CNDH

Forensic technicians stand at a cordoned area during a media tour by Jalisco’s Attorney General Office at Izaguirre Ranch, which activists have called a cartel-run «extermination camp,» in Teuchitlan, Jalisco state, Mexico March 20, 2025. REUTERS/Ivan Arias El organismo exhortó a que solo se permita la participación de personas con legítimo interés en las investigaciones La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, así como a las autoridades estatales y federales involucradas en la investigación del caso Teuchitlán, a garantizar el resguardo e integridad del rancho Izaguirre, tras el recorrido que se realizó ayer con periodistas y colectivos de madres buscadoras. En un comunicado, el organismo reprochó que ayer decenas de periodistas e integrantes de colectivos ingresaron al inmueble mientras se realizaban trabajos de investigación, “con el único fin de conocer el interior, aun poniendo en riesgo la investigación”. Por ello, pidió que todas las autoridades involucradas garanticen el “preservar los indicios, datos de prueba, evidencias y todo aquel hallazgo que permita el esclarecimiento de lo ocurrido en el predio”, que era utilizado por el crimen organizado como campo de adiestramiento y, presuntamente, como crematorio clandestino. “Desde el miércoles 19 de marzo del 2025, visitadores y peritos de la CNDH llevaron a cabo diligencias de observación y reconocimiento en el lugar asegurado, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco, para llevar a cabo acciones que, en ejercicio de sus facultades, se está planteando para dar la debida atención al caso. “Diligencia que siguió ayer, 20 de marzo de 2025, observando y documentando la presencia que hicieron en el lugar, organizaciones de sociedad civil, colectivos de madres buscadoras y medios de comunicación, quienes sorprendentemente ingresaron al inmueble con el único fin de conocer el interior del mismo, aun poniendo en riesgo la investigación”, señaló. Familiares de personas desaparecidas discuten con miembros de la Guardia Nacional mientras exigen acceso al rancho Izaguirre, que activistas han calificado de «campo de exterminio» dirigido por un cártel, durante un recorrido mediático de la Fiscalía General de Jalisco, en Teuchitlán, estado Jalisco, México, 20 de marzo de 2025. REUTERS/Ivan Arias Precisó que el resguardo del rancho Izaguirre se debe realizar acorde a lo previsto por Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y por el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pues enfatizó que el personal de la CNDH atestiguó como se rompió el cerco de protección durante el recorrido con medios de comunicación. “Se sabe que hubo en el lugar un aproximado de 200 personas y 67 medios de comunicación, así como la presencia de personal de Fiscalía del Estado Jalisco (FEJ); la Comisión Local y Nacional de Búsqueda; la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local; la Fiscalía General de la República, y la Secretaría de la Defensa Nacional, que resguardó la zona perimetral. “Sin embargo, ayer los visitadores de la CNDH presentes en el sitio atestiguaron cómo se rompió el cerco de protección y protocolos básicos de resguardo ministerial establecidos, a cargo de la Fiscalía General de Jalisco, comprometiendo la investigación y la búsqueda mismas; por lo que se atendió y orientó a familiares de personas desaparecidas que se encontraban en el rancho”, puntualizó. En el mismo documento, la CNDH expresó su preocupación por el manejo de información “alarmista y confusa”, afirmando que esto no abona al esclarecimiento de los hechos “y peor aún, revictimiza a familiares de personas que eventualmente pudieron haber estado en el predio”. En este sentido, exhortó a que la participación de las y los familiares se lleve a cabo conforme a los protocolos establecidos, como el Protocolo Homologado de Búsqueda “que establece las medidas necesarias para la participación de personas con legítimo interés en las investigaciones”, sin afectar los derechos al acceso a la justicia, verdad y transparencia del proceso. Asimismo, pidió a las organizaciones de la sociedad y a las autoridades responsables de la investigación a privilegiar el derecho a la verdad y a la justicia, que implica “respetar las áreas de procesamiento para no poner en riesgo el resultado de las actividades ministeriales y de búsqueda” y se puedan ofrecer como prueba cuando se judicialice la carpeta de investigación ante las autoridades respectivas y se facilite el establecimiento de mecanismos para dar acceso a los familiares de personas desaparecidas a las respectivas investigaciones ministeriales. “Es fundamental que se establezca la plena transparencia en la información pública sobre el caso, y también mantener un registro que contenga tanto la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia como en la totalidad de los hallazgos encontrados en el predio. “Lo importante es fomentar acciones coordinadas; la mejor manera de enfrentar y resolver hechos tan graves como el que lamentablemente nos ocupa es garantizando su esclarecimiento pleno, con el deslinde de responsabilidades, para evitar su repetición”, concluyó. Nota tomada de: Infobae