Gobierno presenta modificaciones a Ley de Adquisiciones y de Obras Públicas

Las nuevas leyes de Adquisiciones y Obras Públicas impulsadas por el gobierno federal buscan transformar de fondo la manera en que el Estado contrata bienes y servicios.  Las nuevas leyes de Adquisiciones y Obras Públicas impulsadas por el gobierno federal buscan transformar de fondo la manera en que el Estado contrata bienes y servicios. Así lo afirmó Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al presentar los principales ejes de las reformas que, dijo, apuestan por la transparencia, la eficiencia y el fortalecimiento del mercado interno. En ese sentido, explicó: “No porque sea la única fuente tenemos que comprar al precio que se ofrezca. Tratamos de platicar con ellos y hacer algunos tipos de negociaciones estratégicas para ver cómo mejoramos las condiciones”. Otro de los pilares de la reforma en adquisiciones es la inclusión de diálogos estratégicos con proveedores, especialmente en casos donde el gobierno requiere bienes o servicios que aún no existen en el mercado. Esta figura también se traslada a la ley de obras, con el fin de que los proyectos puedan ser explicados con mayor claridad desde su origen, reduciendo tiempos administrativos y permitiendo propuestas más precisas. Además, Buenrostro resaltó que las compras consolidadas y los acuerdos macro se fortalecen para aprovechar economías de escala. “Buscamos las mejores condiciones para el Estado también con este tipo de diálogos, sobre todo cuando hay productos innovadores”, añadió. “Como dijo la presidenta, el diálogo, la apertura hace que sea mucho más eficiente a la hora de hacer los procesos, pero además el que estén en la ley los hace más transparente y que sea abierto y que no se piense que hay reuniones, digamos, en lo obscurito porque tenemos la obligación de cuidar el dinero, que es dinero del pueblo y entonces para nosotros cada peso vale”, dijo la titular de la secretaría durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal de este jueves 10 abril. Contenido nacional y apoyo a Mipymes Un cambio anunciado será el aumento del porcentaje de contenido nacional requerido en las compras del gobierno, que pasa del 50% al 65%. Según Buenrostro Sánchez, esto busca fomentar las cadenas de valor y la producción nacional. A esto se suma la incorporación explícita de la economía social en la ley, con facilidades específicas para cooperativas, Mipymes y pequeñas empresas. “Consideramos que las pequeñas empresas no tienen la capacidad a veces económica, el flujo de capital, y entonces se le dan facilidades para recibir anticipos, pronto pago, cómo hacer licitaciones, también con procesos más ágiles y simples, porque no tienen la misma estructura de las grandes empresas y también darles un acompañamiento de principio a fin. Esto permite también fortalecer el mercado interno y también da fortalecimiento a la cadena de producción, que se van necesitando pequeños productos para los grandes productos de las grandes empresas”, subrayó. Sobre el sistema Compranet, la funcionaria aclaró que no desaparece, sino que evoluciona. “En realidad, lo cambiaron en 2023, pero la ley no se había actualizado. Hoy fue el momento de homologarla”, explicó. Ahora se trabaja con un sistema tecnológico propio, modular, más barato y adaptable. Una de las novedades anunciadas será la incorporación de una tienda digital, que permitirá a los administradores públicos adquirir productos comunes de forma más rápida y sin burocracia. Según la funcionaria federal, la nueva legislación también incluye medidas para evitar casos de corrupción como el de la Estafa Maestra. Buenrostro recordó que, si bien ya existía un oficio circular desde 2017 para limitar adjudicaciones entre dependencias, “un oficio no es suficiente”, por lo que ahora estas restricciones quedan establecidas en la ley. Asimismo, se incorporan investigaciones de mercado en el caso de obras, y se fortalece la figura del supervisor de obra, quien será responsable solidario y deberá garantizar la calidad y seguridad de las construcciones. En materia de obras públicas, los cambios permitirán reducir los tiempos de contratación en casi una tercera parte. “Ahora tenemos obras que se pueden hacer en menor tiempo, con más integridad y verificación”, afirmó. Nota tomada de: El Economista

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Anulan millonaria licitación de medicamentos por irregularidades de Birmex

Anuncio de Birmex en la Ciudad de México. Foto Roberto García Ortiz / Archivo La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) decretó la “nulidad total” de la licitación pública internacional de la compra consolidada de medicamento, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico para los años 2025-2026, por el cúmulo de irregularidades e incumplimientos legales cometidos por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en la convocatoria, los anexos técnicos y las juntas de aclaraciones.   Lo anterior es resultado de la intervención de oficio realizada por la dependencia federal desde el pasado 26 de febrero. Encontró un procedimiento “viciado de origen” por lo que la licitación se deberá volver a realizar desde el principio y los contratos que se hayan asignado como resultado de este proceso, deberán ser cancelados. Birmex dispone de seis días hábiles para cumplir con el dictamen. Así lo establece el oficio UCP/233/DGCSCP/367/2025 de la Unidad de Contrataciones Públicas en el que desglosa en 190 páginas el resultado de la intervención de oficio, cuyo primer informe se difundió el pasado 28 de febrero. Desde entonces la autoridad dio cuenta de nueve irregularidades, las cuales ahora ratifica y son la base para su resolución.   Entre otras anomalías están que la convocatoria de la primera licitación pública internacional de la actual administración para cubrir el abasto de 26 instituciones de salud, no se contó con la investigación de mercado que debió servir como referencia para diseñar el concurso. Las bases de la convocatoria incluyeron requisitos no previstos en la Ley de Adquisiciones, como las constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales deben ser presentadas por los proveedores, luego de la asignación de contratos.  Birmex alegó que al no estar prohibido en la ley, esos documentos se podían solicitar desde el inicio para agilizar las etapas posteriores. La SABG desechó tal postura, pues es obligación de las dependencias gubernamentales cumplir puntualmente lo que establece el marco normativo. También se identificó que en la etapa de ofertas subsecuentes de descuento (OSD o subastas) en las que se incluyó a algunos insumos, la convocatoria omitió aspectos para su adecuada realización como los formatos a llenar por los participantes, la manera en que debían acreditar que estaban capacitados para participar en la OSD o cómo podrían obtener la capacitación respectiva.  Los proveedores tampoco contaron con la información sobre los precios mínimos y máximos de cada producto, ni supieron si el precio a ofertar era unitario del bien o al total de la partida. Es de recordar que estas fallas fueron denunciadas por las empresas antes y durante los días en que se realizaron las subastas.  La SABG identificó que en la licitación se incluyeron de manera errónea, claves de insumos que están protegidos por una patente o cuentan con constancias de derechos exclusivos. Eso no debió ocurrir porque de esos productos no hay competencia posible, por lo que, en su caso, existe la modalidad de adjudicación directa. La investigación de la Secretaría Anticorrupción se concentró en las bases de la licitación, los anexos técnicos y las juntas de aclaraciones, por lo que las inconformidades presentadas por los participantes en contra del fallo emitido el 14 de enero y las denuncias sobre compras hechas con sobreprecios, no formaron parte de la indagatoria.  De hecho, el dictamen plantea que por ser eventos posteriores al acto original que son las bases de la licitación, ya no tienen razón de ser. Nota tomada de: La Jornada

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Amparos y años de espera, eliminación de INAI complicará a ciudadanos acceso a información negada por instituciones

Foto: Cuartoscuro/Archivo La reforma para extinguir al INAI contempla la eliminación de la “inacatabilidad” de las resoluciones en materia de transparencia, por lo que ahora las instituciones pueden impugnar la resolución de la Secretaría Anticorrupción ante Tribunales y negar la información. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum concretará la intención que Andrés Manuel López Obrador tuvo durante todo su sexenio: desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  La reforma para extinguir siete organismos autónomos, que se encuentra en la Cámara de Diputados lista para su discusión en el Pleno, contempla que sea eliminado el INAI y sus funciones sean asumidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que se transformará en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en caso del gobierno federal. Especialistas y organizaciones civiles alertan que lo anterior afectará directamente a cualquier persona que pida información pública o personal, porque si una institución se niega a entregársela y la Secretaría Anticorrupción que forma parte del mismo gobierno confirma la negativa, los ciudadanos deberán interponer un amparo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pagar abogados que litiguen el caso y esperar años a que se resuelva. En ese escenario estarían, por ejemplo, las 11 mil personas a quienes el IMSS negó información en los últimos 20 años, incluso aquellos datos personales del usuario como el expediente clínico o el número de semanas cotizadas. La institución ha negado la información argumentando que no la localizaba, o porque alguno de los datos de los derechohabientes no coincidía o porque el usuario no había hecho la solicitud correctamente. Pero el IMSS no es la única institución en negar información: cada año se registran más de 20 mil recursos de revisión, es decir, los procedimientos de inconformidad interpuestos por los ciudadanos ante el INAI cuando las instituciones de gobierno se niegan a entregar información pública o personal.  Foto: Cuartoscuro/Archivo Ante una negativa de información, los ciudadanos tienen el derecho de interponer un recurso de revisión ante el INAI a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y que sólo requiere un par de clicks. Luego el INAI analiza el caso y los comisionados, en sesión, resuelven si las instituciones están obligadas a entregar la información o no.  Es decir, al ser un organismo autónomo (ajeno al gobierno) el INAI funge como una especie de ‘abogado’ de los ciudadanos para asegurar que el derecho a la información realmente se cumpla.  Y debido a que la Constitución establece que las resoluciones del INAI son inatacables, las instituciones están obligadas a cumplirlas, es decir, a entregar la información a las personas.  Pero con la eliminación del INAI, las instituciones ya no estarán obligadas a entregar la información si así lo consideran, porque Morena y aliados en el Congreso eliminarán la “inacatabilidad” en la Constitución y las instituciones podrán impugnar en tribunales con tal de no entregar la información.  Mientras que los ciudadanos inconformes por la negativa de información tendrán que contratar abogados particulares para que lleven sus casos a falta del INAI, advierte Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).  Es decir, si alguien está investigando casos de corrupción o necesita información personal como su historial laboral y el gobierno se niega a entregarle la información, deberá acudir a tribunales, lo que traerá costo para el ciudadano que se inconforme. Pero también para el Estado, porque habrá más trabajo para los tribunales y eso costará personal e infraestructura, porque será agregarle hasta 20 mil casos anuales, que es el número de recursos de revisión que recibía el INAI. Testimonios de personas que obtuvieron información vía INAI Entre la información pública obtenida gracias a los recursos de revisión ganados ante el INAI está, por ejemplo, los contratos o documentación de gobierno mediante los cuales se han comprobado casos de corrupción o violaciones a derechos humanos en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador, como los sobrecostos en la Estela de Luz, la corrupción en Odebrecht, los involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, los desvíos en La Estafa Maestra o Segalmex.  Pero también están los recursos de revisión por datos personales, como el de un derechohabiente que pidió al Infonavit su historial de aportaciones de 1972 a 2024, pero la institución de vivienda se negó a dársela porque el usuario “no desahogó debidamente el requerimiento de información”. O el de otra joven que pidió el historial clínico de su padre para poder cobrar el seguro de vida tras su fallecimiento, pero el hospital de Pemex se negó a entregarlo porque, según le explicaron, “al momento de fallecer, se le da de baja y el sistema cierra todo lo que tiene que ver con ese paciente”.  “Todos esos juicios cuestan. Todo el supuesto ahorro que se genera con la desaparición del INAI, se anula y salimos perdiendo los contribuyentes por todo el dinero que va a tomar resolver los juicios interpuestos tanto por las autoridades como por los solicitantes inconformes”, afirma Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).  ¿Cómo afecta la desaparición del INAI? La reforma constitucional que Morena prevé aprobar en la Cámara de Diputados establece la eliminación del INAI y el traslado de las facultades a la Secretaría de la Función Pública que será transformada en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esto significa que si alguien pide información pública o privada, pero las instituciones de gobierno se la niegan, el ciudadano deberá interponer un recurso de revisión ante la Secretaría Anticorrupción, que también forma parte del gobierno, por lo que será juez y parte; a diferencia del INAI, que era autónomo.  Sin embargo, “lo previsible es que ante la ausencia de un órgano garante (INAI), la Secretaría Anticorrupción, en un porcentaje mayor, termine validando las reservas de información que haya dado la autoridad negando la información. Es una suposición razonable por la ausencia de autonomía”, explica Luis Fernando García,…

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Raquel Buenrostro presenta la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; sustituye a la de Función Pública

Raquel Buenrostro presentó este 17 de octubre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en lugar de la Secretaría de la Función Pública que encabeza. Foto: captura de pantalla “Queremos cambiar la mística y la vocación”, señaló la titular de la Secretaría Después del anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del cambio de nombre, Raquel Buenrostro presentó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en lugar de la Secretaría de la Función Pública que encabeza. En la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este jueves 17 de octubre en Palacio Nacional, Buenrostro indicó que para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se partió del primer piso de la Cuarta Transformación que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Queremos cambiar la mística de la Secretaría de la Función Pública para un impacto en la vida de los mexicanos, dijo Raquel Buenrostro al explicar que el cambio de nombre fue a propuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo. “Partimos de un ejercicio que se hizo de empezar a separar el poder político del poder económico”, expresó la funcionaria. Destacó que el gobierno está viendo por el bien del pueblo y a no actuar favoreciendo a las clases más privilegiadas. Entre las bases de esta modificación, Raquel Buenrostro mencionó la politización de la ciudadanía, la eliminación de la condonación de impuestos, la entrega directa de programas sociales sin intermediarios, y la austeridad republicana. «Hay piso parejo, todos los servidores públicos estamos trabajando para el pueblo», refirió al mencionar que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La corrupción tiene que ser erradicada porque no hay Estado de derecho, inhibe las inversiones, resta eficiencia y confianza en las instituciones, genera desigualdad en la sociedad, reduce los ingresos gubernamentales y limita el acceso a los servicios públicos, agregó. Aseguró que la tasa de corrupción disminuyó 11%, además de la también la percepción sobre esta práctica. “Buscamos pasar de un enfoque correctivo a un enfoque preventivo, queremos desde antes evitar los actos de corrupción (…) Debemos hacer un Trabajo con toda la sociedad, los funcionarios y el sector privado”, dijo. Raquel Buenrostro mencionó 10 Pilares de la prevención y el combate a la corrupción: -Dignificar la carrera del servidor público. -Dar acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar programas prioritarios desde un inicio. -Modernizar la administración para inhibir la corrupción. -Consolidar compras públicas transparentes -Transparencia proactiva. -Sumar a la sociedad y al sector privado. -Enfocar a las OIC en áreas de mayor impacto y relevancia. -Fortalecer la cultura de la denuncia y garantizar su confidencialidad. -Realizar investigaciones para inhibir la corrupción.- -Combatir la impunidad. Nueva dependencia asumirá las funciones del Inai: Raquel Buenrostro La titular de la “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno” (SFP), Raquel Buenrostro informó que, de aprobarse la reforma que elimina al INAI, para evitar ser juez y parte en la resolución de estos temas, se involucrará a los Tribunales de Justicia Administrativa. Reiteró que la nueva dependencia asumirá las funciones del Inai para mantener el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. “La propuesta de reforma mantiene las promociones y el respeto a la protección y la garantía del derecho al acceso a la información pública y de la protección de los datos personales, es decir, no cambia nada lo que requiere la gente en cuanto a la información”. En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal explicó: “Con esto iniciará una era de Transparencia proactiva, porque además de lo que marca la ley, vamos a trabajar mucho también de la mano con la Agencia de Transformación Digital para abrir muchos datos y de fácil acceso para la población, para que pueda dar seguimiento a toda la actuación del gobierno”. Buenrostro señaló que el objetivo del nuevo gobierno es que habrá mucha transparencia, cero lujos, menos burocracia, más deficiencia, digitalización y simplificación de trámites, que los hará menos proclives a la corrupción. “Lo que también va a ayudar es que sí tenemos una transparencia e información, (habrá) una mejor rendición de cuentas y una mejor confianza de la sociedad”. La funcionaria dijo que se involucrará a la sociedad la en la lucha contra la corrupción, porque no “podemos regresar al pasado”, y por eso se debe trabajar juntos en esta lucha contra el flagelo de la corrupción. Nota tomada de: El Universal

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