Jóvenes víctimas de masacre en Salamanca pertenecían a pastoral católica; diócesis exige justicia

Jóvenes asesinados en Salamanca. Foto: Especial El alcalde morenista César Prieto publicó en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que la masacre “que le arrebató la vida a personas inocentes” en San José de Mendoza no quedará impune. La Diócesis de Irapuato, que encabeza el obispo Enrique Díaz Díaz, lamentó el asesinato de siete jóvenes en la masacre cometida por un grupo armado la noche del domingo en la comunidad de San José de Mendoza en Salamanca, e informó que varios de ellos pertenecían a la Pastoral Juvenil en la parroquia de dicha localidad. “Con profundo dolor hoy la Pastoral Juvenil de nuestra Diócesis lamenta los dolorosos hechos ocurridos el día de ayer por la noche, en la parroquia de San José de Mendoza, dejando sin vida a jóvenes del Pastoral Juvenil”, dice el mensaje publicado en redes sociales de dicha organización adscrita al obispado de Irapuato. Y agrega: “Pedimos se haga justicia, hoy ante todos los acontecimientos que están pasando en todo el país. Nos unimos en oración toda la iglesia joven, por su eterno descanso y por sus familiares”. Mientras que la coordinación regional sureste de Telebachilleratos comunitarios de la Universidad Virtual de Guanajuato (UVEG) dio a conocer que por lo menos dos de las víctimas eran alumnos del Telebachillerato de la comunidad, a los que identificó como Edwin Yael Vidal Ríos y Alexis Ramírez Hernández, así como del exalumno Fernando Andrade Aguayo. Otro de los jóvenes asesinados fue identificado como Roger Oropeza Pérez, integrante de la Pastoral Juvenil católica de la Parroquia del Señor de Esquipulas, ubicada también en Salamanca.  En redes sociales se publicaron también las fotos de varias de las víctimas, algunos de ellos adolescentes, quienes se encontraban junto con otras personas en la cancha de usos múltiples de la comunidad conviviendo en la noche del domingo cuando camionetas con hombres armados llegaron y éstos dispararon hacia la gente. En tanto, el alcalde morenista César Prieto publicó en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que la masacre “que le arrebató la vida a personas inocentes” en San José de Mendoza no quedará impune. Apenas la semana pasada el alcalde había viajado a la Ciudad de México, donde se reunió con la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, y había anunciado apoyos en materia de seguridad. Prieto publicó hoy que, de la mano de fuerzas estatales, de la Sedena y de 900 efectivos de la Guardia Nacional “enviados por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum” se defenderá a las y los salmantinos. Según el alcalde, habrá apoyo de su gobierno para las familias de las personas asesinadas y para los heridos, algunos de los cuales se encuentran graves. Nota tomada de: Proceso

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Campos de exterminio del narco en la cuna del tequila: dos sexenios de reclutamiento forzado e impunidad

Maletas y calzado hallado en el campo de exterminio del narco ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Foto: Facebook / Guerreros Buscadores De Jalisco En la región Valles de Jalisco, cuna del tequila, los cárteles operan campos de reclutamiento forzado y exterminio desde hace dos sexenios. Activistas y familias denuncian impunidad y la persistencia de estos centros. El primero de ellos fue descubierto en 2017. Al menos durante dos sexenios, sin contar el gobierno entrante del gobernador Pablo Lemus, los cárteles de la droga han operado centros de reclutamiento forzado, adiestramiento y exterminio en la región Valles, cuna del tequila. Así lo han denunciado activistas, organizaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición que han documentado esta crisis de seguridad.  De acuerdo con las investigaciones de quienes se han convertido por la fuerza de la tragedia en especialistas en la búsqueda de restos humanos, en la región Valles se encuentra el predio de Teuchitlán, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió el 5 de marzo último partes humanas y objetos personales como 200 pares de zapatos y 400 prendas de vestir de hombre y de mujer que presuntamente pertenecieron a víctimas de desaparición. La región Valles está conformada por 12 municipios: Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, El Arenal, Etzatlán, Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos, Tala, Tequila y Teuchitlán. Es una zona con importante actividad agropecuaria y turística, ya que se considera que es donde nació el tequila como bebida y donde se ubica la zona arqueológica de Los Guachimontones. La primera ocasión en que quedó al descubierto en esta región la operación de lugares de extermino del narco fue en abril de 2017, en el predio Sierra Alta, comunidad de Las Navajas del municipio de Tala, durante la gubernatura de Aristóteles Sandoval (asesinado en diciembre de 2020); en ese entonces Eduardo Almaguer Ramírez era el fiscal estatal.  La operación de este sitio clandestino se descubrió por un joven que logró huir. En el sitio encontraron restos humanos calcinados, armas, equipo táctico y de comunicación, además de vehículos.  Después de eso la Fiscalía de Jalisco realizó varios operativos en el municipio de Tala durante julio de 2017 y encontró indicios de los campamentos de entrenamiento, en uno de los cuales detuvo a 15 hombres; tres de ellos tenían reporte de desaparición y demostraron que estaban en el lugar contra su voluntad, lo cual quedó asentado en la carpeta de investigación 1611/2017.  Las autoridades estatales refirieron que en estos sitios llegó a haber hasta 40 personas secuestradas que eran vigiladas por un grupo de entre 50 y 60 sicarios.  Las víctimas fueron reclutadas con falsas promesas de trabajo para fungir como encuestadores, escoltas o elementos de seguridad. Los retenidos eran egresados de centros de rehabilitación de adicciones, albañiles, cargadores, lavacoches, migrantes, exmilitares y expolicías. Quienes se negaban a trabajar en la organización criminal eran amenazados de muerte, al igual que sus familias.  De acuerdo con la información obtenida en las investigaciones, el entrenamiento duraba al menos 10 días y consistía en enseñarles estrategias de defensa y combate y manejo de armas; además los obligaban a construir con madera, ramas y plásticos el sitio donde pernoctaban. La segunda vez que quedó registro oficial de este modelo de operación criminal fue el 19 de septiembre de 2024, durante el gobierno del emecista Enrique Alfaro, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) detectaron un campamento de grupos del crimen organizado, ubicado en La Estanzuela, poblado que pertenece al municipio de Teuchitlán, a 12 kilómetros de Tala.  Allí detuvieron a 10 personas, liberaron a dos hombres secuestrados y se localizó el cuerpo de una persona sin vida.  En ese entonces la Fiscalía estatal fue encabezada por Luis Joaquín Méndez Ruiz. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) estaba a cargo de Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, quien actualmente se mantiene en el cargo, aunque la dependencia cambió de nombre a Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. El rancho con restos humanos en Jalisco. Foto: Alfredo Moya / AP Las atribuciones y responsabilidades de Trujillo Cuevas se mantienen sin modificaciones, pero este ajuste se realizó como parte de la reforma a la estructura del gobierno estatal, promovida por el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, antes de su llegada al cargo. En La Estanzuela hubo varios detenidos: David A, Kevin P, Christopher D, Luis R, Gustavo N, Juan A, Armando G, Ricardo T, Óscar J y Erick D, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la FEPD. También se aseguraron varios vehículos, cuatro armas largas, dos armas cortas, chalecos balísticos, cinco cargadores para arma corta, 16 para arma larga, objetos metálicos en forma de estrella y drogas.  Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) hicieron un trabajo asegurando indicios y el cuerpo encontrado fue llevado a sus instalaciones para ser identificado y analizado. Sin embargo, después del hallazgo el gobierno de Alfaro guardó silencio sobre los resultados de la investigación. El 20 de septiembre de 2024 el secretario general del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Héctor Flores González, declaró que existe total impunidad ante los campamentos de reclutamiento forzado que presuntamente operan en Jalisco bajo la supervisión del crimen organizado. Afirmó que tanto el gobierno estatal como el federal han sido conscientes de la existencia de estos centros de exterminio durante varios años, sin haber tomado medidas efectivas para desmantelarlos. “Es una vergüenza, nos dicen que ya tienen líneas de investigación, (pero) el gobierno tiene conocimiento de estos campamentos y me imagino que tanto el gobierno federal como los gobiernos locales tienen conocimiento de estos campamentos desde hace mucho tiempo, nada más que viven en la impunidad, viven en la total corrupción; las mochadas a los altos mandos, tanto policiacos como a políticos del estado que perpetúan este tipo de campamentos”, dijo. En particular, mencionó la zona de Tecalitlán, donde, pese a que la Fiscalía realizó un análisis de contexto hace dos o tres años, no se realizó ninguna acción concreta, hasta la reciente filtración de un audio donde se escucha a las autoridades alertar sobre…

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