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En un episodio que exhibe la descomposición del poder municipal en Puebla, la detención de los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, alcaldes de Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, respectivamente, destapa una red de corrupción, nepotismo y crimen organizado que se ha perpetuado en la región por décadas. El pasado 7 de marzo, las autoridades estatales y federales ejecutaron un operativo en el que fueron detenidos los alcaldes Uruviel y Giovanni González Vieyra, junto con su padre, Ramiro González Navarro. Mientras los dos primeros enfrentan acusaciones graves, el patriarca de la familia fue liberado en circunstancias poco claras, alimentando las sospechas de influencias y pactos hechos a la sombra del poder político. La captura de los hermanos se llevó a cabo en distintos puntos del municipio de Tlachichuca, con la participación de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional (GN) y la Marina. Sin embargo, no es el primer señalamiento en su contra: por años, la familia González Vieyra ha ejercido un dominio casi feudal sobre la región, acumulando poder económico, policial y político a costa de los ciudadanos. Las acusaciones que pesan sobre los hermanos González Vieyra no son menores. En el caso de Uruviel, se le imputa la portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, mientras que Giovanni enfrenta cargos por robo de mercancía, encontrada dentro de su domicilio. No obstante, versiones extraoficiales indican que los delitos podrían ir más allá, incluyendo presuntas vínculos con el crimen organizado y otros ilícitos de alto impacto. Por su parte, Ramiro González Vieyra, otro de los hijos del patriarca y actual alcalde de San Nicolás Buenos Aires, logró evadir la detención gracias a un grupo de pobladores que impidieron su arresto. Esta acción ha despertado cuestionamientos sobre la red de protección y lealtades que han tejido a lo largo de los años en aquellos municipios que han gobernado. El Cacicazgo Familiar Desde 1998, la familia González Vieyra ha mantenido un control casi absoluto sobre Tlachichuca. La dinastía inició con Ramiro González Navarro, quien ocupó la presidencia municipal entre 1998 y 2001. A lo largo de los años, el poder fue heredado a sus hijos, con Giovanni logrando la reelección en 2021 bajo la bandera de Movimiento Ciudadano (MC). El control del clan no solo se ha reflejado en la administración municipal, sino también en la economía local y en el acceso a recursos. Testimonios indican que cualquier opositor a su gobierno enfrenta represalias, desde amenazas hasta bloqueos económicos de diferente índole. Tras la detención de Uruviel, emergieron denuncias de presión y manipulación social. A través de redes sociales, ciudadanos revelaron, por ejemplo, que una profesora de la primaria «Manuel Acuña» obligó a madres de familia a participar en una manifestación en apoyo al edil detenido, evidenciando el uso de influencias para distorsionar la opinión pública. Si se confirma la vinculación a proceso de Uruviel, su puesto sería ocupado por su suplente. En caso de que este no acepte, el Cabildo tendría que elegir un regidor, o incluso el Congreso del Estado podría designar un nuevo alcalde. Sin embargo, el reto mayor radica en desmantelar las estructuras de poder que han permitido el control caciquil de la región. El caso de los González Vieyra es sólo un reflejo de la podredumbre que corroe muchas administraciones municipales en Puebla. No es solo una historia de detenciones y cargos, sino de una red de corrupción, cacicazgo y abuso de poder que ha sometido a generaciones enteras. El desenlace de este escándalo marcará un precedente: o se pone fin a la impunidad, o se perpetúa la dinastía del crimen con nuevos rostros en el poder. El gobernador Alejandro Armenta Mier tiene la palabra. Nota tomada de: Region Global