados Unidos”. Asimismo, recordó que en ocasiones anteriores ya se ha discutido públicamente cómo figuras como Tomás Zerón o Jesús Murillo Karam recomendaron la contratación con las empresas vinculadas a Pegasus. “Sigue siendo información vigente. Si no es la justicia mexicana la que termine por esclarecer el asunto, no podemos decir que esté esclarecido de ninguna manera”, afirmó. El fundador de R3D sostuvo que incluso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se continuó con la contratación de estas herramientas de espionaje por parte del Ejército. “Una de las empresas de este mismo conglomerado, Comercializadora Antsua, también habría sido utilizada para la adquisición de licencias de Pegasus ya en el gobierno de López Obrador”, aseguró. Agregó que esa tecnología fue usada para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos. Finalmente, García subrayó que “las investigaciones informales que hemos hecho medios, organizaciones no gubernamentales e investigadores independientes han sido las que más han revelado”, y lamentó que instituciones con mayores recursos como la Unidad de Inteligencia Financiera no hayan actuado con mayor contundencia. Por su parte, Leopoldo Maldonado afirmó que esta nueva información “es un elemento importante de un cúmulo de pruebas que se han ido recabando a través de investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil”. Señaló que lo revelado en el arbitraje entre los empresarios israelíes se vincula directamente con lo declarado por el testigo protegido identificado como “Zeus”, quien desde 2019 ha colaborado en una de las carpetas de investigación. Maldonado explicó que Zeus testificó ante una autoridad judicial en 2023 sobre la participación de la red de empresas KBH y su vínculo con altos funcionarios mexicanos. Detalló que el operador técnico de esta red, Juan Carlos Rivera, es la única persona acusada formalmente hasta el momento, y no era funcionario público. De acuerdo con Maldonado, el testimonio de Zeus demuestra que los intermediarios en México “hacían trabajo sucio para altos funcionarios del gobierno mexicano”. Añadió que la misma fuente corroboró el espionaje cometido contra un integrante del gobierno de Peña Nieto, el doctor Manuel Mondragón. Sobre la actuación de las autoridades mexicanas, el director de Artículo 19 señaló que el sistema de justicia del Estado mexicano no ha sido capaz de procesar debidamente ni el mal uso de Pegasus ni la corrupción en su adquisición. Afirmó que las investigaciones no han llegado a altos niveles de responsabilidad, ni siquiera en el caso de las denuncias interpuestas por las víctimas del espionaje durante el actual gobierno. En este contexto, criticó la reciente aprobación de reformas conocidas como “leyes espía”, al considerar que el Estado no ha demostrado tener voluntad para investigar los abusos del pasado. Nota tomada de: Aristegui Noticias

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Peña Nieto sale en tromba a desmentir el cobro de sobornos en la compra del malware Pegasus durante su Gobierno

Enrique Peña Nieto, en Ciudad de México, el 3 de febrero de 2015.Miguel Tovar (LatinContent via Getty Images) El expresidente priista niega desde el extranjero las revelaciones ventiladas en una disputa legal entre los proveedores del software espía La vida tranquila del expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) fuera de México ha sufrido un sobresalto. El periódico israelí The Marker ha señalado que el último presidente priista, que gobernó México entre 2012 y 2018, obtuvo sobornos millonarios de parte de los patrocinadores del polémico software de espionaje Pegasus. La revelación consta dentro de una disputa legal entre dos empresarios israelíes que se dirime en los tribunales de ese país. La acusación indica que, a cambio de los pagos, los empresarios obtuvieron importantes contratos en la Administración de Peña Nieto. El exmandatario ha negado los señalamientos, primero en su cuenta de X, que no usaba desde hacía meses, y luego en entrevistas, y ha precisado que no tuvo nada que ver en los procesos de contratación de proveedores de su gobierno. La revelación del diario israelí fue recogida por la prensa mexicana este fin de semana. La publicación indica que los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher (dueño de Grupo KBH, proveedor de Pegasus) recurrieron a un arbitraje para resolver sus diferencias sobre una “inversión” de 25 millones de dólares que hicieron en el expresidente Peña Nieto. Los documentos legales, según el reporte israelí, afirman que los empresarios acordaron que su relación con el exmandatario sería “un negocio conjunto”, a fin de obtener generosos contratos con el Gobierno mexicano, uno de ellos, la venta del malware Pegasus. La publicación señala que los empresarios se dividieron el acceso a las autoridades mexicanas, por lo que no queda claro si los 25 millones de dólares fueron directamente a parar a los bolsillos de Peña Nieto. La empresa israelí de ciberseguridad NSO Group, en el desierto de Aravá, el 11 de noviembre de 2021.Amir Levy (Getty Images) El expresidente, que divide su residencia entre España y República Dominicana desde que dejó el cargo, se ha apresurado a negar los señalamientos. “Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o tal proveedor, no es mi tarea”, ha señalado en una entrevista radiofónica en el programa de Ciro Gómez Leyva. El exmandatario ha negado conocer a Neriah y Ansbacher, y ha afirmado que sus negocios en México venían de antes de que él iniciara su sexenio. “Entiendo que son dos empresas que estaban constituidas antes de que yo asumiera la presidencia de la República, que prestaban ya servicios al gobierno anterior, seguramente continuaron con mi gobierno, no sé a qué grado, no sé qué hayan realizado, no lo sé, sinceramente no lo sé”, ha asegurado. La contratación de Pegasus por parte de México ha estado envuelta en enorme polémica. Oficialmente adquirido para labores de inteligencia y combate al crimen organizado, el programa, desarrollado por la firma israelí NSO Group, fue criticado luego de que se descubrió que fue utilizado para espiar ilegalmente los teléfonos de periodistas, defensores de derechos humanos y a políticos de oposición. La Fiscalía ha intentado procesar a los exfuncionarios que participaron en la adquisición del malware, objetivo al que se suman los señalamientos de corrupción en torno a la compra del programa. La organización Artículo 19 ha exigido a la Fiscalía investigar ahora el posible pago de sobornos a Peña Nieto y a los políticos de su entorno. Nota tomada de: El País

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«Inviertan en el país»: Sheinbaum a empresarios; se busca acelerar el Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el 4 de julio de 2025. Foto Presidencia “Inviertan en el país”. Ese fue el mensaje central que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió a los principales empresarios del país durante una reunión celebrada anoche en Palacio Nacional, en la que se discutieron medidas para acelerar la consolidación del Plan México frente al panorama de desaceleración económica global. “Hay muchas áreas de inversión donde ya tienen participación, pero hay otras en las que es importante que generen cadenas de valor con pequeñas y medianas empresas”, explicó la mandataria este viernes en su conferencia de prensa en Palacio Nacional. “En estos momentos, su compromiso con México debe notarse más”, añadió. A la reunión acudieron líderes del sector privado como Carlos Slim (Grupo Carso), Daniel Servitje (Grupo Bimbo), Antonio Chedraui (Grupo Comercial Chedraui), Guadalupe de la Vega Arizpe (Grupo de la Vega), Salvador Daniel Kabbaz (Fibra Danhos) y Juan Pablo del Valle (Orbia), además de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Sheinbaum destacó que la economía mexicana mantiene estabilidad, con un peso fuerte y finanzas públicas sanas. Detalló que este año se ejercerá una inversión pública cercana a los 800 mil millones de pesos, además de una cifra similar destinada a programas de bienestar. Sin embargo, subrayó que “es muy importante que se potencie la inversión privada”. La presidenta señaló que su gobierno mantiene diversas mesas de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para atender temas como energía, simplificación de trámites y atracción de inversiones. Los empresarios, dijo, expresaron preocupación por la lentitud en la emisión de permisos, por lo que el Ejecutivo buscará facilitar estos procesos “dentro del marco de la ley”. Al ser cuestionada sobre la reciente caída en el índice de confianza del consumidor —de 1.1 por ciento mensual y 2.2 por ciento anual, según datos del Inegi—, Sheinbaum aseguró que no hay señales de debilidad en el consumo interno. “Es parte de esta situación que vivimos con Estados Unidos, pero no hay un problema de consumo en el país. Incluso ayer lo mencionaron ellos”, sostuvo en referencia a los empresarios. Nota tomada de: La Jornada

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Casa Azul y corrupción: La postura de Claudia Sheinbaum frente a la controversia involucrando a Diego Sinhue Rodríguez

Diego Sinhue Rodríguez, exgobernador de Guanajuato, está envuelto en una polémica por una residencia en Texas valorada en más de un millón de dólares. La Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la controversia sobre la “casa azul” de Diego Sinhue Rodríguez, exgobernador de Guanajuato. La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se refirió a la reciente controversia que involucra a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, exgobernador de Guanajuato, en torno a una residencia en The Woodlands, Houston, Texas, bautizada como “la casa azul”. Durante una conferencia mañanera, Sheinbaum afirmó que, de comprobarse que la casa que ocupa Rodríguez Vallejo pertenece a una empresa con la que él otorgó contratos durante su mandato, se trataría de un caso de corrupción. Posición de Claudia Sheinbaum Sheinbaum destacó que el Gobierno federal no tomará medidas por iniciativa propia para investigar este caso. En lugar de ello, urgió a Rodríguez Vallejo a que aclare la situación. La Mandataria argumentó que las fiscalías federales y estatales, así como la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de Guanajuato, son las autoridades competentes para llevar a cabo las indagatorias pertinentes. Específicamente, Sheinbaum mencionó que la Fiscalía de Guanajuato, la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría Superior de Guanajuato podrían investigar este caso debido al nexo existente entre los contratos de seguridad otorgados a la empresa Seguritech y la residencia de Rodríguez Vallejo en Texas. El Caso de la “Casa Azul” Según informes de investigaciones realizadas por el laboratorio periodístico POPLab y la plataforma CONNECTAS, la residencia en cuestión, valorada en más de un millón de dólares, pertenece a Daniel Ezquenazi Beraha, gerente de Seguritech, una empresa que firmó contratos por más de 2 mil 800 millones de pesos durante el mandato de Rodríguez Vallejo. Estos contratos incluían la instalación y operación de sistemas de cámaras y seguridad en Guanajuato. Contradicciones y cuestionamientos Rodríguez Vallejo, quien inicialmente negó tener planes de abandonar México y afirmó que su familia vivía en viviendas rentadas, ahora enfrenta críticas y cuestionamientos por la revelación de que reside en una casa millonaria en Estados Unidos. Aunque el exgobernador ha negado ser el propietario de la propiedad, reconoció que su esposa e hijas residen allí mientras asisten a estudios en Estados Unidos. La compra de la propiedad por parte de DAI LLC, con Daniel Ezquenazi Beraha como gerente, ha levantado sospechas sobre posibles vínculos entre Rodríguez Vallejo y empresarios locales. La relación entre el político y Seguritech, una empresa con la que firmó contratos multimillonarios durante su mandato, ha sido objeto de escrutinio. Posibles escenarios de investigación Sheinbaum dejó claro que el Gobierno federal no intervendrá directamente en este caso. En cambio, sugirió que las fiscalías federales y estatales, junto con las auditorías correspondientes, deben abordar la investigación. También mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría intervenir si encuentra indicios de lavado de dinero o financiamiento ilícito, aunque esto depende de las investigaciones que ya estén en curso. La Presidenta enfatizó que, si se comprueba que la casa pertenece a una empresa con la que Rodríguez Vallejo otorgó contratos, se trataría de un caso de corrupción. Sin embargo, subrayó que es responsabilidad de las autoridades competentes determinar si hay suficiente evidencia para abrir una investigación formal. Nota tomada de: El Imparcial

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Denuncia penal del PAN contra Vector «es pura hipocresía»: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 1 de julio de 2025. Foto Presidencia La denuncia penal presentada por miembros del PAN en contra de la casa de bolsa Vector —señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero— “es pura hipocresía”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la mañanera de este martes, a pregunta sobre la denuncia panista, la mandataria federal señaló que deben tener pruebas para presentar tal proceso. Ayer, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y otros miembros de ese partido presentaron una denuncia ante la FGR para que se investigue a Vector Casa de Bolsa y a quien resulte responsable por presunto encubrimiento y lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Señalaron directamente al dueño de la empresa y ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio pasado, Alfonso Romo. “Es pura propaganda de ellos porque no tienen pruebas, las pruebas que enviaron del Departamento del Tesoro al gobierno de México, por la información que enviaron, pues no representaba prueba alguna”, señaló la jefa del Ejecutivo. La presidenta destacó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo su propia investigación y la Comisión Nacional Bancaria de Valores sancionó a esta casa de bolsa, dado que no cumplía con una serie de “cuestiones” administrativas, “pero en términos de lavado de dinero no presentaron ninguna prueba”. Nota tomada de: La Jornada

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Con inversiones, empleo y mayor seguridad, Puebla participa en Polos de Bienestar

-El gobernador Alejandro Armenta, firmó la carta intención para iniciar con la implementación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar y se sumó al compromiso de cero burocracia. -La entidad transforma 400 hectáreas en San José Chiapa con Ciudad Modelo en la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad y genera oportunidades al talento poblano. Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social con inversiones, oportunidades de empleo y mayor seguridad, el Gobierno de Puebla encabezado por Alejandro Armenta, forma parte de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), que impulsa el Gobierno Federal de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Durante la mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que parte del Plan México, los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), son uno de los ejes centrales para fortalecer las inversiones nacionales y extranjeras, para ello afirmó que existe plena coordinación con las y los gobernadores que forman parte de dicha iniciativa. «Es ordenar la inversión por clústeres, zonas donde exista desarrollo principalmente industrial, servicios y turismo, Polos de Desarrollo que permitan tener inversión en el sector de manufacturas y servicios», puntualizó la presidenta de México. En su mensaje, el gobernador de Puebla, resaltó que Puebla participa con 10 modelos de desarrollo y que con el respaldo del Gobierno de México de la presidenta Sheinbaum Pardo se transforma lo que fue un elefante blanco de los gobiernos neoliberales en un polo de bienestar en un área de más de 400 hectáreas que se ubica en Ciudad Modelo y que será la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad. El mandatario detalló que el parque está ubicado en la intersección que comunica a Veracruz y a Oaxaca, lo que facilitará la conexión por vías carreteras y férreas al Tren Interoceánico. Dijo que este polo articulará siete parques industriales, 12 privados y tres reservas industriales. «Para nosotros, la visión integral de nuestra presidenta tiene como significado la articulación sistémica de todos los nodos de desarrollo para el sector primario, secundario y terciario de nuestra economía», aseguró el gobernador. Por último, el mandatario estatal subrayó que Puebla participa con la firma del acuerdo de intención, en todos los proyectos de tecnología que impulsa la presidenta como en el acompañamiento de Kutsari en el diseño de semiconductores; Olinia en la industria automotriz que impulsa la electromovilidad; con el Programa Nacional de Divulgación Científica, así como con un campus de la Universidad Rosario Castellanos en Eloxochitlán. En su intervención, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el objetivo es crear bienestar, concentrar el esfuerzo para proveer infraestructura, servicios, estímulos fiscales, promover inversión en maquinaria y equipo, así como fomentar programas de capacitación dual e impulsar la innovación. Durante la firma de convenio estuvieron presentes las y los gobernadores de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Tlaxcala, Sinaloa, Morelia, Quintana Roo y Guanajuato. Nota tomada de: Puebla.gob.mx

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Sheinbaum: se están revisando contratos del Tren Maya y si hay irregularidades “se procederá”

Claudia Sheinbaum en su conferencia del miércoles. Foto: Eduardo Miranda Esto dijo la mandataria sobre la presunta vinculación de implicados en el escándalo de corrupción en España con la megaobra de la 4T La Secretaría Anticorrupción realiza una revisión integral de todos los contratos del Tren Maya y si se encuentra alguna irregularidad, en particular con empresas españolas, “se procederá”, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.  Durante su conferencia matutina de este miércoles, la prensa cuestionó a la mandataria si su gobierno abrirá alguna investigación sobre los contratos para la construcción del Tren Maya que obtuvieron empresas españolas presuntamente ligadas con el escándalo de corrupción conocido como “Caso Koldo” en ese país europeo.  “Desde que nosotros llegamos, a través de la Secretaría Anticorrupción se está haciendo una revisión general para cerrar todos los contratos del Tren Maya. Le pedí a Raquel Buenrostro que hiciera una revisión integral para poder cerrar contratos. Las empresas dicen que hay adeudos; pues hay que revisar si sí hay adeudos o no hay adeudos. En fin, todo lo que significa el cierre de una obra pública”, respondió.  Luego, la titular del Ejecutivo se refirió al asunto mencionado: “Y en ese caso, si se encuentra alguna irregularidad, se procederá dentro de la Secretaría Anticorrupción o en otras instancias, como parte de la revisión integral que se hace a la hora de que se cierra una obra”.  Agregó que la obra que inició en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador también es auditada por la Auditoría Superior de la Federación.  Caso “Koldo” y el Tren Maya  Según el diario Reforma, tres protagonistas del escándalo de corrupción española más reciente, conocido como “Caso Koldo”, viajaron a México en febrero de 2019 para conseguir contratos de Tren Maya y los obtuvieron para la empresa pública española INECO; así como para las privadas AZVI y ACCIONA, empresas vinculadas con presuntos sobornos.  A mediados de junio, el “Caso Koldo” dejó al descubierto el cobro sistemático de sobornos para asignar contratos de obra pública en España, en el que estuvieron involucrados integrantes del gobierno del presidente Pedro Sánchez, quien ya tiene reclamos para que renuncie al cargo.  El pasado 12 de junio, Sánchez se disculpó ante la ciudadanía después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió un informe en el que reveló que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), -partido al que pertenece Sánchez-, gestionó el reparto de hasta 620 mil euros en comisiones ilegales de parte de una empresa que recibió contratos públicos. Nota tomada de: Proceso

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Diputados avalan nueva ley de la Guardia Nacional; concretan su militarización

Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados avalaron la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional, así como las leyes secundarias que regulan su traspaso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y en las cuales se incluyen nuevas facultades y beneficios para el Ejército.  En periodo extraordinario, y con el rechazó del PAN, PRI y MC, el pleno de San Lázaro aprobó con 351 votos a favor y 124 en contra, la expedición de la Ley de la Guardia Nacional, así como modificaciones a ocho leyes militares. El dictamen pasa al Senado para su discusión. Entre los principales cambios está la aprobación de nuevas atribuciones y obligaciones para la Guardia Nacional (GN), organismo de seguridad que a raíz de la reforma de 2024 quedará integrada en su totalidad por personal militar de la Sedena. Y es que la nueva Ley de la Guardia Nacional marca que los elementos militares de la GN tendrán a su cargo la vigilancia de zonas fronterizas, aduanas, parques nacionales, espacios urbanos federales, y todo aquel espacio del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal. También podrá participar en la protección de los recursos naturales, así como en la prevención, investigación y combate de delitos como la tala ilegal, el tráfico de especies y la degradación o contaminación de ecosistemas. Asimismo, los militares de la GN podrán realizar investigación e inteligencia para la prevención de los delitos, recabar información en lugares públicos, llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación de delitos. Incluso, se indica que tendrán la facultad de solicitar a empresas telefónicas y de telecomunicaciones datos como como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real; así como realizar intervención de comunicaciones privadas; acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de Internet sobre sitios web, con el fin de prevenir conductas delictivas. De igual forma, la Cámara baja avaló la propuesta de la mandataria mexicana que permite a los militares activos de la GN el desempeñar cargos de elección popular o ser funcionarios de cualquier dependencia gubernamental a través de una licencia “especial” otorgada por la persona titular del Ejecutivo Federal o del titular de la Sedena. De igual forma, se plantea que este permiso “especial” se les dará “cuando la persona titular del Ejecutivo Federal los nombre para el desempeño de una actividad ajena a la Guardia Nacional”, es decir, cuando un presidente (a) de la República les ordene desempeñar una tarea civil específica. En tanto, estas reformas incluyen nuevas facultades para la Sedena, ya que, entre otras cosas, le da la capacidad para que, en el ámbito de su competencia, genere, opere, procese y utilice información en materia de seguridad nacional; desarrolle productos y servicios de Inteligencia. En este contexto, también se propone reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para establecer que, el empleo de la Guardia Nacional como Fuerza Armada será única y exclusivamente para preservar la seguridad nacional. Oposición alerta sobre la militarización de la vida pública En una sesión marcada por el cumpleaños de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien en diversas ocasiones los diputados del oficialismo se atrevieron a cantarle las “mañanitas” y felicitarla desde la Tribuna, fue que se concretó la figura militar de la Guardia Nacional, hecho que no pasó desapercibido por la oposición. “Morena a través del Ejército construye carreteras, administra aeropuertos, aduanas, puertos. Morena es banca, incluso quiere ser farmacia, chocolatería y hasta vender gas. Es decir, Morena se quiere convertir en la única voz, la única visión y la única razón. Y así con esa visión autoritaria y centralista están avanzando en la construcción de un México sin consenso, dividido”, lanzó la diputada del PRI Graciela Ortiz González. En el mismo sentido, el diputado José Guillermo Anaya (PAN), aseguró que esta reforma simboliza un intento grave por normalizar la militarización de la seguridad del país, ya que, dijo, no es un hecho aislado que se trate de tomar el control del país con unos rasgos de autoritarismo total. Por su parte, la diputada Laura Ballesteros (MC), advirtió que con estos cambios, las armas suplantarían el poder de las leyes y las instituciones. “Lo que hoy tenemos frente a nosotras no es un mero cambio administrativo ni un ajuste técnico como lo quieren presentar, se trata de una reforma que consolida la militarización de la seguridad pública del país y no solo eso, consolida la militarización de la vida pública de México”, subrayó. Es de resaltar que casi al final de la discusión de estas reformas, legisladores del PT y el PRI se enfrentaron en una discusión, a punto de los golpes, por la colocación de una manta en la que se le señalaba a Morena de ser un “cártel”. Mientras que una vez concluida la sesión, y desde Tribuna, diputados y diputadas de Morena, el PT y PVEM, encabezados por Ricardo Monreal, hicieron sonar por todo el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados las «mañanitas» para la presidenta Sheinbaum. Nota tomada de: El Economista

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Las posibles repercusiones que podría enfrentar Laura Zapata tras llamar a Claudia Sheinbaum de forma despectiva

Las posibles sanciones y multas que podría enfrentar Laura Zapata tras llamar ‘indita’ a Claudia Sheinbaum (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles) La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca anunció que presentará una queja formal ante el Conapred La actriz Laura Zapata desató una fuerte controversia en redes sociales luego de realizar comentarios calificados como clasistas y discriminatorios hacia Claudia Sheinbaum, presidenta de México. El detonante fue una crítica de la ex villana de telenovelas en Televisa hacia la mandataria por viajar en aerolíneas comerciales, en lugar de usar un avión exclusivo, situación que ocurrió en el marco de un evento internacional. Durante sus declaraciones en uno de sus programas grabados, la hermana de Thalía se refirió a la primera presidenta de México como “indita”, un término señalado como ofensivo por activistas y organismos de derechos humanos, provocando una ola de repudio en diversos sectores. En redes sociales, las palabras de Zapata, quien también calificó a la presidenta como una persona “sin categoría, sin clase, sin presencia”, se viralizaron rápidamente, con miles de usuarios condenando el comentario. Así reaccionó la actriz ante su controversial polémica (X) Pese a las críticas, la actriz intentó justificar sus palabras diciendo que no eran racistas, sino una alegoría política. “Viajar en vuelo comercial no te hace humilde, pusiste en riesgo a los pasajeros”, sostuvo la actriz en una defensa que no logró apaciguar el descontento. Derechos Humanos rechaza las declaraciones de Laura Zapata Tras la polémica, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un comunicado condenando enérgicamente las declaraciones de Zapata. El organismo señaló que este tipo de discursos refuerzan estereotipos históricos que perpetúan la exclusión y alimentan la violencia simbólica en contra de los pueblos indígenas. “Toda forma de discriminación, directa o indirecta, basada en el origen étnico o color de piel, no solo es moralmente inadmisible, sino jurídicamente sancionable”, destacó el organismo. En este sentido, la DDHPO anunció que presentará una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con la intención de que se analice la actuación de la actriz bajo lo estipulado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Además, subrayó que las expresiones vertidas por Laura Zapata no pueden considerarse amparadas por la libertad de expresión, ya que perpetúan prejuicios y afectan la dignidad de sectores históricamente vulnerados. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales? De acuerdo con las leyes en México, los actos de discriminación pueden tener implicaciones legales si se demuestra que las expresiones de Zapata fomentaron la exclusión o violentaron los derechos fundamentales de las personas o grupos mencionados. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que cualquier conducta que promueva la segregación o denigre a una persona por su origen étnico es sancionable. Aunque el Conapred no tiene facultades penales, sí puede emitir sanciones administrativas como multas o la obligación de ofrecer disculpas públicas. Además, dependiendo de la investigación y las conclusiones, Zapata podría enfrentar posibles demandas civiles si alguien afectado decide proceder legalmente. Por su parte, la polémica también podría repercutir en su carrera profesional, pues las redes sociales han mostrado un fuerte rechazo hacia la actriz, lo que podría significar el inicio de una ola de “cancelación” mediática que afecte sus futuros proyectos artísticos. Libertad de expresión vs. discriminación Una de las discusiones centrales que surge de este caso es el límite entre la libertad de expresión y los discursos discriminatorios. Si bien la Constitución mexicana protege el derecho a la libre manifestación de ideas, este derecho no es absoluto cuando se utiliza para perpetuar agresiones o menoscabar la dignidad de grupos históricamente marginados. Como apuntó la DDHPO, las expresiones de Zapata no pueden ser tomadas como opiniones libres cuando refuerzan prejuicios que afectan la percepción social de los pueblos indígenas. En un contexto donde la población indígena ha sido histórica y sistemáticamente vulnerable, este tipo de comentarios no pasan desapercibidos. Nota tomada de: Infobae

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