Inicia discusión de la reforma judicial en comisiones de San Lázaro

Reunión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales. Foto: Captura En punto de las 11:30 horas de este lunes 26 de agosto inició la dictaminación de la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. La sesión semipresencial, que se realiza al interior de la Cámara de Diputados por parte de las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, comenzó con un quórum de 17 legisladoras y legisladores presentes vía virtual, y 16 presencial, para hacer un total de 33. La propuesta, que ha generado inconformidad por parte de trabajadores del Poder Judicial, quienes se mantienen en paro indefinido de labores desde el pasado 19 de agosto, plantea modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular por un periodo de 12 años y no de 15 como es actualmente. Establece que se realizarán dos elecciones para elegir a la totalidad de ministros, magistrados y jueces; una el primer domingo de junio de 2025, en la que se elegirán aproximadamente 800 cargos, y la otra en 2027. Para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes sean electos permanecerán en el cargo por un periodo de ocho, 11 y 14 años, dependiendo de los resultados de la votación. También se prevé reducir de 11 a nueve los ministros del máximo tribunal. El proyecto de dictamen señala que la ley prevé la extinción de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a más tardar el 1 de septiembre de 2025, por lo que sus magistraturas no se renovarán en la elección extraordinaria. En tanto, que las dos Salas que tiene actualmente la SCJN serían eliminadas y solo se realizarían sesiones en el pleno que deberán ser públicas y transparentes. Nota tomada de: El Universal

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López Obrador critica la actitud “prepotente” e “injerencista” de Ken Salazar contra la reforma judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador estadounidense Ken Salazar.Foto: Presidencia / EFE | Vídeo: Gobierno de México México envía una nota de protesta por las declaraciones del embajador de Estados Unidos y exige que no haya más intromisiones en la política interna: “No vamos a someternos a ninguna potencia extranjera” “Desafortunadas” e “imprudentes”. Así calificó Andrés Manuel López Obrador las declaraciones del embajador Ken Salazar contra su propuesta de reforma al Poder Judicial. La Secretaria de Relaciones Exteriores expresó en una nota de protesta su “profundo extrañamiento” por los comentarios del representante estadounidense contra la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al asegurar que “es un riesgo para la democracia en México”. “No vamos a someternos a ningún país ni a ninguna potencia extranjera”, afirmó el presidente en La Mañanera de este viernes. El mandatario reprochó la “política prepotente” de Washington hacia todo el continente y su “burda actitud intervencionista”, y exigió que no haya intromisiones en los asuntos internos del país. Salazar aseguró que la elección directa de los integrantes del Poder Judicial, propuesta por López Obrador y Morena, su partido, abre la puerta a que aumente la influencia del crimen organizado en el sistema de justicia y amenaza la relación comercial de ambos países. “Las elecciones directas también podrán hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”, dijo el embajador estadounidense, en una inusual conferencia de prensa el jueves, en la que abandonó su habitual tono conciliador con el Gobierno mexicano y puso sobre la mesa las preocupaciones de los inversores de su país. Se trató del posicionamiento más contundente desde Estados Unidos contra el proyecto de ley, después de meses nerviosismo en el sector privado y los mercados. “[La declaración] representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre ambos países”, se lee en la nota de protesta de la Cancillería mexicana. La respuesta diplomática subraya que el tema “es de carácter estrictamente interno”, aunque no va más allá del extrañamiento y no contempla otras acciones que eleven las tensiones entre ambos países. “Somos independientes, somos soberanos y debemos ser buenos vecinos”, recalcó López Obrador “Ningún país extranjero puede imponernos las políticas que corresponden a los mexicanos decidir”, zanjó. López Obrador evidenció el desgaste en la relación bilateral durante las últimas semanas, marcadas por la polémica tras la detención de Ismael El Mayo Zambada y choques entre varias agencias estadounidenses, como la DEA o el Departamento de Estado, y el presidente mexicano. “Últimamente, ha habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración”, acusó el mandatario. “Espero que no se repita”, agregó. El presidente se refirió también a la carta que envió el viernes pasado a Joe Biden, su homólogo estadounidense, por el financiamiento del Departamento de Estado a organizaciones críticas con su Gobierno, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que también calificó como un acto de “injerencismo”. “Esto no es Ken, Ken es el vocero, esto es el Departamento de Estado de Estados Unidos”, afirmó. El titular del Ejecutivo también mandó un mensaje velado a la Administración demócrata, en plena campaña presidencial de Estados Unidos. “Nos entendimos con Trump”, dijo en una intervención que duró alrededor de una hora en su conferencia matutina. El cruce de declaraciones entre el presidente y el embajador marcó también un cambio de tono súbito en la relación bilateral y apunta a que las tensiones comerciales por la reforma judicial se pueden librar en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). El embajador canadiense, Graeme C. Clark, también reconoció el jueves que existen “preocupaciones” de los inversores de su país, aunque fue mucho más cauto al dar sus comentarios. “Cómo se armonizan Estados Unidos y Canadá, es lamentable”, criticó López Obrador. “¿Quiénes son ellos para opinar?”, cuestionó. “¿Cuál es la afrenta que se está cometiendo? ¿Que no los mexicanos vivimos en una democracia, que no es la democracia el gobierno del pueblo y para el pueblo?”. El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, durante una conferencia en Ciudad de México, este 22 de agosto. José Méndez (EFE) López Obrador aprovechó para atacar a los medios que se hicieron eco de los comentarios del embajador y a sus adverarios políticos, a quienes calificó de “corruptos”, “hipócritas” y “fachos”. “¿Por qué no quieren que el pueblo elija? Porque actualmente la mayoría de los integrantes del Poder Judicial son empleados de los potentados”, aseguró, en un dardo para la oposición y para el propio Salazar, que ha privilegiado un tono conciliador en los tres años que ha estado en el país para mantener abiertos los canales de ambos países y había evitado ventilar los desacuerdos hasta esta semana. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se ha sumado a las críticas contra los comentarios de Salazar. “Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, señaló en sus redes sociales. La oposición mexicana, en cambio, se hizo eco de las preocupaciones de los inversores extranjeros. “En Estados Unidos también ven peligrosa y preocupante la reforma judicial de este gobierno y la elección popular de jueces, magistrados y ministros”, comentó Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional. “Queda claro que todo mundo lo ve, menos el presidente y compañía”, agregó. La iniciativa también ha desatado resistencias internas, con un paro de labores que se ha extendido por una veintena de Estados del país y que el Gobierno ha calificado como “ilegal”. Ricardo Monreal, alfil de López Obrador en el Poder Legislativo, donde Morena y sus aliados tienen la mayoría, aseguró a Salazar que “no sucederá lo que es su preocupación” y adelantó que le enviará los cambios propuestos para aclarar las motivaciones de la reforma, criticada por la oposición como un…

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La reforma judicial divide a los trabajadores del sector

Trabajadores del Poder Judicial de México protestan frente al edificio del Consejo de la Judicatura Federal, en Ciudad de México, el 19 de agosto de 2024.Paola Garcia (REUTERS) Un frente opta por la huelga, a la que se suman jueces y magistrados, mientras el sindicato mayoritario exhibe los “logros alcanzados” para la protección de sus derechos La reforma al Poder Judicial ha dividido a los trabajadores de este sector. El sindicato Renovación, una de las agrupaciones gremiales, inició un paro de labores el primer minuto de este lunes; desde otro flanco la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Distrito de todo el país, que representa a unos 1.400 ha aprobado por mayoría de votos unirse a la huelga a partir del 21 de agosto. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (STPJ), la mayor representación, con 32.000 agremiados de los 55.000 trabajadores judiciales se mantienen al margen de los paros, mientras hace públicas presuntas amenazas y presiones a empleados para unirse a la protesta contra su voluntad. Paralelamente, han sostenido que sus propuestas para garantizar el respeto de los derechos laborales han sido integradas en el proyecto de dictamen que se discutirá la próxima semana en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y lo han calificado como “logros alcanzados”. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, le ha restado importancia a la protesta. Las imágenes de los empleados clausurando simbólicamente sedes del Poder Judicial en al menos 16 Estados del país los primeros minutos del 19 de agosto han ocupado los titulares de los medios de comunicación nacionales. A la protesta se ha unido la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), con 1.204 votos a favor de un total de 1.403 juzgadores, que ha secundado un paro indefinido este miércoles 21 de agosto, hasta que se logre el diálogo con el Congreso y con López Obrador. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la sesión de ministros programada para este martes, por un encuentro de carácter privado. López Obrador ha despreciado la protesta. Un día después de considerar que los trabajadores que han parado labores “servirán de paleros”, ha dicho que esta interrupción en el sistema judicial, salvo casos urgentes, “a la mayoría de los mexicanos no les va a importar, yo les diría con toda franqueza y respeto que hasta nos va a ayudar”, dijo en referencia a su propuesta de reforma juducial. El presidente sostiene, por un lado, que están en su derecho de irse a huelga, y por otro, refiere que es ilegal y no tendrá repercusiones en la discusión del dictamen. rabajadores sindicalizados del Poder Judicial se reúnen fuera del Tribunal Federal mientras hacen huelga por las reformas propuestas por López Obrador, el 19 de agosto en Ciudad de México.Fernando Llano (AP) En contraste, el STPJF ha reiterado que reciben denuncias de trabajadores que están siendo presionados para participar del paro laboral. “[Te] invitamos a acercarte al seccional de tu localidad o contactarnos en nuestras oficinas generales para realizar el trámite correspondiente en el que estés en posibilidad de externar de forma libre y expresa tu deseo de ingresar a tu centro de trabajo para desempeñar tus labores”, refieren en un comunicado difundido la mañana de este martes. La asociación gremial ha anunciado que en los próximos días informará a sus afiliados sobre “los logros alcanzados” para que sus propuestas fueran incluidas en el dictamen de la reforma judicial, encaminadas a garantizar el respeto de sus derechos laborales: “las condiciones generales de trabajo, salarios, prestaciones adicionales y carrera judicial, en cuanto al porcentaje de inclusión de los servidores públicos”, fueron respetados, sostienen en el documento. La propuesta enviada en febrero por López Obrador a la Cámara baja plantea, entre otros aspectos, la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular. En caso de que la reforma libre el proceso legislativo, una primera mitad se elegirá en 2025 en comicios extraordinarios. El documento establece que quienes aspiren a alguno de los cargos judiciales deben tener licenciatura en Derecho y un promedio mínimo de calificación de ocho a nueve en las materias afines al cargo, así como experiencia de cinco años en la práctica jurídica; deberán elaborar ensayos y entregar cinco cartas de referencia recogidas entre sus vecinos o colegas. Estos requisitos, más relajados que los vigentes, han sido cuestionados por los juzgadores. El proyecto de dictamen, que será sometido a discusión y votación de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales el 26 de agosto, establece en su artículo décimo transitorio: “Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables”, se lee en el documento. Sin embargo, se mantiene la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, que representan una bolsa de 15.450 millones de pesos, relacionados con el pago de pensiones y otras prestaciones laborales, que el Gobierno busca ocupar en el fondo de pensiones. La desaparición de estos fondos fue concretada por el Congreso en 2023, pero la Suprema Corte dictaminó el freno por las implicaciones en detrimento de los derechos de los trabajadores. Nota tomada de: El País

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