La Fiscalía y los abogados de Joaquín y Ovidio Guzmán dejan claro que la intención de ambas partes es evitar ir a juicio, pero piden una prórroga para afinar los últimos detalles antes de que los hijos del Chapo se declaren culpables El futuro de Los Chapitos sigue en el aire. Las autoridades de Estados Unidos y los abogados de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán pidieron este martes que el tribunal les diera más tiempo para afinar los últimos detalles en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de culpabilidad. Ambas partes dejaron claro en la última audiencia, celebrada en la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, que su prioridad es que los acusados se declaren culpables para evitar ir a juicio. Los fiscales adelantaron que esperan alcanzar un pacto con Ovidio Guzmán, alias El Ratón, a más tardar el próximo 27 de febrero, cuando está programada la próxima vista judicial. La Fiscalía agregó que esperan que las conversaciones sobre el caso de Joaquín Guzmán El Güero se alarguen y su próxima audiencia se agendó hasta el 19 de marzo. La prórroga extiende el misterio sobre la posibilidad de que ambos narcotraficantes inicien conversaciones formales con la justicia estadounidense para convertirse en cooperantes y delatar a otros capos mexicanos a cambio de beneficios en el sistema legal de ese país. Los fiscales dijeron que han seguido trabajando con los representantes legales de la familia Guzmán y confiaron en la posibilidad de alcanzar un acuerdo y concluir el caso sin necesidad de celebrar un juicio. Explicaron, sin embargo, que uno de los asuntos es que Ovidio Guzmán también enfrenta acusaciones por narcotráfico y otros delitos en Nueva York y que ambas partes aún discuten si el acuerdo de culpabilidad que se negocia en Illinois también pondría punto final al caso en Nueva York o no. En el caso específico del Ratón, la cuestión es si la Fiscalía y la defensa pueden ponerse de acuerdo sobre ese punto. Las autoridades esperan tener una respuesta del menor de Los Chapitos, de 34 años, en un plazo de un mes y medio. El Ratón, uno de los rostros más visibles de la facción del Cartel de Sinaloa comandada por los herederos del Chapo, fue detenido en enero de 2023 y extraditado en septiembre de ese año a Estados Unidos. En lo que respecta a Joaquín Guzmán, de 38 años, las autoridades justificaron una prórroga mayor porque las negociaciones son más recientes que las de su hermano. El Güero se entregó el pasado 25 de julio tras aterrizar en un aeropuerto rural cerca de la ciudad fronteriza de El Paso y fue capturado junto a Ismael El Mayo Zambada, viejo socio de su padre. Ambos hermanos, así como Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, se enfrentan a cargos por los delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego en Estados Unidos, que fueron anunciados en abril de 2023. La defensa de Los Chapitos ya había adelantado desde el pasado 21 de octubre, tras la última audiencia de Ovidio Guzmán en Chicago, que sus clientes estaban tanteando la posibilidad de declararse culpables. En esta última ocasión había grandes expectativas respecto a un posible reencuentro desde el escándalo con El Mayo, pero al final no estuvieron presentes ambos hermanos, pese a que habían sido citados por la jueza Sharon Johnson Coleman. Su abogado principal, Jeffrey Lichtman, tampoco se presentó por cuestiones de agenda, dijeron a EL PAÍS fuentes judiciales. Uno de los factores que añaden incertidumbre a la situación legal de los hijos del Chapo es la llegada de Donald Trump y los sucesivos cambios en las principales agencias del Gobierno estadounidense. “En 20 días no sabremos qué oficina va a hacer qué cosa”, comentó la jueza Coleman durante la audiencia. En la vista también se alcanzó a escuchar en un par de ocasiones la frase “no entiendo nada” mientras se realizaba el enlace telefónico con Lichtman. Los acusados no participaron de la llamada y serán informados por sus abogados, de acuerdo con esas mismas fuentes. En México, Joaquín Guzmán fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el principal sospechoso del secuestro del Mayo y también es acusado de haberlo entregado a las agencias estadounidenses, bajo el controvertido cargo de “traición a la patria”. La FGR dio a conocer en un comunicado publicado a finales de agosto que también estaba indagando la posible participación de Ovidio Guzmán en el plan. Los abogados de la familia Guzmán negaron en repetidas ocasiones que sus clientes se confabularan para derribar a su antiguo socio. Desde el escándalo alrededor de la caída del Mayo habían circulado versiones sobre la supuesta traición en el seno del Cartel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. Las autoridades mexicanas, incluso, adoptaron esa hipótesis como su principal línea de investigación. Tras semanas de tensiones y temores de una venganza, ambas familias protagonizan desde septiembre pasado una guerra intestina por el control de la organización criminal, que ha disparado la violencia en Culiacán, su histórico bastión en el noroeste de México. La próxima semana será el turno de Zambada, que tiene en puerta su siguiente audiencia en Nueva York el próximo 15 de enero ante el juez Brian Cogan, el mismo que condenó al Chapo a cadena perpetua. Ambos casos están lejos de escribir su capítulo final, entre tensiones diplomáticas, a punto de que se cumplan cuatro meses de guerra en Sinaloa y a menos de dos semanas de que Trump regrese a la Casa Blanca, con la promesa de imponer mano dura contra los carteles, el próximo 20 de enero. Nota tomada de: El País
